No solo “inocentes fiscales” serán bienvenidos al nuevo blanqueo de capitales que propone el gobierno. Es previsible que se filtren además poseedores de grandes riquezas acumuladas en buena parte a partir de sus habituales prácticas de evasión y elusión de impuestos.

La lista de afortunados, si el Congreso aprueba el proyecto libertario, incluirá a fugadores contumaces de divisas. Entre ellos, exportadores de la industria y el sector agropecuario, bancos y centenares de clientes de casas de bolsa.

Las premuras de la Casa Rosada en materia de reservas monetarias podrían ser de provecho asimismo para quienes operan en distintas áreas de la criminalidad económica (contrabandistas, narcotraficantes, delincuentes financieros).

Algunos de estos últimos ya gozan de la reciente morigeración de sanciones previstas para lavadores de activos.

El primer “perdón” a incumplidores de obligaciones tributarias desplegado durante la actual administración captó a fines de 2024 más de 20.000 millones de dólares que 330 mil agentes habían ocultado en paraísos fiscales y cajas fuertes, y permitió registrar 14.810 inmuebles, de los cuales 550 están en el exterior.

Ahora, para atraer otro importante volumen de recursos se flexibilizaron controles que fueron creados para evitar el eventual ingreso de fondos provenientes del lavado de dinero originado en actos delictivos, como el narcotráfico, la trata de personas, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las nuevas facilidades para ingresar “dinero sucio” a la economía argentina, lejos de favorecer la formalidad y un desarrollo económico genuino y equilibrado, premiará a actores difícilmente catalogables como “inocentes”.

Tal escenario, advierten expertos, agudizará la competencia desleal en desmedro de millares de pequeñas y medianas empresas que operan en cada mercado, encuadradas en las normas vigentes y cumplidoras puntuales de sus obligaciones fiscales.

Multas baratas

A medida que se acercan las próximas elecciones, las prioridades de política económica se ven condicionadas por las urgencias de caja y la necesidad de incrementar las reservas del Banco Central para cumplir compromisos con el FMI.

En ese contexto, a mediados de abril el presidente Javier Milei firmó el decreto 274/25, que introdujo cambios significativos en el diseño de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir y combatir el lavado de activos. Entre esas modificaciones se suavizó el sistema sancionatorio de las prácticas ilícitas.

El artículo 4° del decreto en particular facultó a la UIF a reducir multas previstas para los infractores, por debajo del mínimo (equivalente al valor de los bienes u operaciones) en ciertos casos.

El beneficio se aplicará “si el monto de la sanción no cumple con criterios de eficacia y proporcionalidad, considerando la gravedad del incumplimiento, el tamaño organizacional, antecedentes, volumen de negocios y reincidencia”.

Así lo evaluó un análisis realizado en forma conjunta por dos entidades locales especializadas y de larga trayectoria. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

Según se advirtió en esa evaluación, la flexibilidad dispuesta por el gobierno “debilita el régimen sancionatorio” al permitir penas percibidas como “insignificantes”, lo cual reduce la disuasión a los infractores y alienta el incumplimiento de las normas.

Además, “la discrecionalidad de la UIF introduce riesgos de arbitrariedad y falta de uniformidad, erosionando la confianza en el sistema y contraviniendo los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que exigen sanciones efectivas”, advierte el análisis de Inecip-Cipce.

El decreto 274 establece asimismo un mecanismo de suspensión del sumario administrativo a prueba y permite que los sujetos obligados eviten sanciones mediante el cumplimiento de obligaciones dinerarias o no dinerarias que reparen el daño causado.

“Aunque este mecanismo puede incentivar mejoras en la detección temprana, es contradictorio, ya que las sanciones regulatorias son formales y no requieren un daño reparable”, consideraron los analistas de la reforma.

Alertaron luego sobre una eventual “aplicación laxa” del dispositivo, que “podría relajar el cumplimiento”, si bien las obligaciones no dinerarias podrían generar información útil para investigaciones penales, siempre que se implementan con rigor.

