Hay crímenes que condensan una suma de injusticias que trascienden el acto criminal en sí mismo y se vuelven emblemáticos. El brutal asesinato de María Soledad Morales entre el 8 y el 9 de septiembre de 1990 es uno de esos. Como todo homicidio, mostró la cara más sádica de la condición humana, pero también una suma de injusticias sociales y culturales que incluían la impunidad de la que se sentían portadores “los hijos del poder”. Fue un asesinato que no solo se resolvió en los tribunales. Disparó una crisis política que implicó un cambio de régimen en la provincia de Catamarca.

El abogado Gustavo Taranto fue protagonista y testigo privilegiado de ese momento. Fue el fiscal del juicio oral que terminó condenando a los autores: Guillermo Luque, el autor material, y Luis Tula, partícipe necesario.

–¿Qué es lo que más recuerda de aquellos momentos?

–No fue el mayor juicio de la historia del país porque ese lugar lo ocupa el Juicio a las Juntas militares de la última dictadura. Lo que sí puedo afirmar es que desde el punto de vista social fue muy significativo. Hasta ese momento nunca había habido marchas del silencio. Fue algo inédito. A los tres días de aparecer el cuerpo de María Soledad (en septiembre de 1990) empezaron esas marchas. Chicas de un colegio de monjas, sin organización gremial, sin centro de estudiantes, comenzaron a movilizarse. Y a las pocas semanas ya eran 30 mil personas en Catamarca marchando. Fue una forma de manifestación social que luego se repitió frente a otros delitos. La sociedad incorporó que para lograr que la justicia funcione hay que movilizarse.

–¿Cuál era la situación política en Catamarca cuando ocurrió el crimen?

–Esto comienza bajo la gestión del gobernador Ramón Saadi. Trascendió el interés local por cómo apareció María Soledad, por la brutalidad del hecho. El día que apareció el cuerpo había rumores en sectores sociales de la provincia que ya sabían quiénes habían sido los autores. Había gente que comentaba en sectores acomodados que “al hijo de la Beba se le había muerto una chinita”. (N. de la R.: Beba era Edith Pretti, esposa del entonces diputado nacional del PJ por Catamarca Ángel Luque y madre de Guillermo). Todos estos rumores en una provincia chica despertaron indignación y fueron escalando las marchas. A cinco semanas del crimen hubo una marcha que organizó el gobierno provincial. Movieron el aparato y no juntaron más de 2 mil personas. Una semana después, pidiendo justicia y sin aparato, se reunieron 30 mil personas en silencio.

–¿Cómo actuó al principio el Poder Judicial provincial?

–Hubo una cadena de encubrimiento desde el principio. La policía decidió lavar el cuerpo antes de que llegara a la morgue. En la primera pericia ocurrieron dos cosas: le habían cortado las uñas a María Soledad, cuando ella las usaba largas, y Luque se había hecho arañar la cara. El sector de bioquímica tomó muestras de semen y las guardó sin las condiciones necesarias. Después no fue posible tomar el ADN. Toda la investigación tenía estos rasgos de encubrimiento.

–¿Hay un momento en el que interviene el gobierno nacional?

–Exacto. Ante ese impacto social, el entonces presidente Carlos Menem mandó primero un tribunal investigador para colaborar. Finalmente había más señales de encubrimiento que otra cosa. Luego envío al excomisario Luis Patti, que había sido condenado por crímenes de lesa humanidad. Fue un desastre la supuesta colaboración del gobierno nacional. O directamente una maniobra para encubrir. Cuando todo esto repercute en Buenos Aires se ordena la intervención asume Luis Adolfo Prol, que era cordobés. Él llevó a una serie de jueces cordobeses para intervenir el Poder Judicial. Se activa la investigación y detienen a Luque y Tula. Luego hubo elecciones y ganó el Frente Cívico, integrado en su mayoría por peronistas opositores a Saadi. El juicio empezó casi seis años después del crimen.

–¿Cómo era el clima en el sistema político catamarqueño?

–Yo llegué cuando ya gobernaba el Frente Cívico. A mí nunca me hablaron para direccionarme en ningún sentido. Con la acusación que llegó la causa, cualquier condena se hubiera dado por cumplida al finalizar el juicio. Porque la acusación con la que empezamos fue un homicidio atenuado. Era como si hubieran querido pegarle y el asesinato hubiera sido sin intención. Era absurdo. El hecho real es que se trataba de una violación y que le habían introducido cocaína en el cuerpo y eso fue lo que le produjo la muerte. Era una violación seguida de muerte, agravada por el uso de estupefacientes. Yo, cuando finalmente hice las conclusiones, además de pedir la condena para los autores pedí que se investigara por encubrimiento a varias personas, incluyendo a Saadi, al jefe de la policía y otros funcionarios.

–¿Los testigos iban con miedo a declarar al juicio?

–Era una sociedad en la que una porción muy grande de la población trabajaba en el sector público. Y eso lógicamente generaba temores por posibles represalias. En el momento del crimen, el poder provincial se sentía impune. Había una práctica cultural de que las mujeres tenían que aceptar tener sexo con tipos con poder por distintos favores. Eran abusos que se cometían sobre todo con los sectores populares. María Soledad venía de una familia pobre, pero estaba becada en un colegio confesional al que asistía la clase media. Esto hizo que la clase media se movilizara cuando ocurrió el crimen. Eran personas a las que no les había pasado algo así de manera tan cercana.

–¿De qué modo describiría el rol de la monja Martha Pelloni?

–Ella era la directora del colegio al que iba María Soledad. A los pocos días de que hubiera aparecido el cadáver, las compañeras hablaron con ella para marchar. Pelloni les puso dos condiciones: que pidan permiso a los padres y que no hicieran desmanes. Así nacieron las Marchas del Silencio. Después Pelloni terminó encabezando las marchas.

–Tula y Luque fueron condenados, pero estuvieron poco tiempo en la cárcel…

–Catamarca en ese momento no había adherido al régimen penitenciario nacional y en su sistema eran posibles las salidas laborales al cumplirse un tercio de la condena. A Tula le dieron 10 años de prisión y llevaba dos años preso cuando terminó el juicio, así que al año tuvo salidas laborales. A Luque (el autor material) le dieron 21 años. En el momento de la sentencia había cumplido dos, así que le quedaban cinco para tener las salidas. Eso fue lo que ocurrió. Hoy los dos están en libertad.