“En la medida en que las condiciones fiscales y macroeconómicas lo vayan permitiendo, se fortalecerá el sistema científico tecnológico; de forma responsable, coordinada, y priorizando áreas estratégicas.” Así respondió la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a fines de agosto, al requerimiento de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu, del bloque Unión por la Patria.

La legisladora había preguntado: “¿Qué modelo de país propone el Gobierno si decide abandonar el financiamiento de la ciencia pública, desestimando áreas estratégicas como salud, energía, ambiente, defensa y tecnología?”.

Para que no quedaran dudas, la Secretaría (rango al que fue degradado el que fuera Ministerio de Ciencia y Tecnología hasta fines de 2023) aclaró que “este Gobierno no va a financiar estructuras ineficaces ni proyectos alejados de las necesidades del país”.

La respuesta oficial minimizó la importancia de la generación soberana de productos y servicios basados en el conocimiento con impacto favorable en áreas sociales y productivas.

Al contrario, dejó en claro que la política en materia de ciencia y tecnología está alineada con el apretón fiscal generalizado, medio erigido como supuesto pilar antiinflacionario. Lo inocultable de esa decisión es el alto costo que la economía paga al pasar la motosierra por áreas tan dinámicas como estratégicas.

Según el criterio gubernamental, si se quitaron recursos a jubilados/as y pensionados/as, se paralizaron obras de infraestructura esenciales y se escamotearon recursos de las provincias, ¿por qué no saquear las cajas que sostienen el sistema de ciencia y tecnología?

El presupuesto de un área a la que se considera tan costosa y de resultados inciertos, ¿debería quedar incólume, cuando se llegó al extremo de manotear las partidas para el cuidado de personas discapacitadas y se intentó recortar sustancialmente la atención pediátrica del Hospital Garrahan?

Dado que la lógica oficialista descree de la ciencia y la tecnología generadas localmente como motor de desarrollo, de progreso del país y de bienestar colectivo, se opta por retacear recursos y, entre otras consecuencias, limitar las oportunidades de formación de nuevas generaciones de científicos.

En la misma dirección es esperable que el aprovechamiento, por parte de grandes grupos empresariales, del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) anule todo incentivo al desarrollo tecnológico y productivo de base local.

Cambios

Un giro en esta materia podría partir del proyecto de ley de declaración de la Emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La iniciativa, que propone modificar el rumbo e incrementar fondos al sector, cuenta con dictamen de mayoría desde agosto.

Daniel Gollán, ex ministro de Salud y hoy titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara baja, destacó la situación “crítica” del área: “Este año deberíamos tener un 0,45 por ciento del PBI, según la ley 27.614 (para financiamiento de ciencia y tecnología), y vamos a cerrar el año con un número inferior a 0,16 por ciento”, precisó.

Gollán resaltó que “el sistema científico tecnológico nacional no solo genera conocimiento, también lo transfiere al sector productivo, especialmente a las pymes que no cuentan con capacidad propia, para que estas puedan agregar valor a sus productos”.

La inversión en ciencia –calcularon a su vez los analistas locales del grupo EPC (Economía, Política, Ciencia)– cayó en forma abrupta desde el inicio de la gestión libertaria, al igual que las partidas para bienes de capital del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo alertó el colectivo de especialistas, “profundiza el panorama de ajuste” para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, al estipular un crédito inicial para la Función Ciencia y Técnica el año próximo de 1,57 billones de pesos.

“Esto implica un retroceso del 7,2 por ciento en términos reales para el conjunto de organismos y programas de la Administración Pública Nacional, que se agrega a la caída del 30,2 por ciento en 2024 y del 23 en el corriente año”, puntualizó el análisis sectorial. En detalle:

• La función CyT cae un 50,1 por ciento en tres años en términos reales, pasando de representar el 0,15 por ciento del PBI en 2025 al 0,14 en 2026, un mínimo histórico absoluto. Para este año la Ley de Financiamiento del SNCTI, que el proyecto deroga en lo sustancial, estipulaba un financiamiento global del 0,52 por ciento.
• Con excepción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el resto de los organismos reducirá su crédito real el año próximo: Conae (-34,6%), INTI (-17,9%) y CNEA (-14,1%) encabezan las bajas, mientras el Conicet declina un 6,2 por ciento.
• Este último organismo habrá perdido en tres años un tercio de su presupuesto. En 2026 el Servicio Meteorológico, el INTA y CNEA contarán con la mitad de los recursos que tuvieron en 2023, mientras el deterioro del INTI y Conae rondará el 60 por ciento.

Entre los casos de organismos del sistema científico tecnológico que presentan caídas significativas en la ejecución de sus partidas presupuestarias sobresale la situación de la Agencia I+D+i (de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación).

El organismo estatal encargado de organizar y administrar los instrumentos para promover y financiar el desarrollo científico, tecnológico y de la innovación exhibe una baja de recursos de 59,2 por ciento frente al año pasado y de 87,4 versus 2023.

Del mismo modo sufren recortes el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (-38,0%); la CNEA, Comisión Nacional de Energía Atómica (-25,0%); y el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (-19,6%).

La propia Secretaría presenta este año un incremento nominal de casi 55 por ciento contra 2024, aunque cae un 86,5 por ciento real contra 2023.

Se verifica a la vez un creciente atraso en el poder adquisitivo de los sueldos del sector, que continúan perdiendo terreno contra la inflación.

El retroceso, desde el último mes de la gestión anterior (es decir, noviembre de 2023) va de 26,7 a 35,7 por ciento, según el organismo que se analice.

El crédito vigente para la inversión en bienes de capital, en tanto, cae un 65,4 por ciento en términos reales contra dos años atrás.

Se desploma también la ejecución en bienes de uso (-68,8%), insumos (-70,7%) y transferencias (-83,6%), cuando se la mide contra el acumulado hasta agosto de 2023.

Desde luego, el ajuste continúa impactando de manera muy desigual en las provincias. Formosa (-61,2%), Neuquén (-60,9%) y La Rioja (-60,6%) están entre las más perjudicadas contra 2023, en lo que respecta a partidas nacionales de apoyo a áreas científico-tecnológicas.

El análisis del grupo EPC advierte que en diez distritos del interior el derrumbe del crédito vigente supera el 50 por ciento real en dos años y agudiza la concentración de las inversiones en ciencia y tecnología. Un ejemplo: CABA recibe 22 veces más fondos que Santiago del Estero.

Vale aclarar que los recursos destinados a llevar adelante la política de ciencia y tecnología se enmarcan en un contexto en el que el Presupuesto de la Administración Pública Nacional desciende 41,3 puntos reales desde 2015.

Subsalarios

Otra vía del cientificidio en curso es el desaliento al personal especializado del sector, a través de una permanente baja de sus remuneraciones.

La política dispuesta por la Casa Rosada afecta a los trabajadores CIC-CPA del Conicet. Esto es, los integrantes de las carreras de Investigador Científico y Tecnológico (los profesionales dedicados a la investigación original y creación de conocimiento), y de Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (técnicos capacitados que brindan soporte a la investigación en diversas áreas).

La tijera libertaria también recortó montos de las becas que otorga el Consejo, ingresos de los empleados del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y salarios de los docentes e investigadores en universidades nacionales.

En el acumulado de 21 meses los salarios CIC-CPA y las becas de Conicet llevan perdidos 35,8 puntos y las remuneraciones en universidades se retrajeron un 29,1 por ciento.

Los salarios del Sinep, por su parte, cayeron un 26,8 por ciento en términos reales (55,6% si se mide desde diciembre de 2015) y ya ni siquiera se ubican por encima de la línea de pobreza, sintetizó el grupo EPC.

Desde el comienzo de la gestión Milei la masa salarial del SNCTI en la Función CyT se redujo sustancialmente, al punto de perder 650.636 millones de pesos a valores de 2025.

De ese total, la pérdida durante 2024 ascendió a 209.888 millones de pesos, en tanto el deterioro alcanza, en la proyección de 2025, a 440.748 millones de pesos.

Desafíos

Revertir la drástica desinversión en el sector no será el único reto, si se logra finalmente el consenso político para una etapa poslibertaria.

Habrá que corregir además disposiciones recientes, como el decreto 447/25, que impuso cambios en la conducción de la Agencia I+D+i. Su directorio –antes conformado por un presidente y diez vocales con carácter ad honorem– fue reemplazado por un comité integrado por un titular y dos directores designados por el Ejecutivo, con lo cual se centralizaron las decisiones estratégicas.

Junto a la sustitución del régimen de gobierno, que eliminó criterios de pluralidad, representación federal, paridad de género y participación de la comunidad científica, se incorporaron nuevos criterios de evaluación de proyectos, orientados exclusivamente por parámetros económicos.

Al habilitar la prestación de servicios onerosos e imponer la exigencia de rentabilidad inmediata, se produjo en la Agencia un corrimiento desde el rol de promoción pública hacia una lógica de mercado.

Esa reorientación, advirtieron legisladores, desconoce el carácter de largo plazo de la ciencia básica, y pone en riesgo el financiamiento de proyectos estratégicos que ya han consumido importantes recursos públicos e internacionales.

El panorama actual es de suspensión de todas las líneas de financiamiento de la Agencia (Fontar, Fonarsec, FonCyT), vaciamiento de su estructura y desaparición de programas emblemáticos como Construir Ciencia y Equipar Ciencia.

Todo lo cual, advirtió la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), redujo en más del 90 por ciento su respaldo a empresas de todos los ramos, particularmente pymes.

Concretamente, la reforma afecta en forma directa a más de cinco mil proyectos y al trabajo de aproximadamente 25 mil investigadores, muchos de ellos en etapas críticas de sus proyectos.

Vale recordar que la Agencia presentaba un cuadro de parálisis desde principios de 2024, primero por la falta de designación de su presidencia y luego por la renuncia de todo el directorio.

“Estamos perdiendo una generación de científicos y asistimos en consecuencia a la desaparición de numerosos grupos de investigación a lo largo y ancho del país”, advirtió la Raicyt.

En el mismo tono, los directores de Centros Científicos-Tecnológicos del Conicet alertaron sobre el eventual “retroceso histórico” previsto en el proyecto de Presupuesto 2026, cuyo artículo 30 propone derogar aspectos centrales de la Ley 27.614.

Como en otros aspectos, el gobierno libertario contradice la tendencia global, que reconoce a la ciencia como “la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio”.

“Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales con los que construir un futuro sostenible”, definió la Unesco (agencia de la ONU que promueve la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación), al recordar que el próximo 10 de noviembre se celebrará, como cada año, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

Para entonces, dos semanas después de las elecciones de medio término en la Argentina, se sabrá si el país va a profundizar la marcha a contramano de su tradición y de sus propias urgencias, y en favor de los meganegocios de grupos locales y foráneos. O bien, si emprende la dirección contraria como apuesta a un desarrollo soberano en busca de mayor equidad en los terrenos económicos y sociales.