Querellas

El decreto 274 eliminó también la facultad  de la UIF de actuar como querellante, establecida desde 2008. El gobierno de aquel entonces entendió que, para compensar las ineficiencias del Ministerio Público Fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional debía tomar intervención en las actuaciones judiciales en las que se investigaran hechos de gravedad para la estabilidad de los sistemas democráticos, el desarrollo de sus economías y la libertad de los ciudadanos.

Sin la facultad de querellar, la UIF podría centrarse en análisis estratégicos, evaluar patrones, regularidad y circuitos financieros ilícitos que generen insumos clave para las investigaciones penales lideradas por los equipos del Ministerio Público Fiscal.

La modificación, de todos modos, “no tendrá sentido” si los fiscales no reemplazan la lógica actual de la investigación por oficios y se lanzan de modo directo a la investigación por problemas criminales, advierten Cipce e Inecip.

Curiosamente, mientras se entreabren las puertas al regreso de capitales de particulares y compañías que eludieron su responsabilidad fiscal, el gobierno libertario construye una fachada “ética” mediante la reciente creación de una instancia paraoficial que aportará herramientas amigables para evitar actos corruptos,

Es el caso del Observatorio de Políticas de Integridad, lanzado en septiembre pasado y actualmente en vías de integración con representantes de 16 organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, consejos profesionales, entidades diplomáticas y universitarias.

El Observatorio actúa en el marco de la Oficina Anticorrupción con el fin de contribuir en el diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas sobre integridad (honestidad en la gestión económico-financiera) y transparencia.

A considerable distancia de criterios cuestionados por “populistas”, hoy suplantados con premisas de cuño neoliberal, los ejes estratégicos del nuevo foro son: las sugerencias de políticas a aplicar en los  sectores público y privado; la difusión y formación, y la articulación con provincias, municipios y otros organismos e instituciones.

Entre los integrantes del Observatorio figuran la Cámara de Comercio, la Argentino-Alemana y la Unión de Proveedores del Estado; las ONG (varias de ellas vinculadas con pares de Estados Unidos) Observatorio de la Contratación Pública, Asociación Argentina de Ética y Compliance, Poder Ciudadano y Directorio Legislativo, y las universidades privadas Austral y San Andrés.

Se busca integrar además a la Universidad de Buenos Aires, mientras ya aseguró un actor con expertise técnico y disposición a colaborar en este terreno, más allá de viejas disputas territoriales sobre islas en el Atlántico Sur: la embajada de Gran Bretaña en la Argentina.

A lo largo del primer semestre de este año se consensuó en el Observatorio la propuesta de confeccionar una Guía para la Elaboración de Programas de Integridad.

Algo así como un vademecum de buenas conductas y consejos a seguir en los negocios, ahora que rige la “Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”. Esto es, la idea de reducir y eliminar controles estatales, además de elevar los montos mínimos exigibles por las autoridades para que los contribuyentes le informen al fisco sobre consumos y transferencias de dinero.

En esa dirección de dar seguridad a los ahorristas va el proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, para que puedan disponer libremente de sus recursos “sin tener que demostrar de dónde los sacaron”, como sintetizó el diputado Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

“El objetivo es blindar al ciudadano de bien que preservó el ahorro de la maldita casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar el ahorro sin que lo persigan”, dijo el candidato libertario a la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

O sea, en el paraíso ultraliberal que se diseña día a día –y entre los tiburones de la economía y las finanzas– hay espacio también para el “inocente” y el “ciudadano de bien”, que, según el gobierno, fueron “forzados a infringir la ley” cuando solo buscaron resguardarse de un “sistema impositivo asfixiante”.

La realidad es que, más allá de segmentos de clase media que lograron juntar unos pocos billetes verdes en los últimos años, el plan oficial busca captar a otros agentes más sólidos.

Como punto de referencia, cuatro años atrás la ley de Aporte Solidario y Extraordinario (conocido como impuesto a la riqueza) recayó sobre algo menos de diez mil contribuyentes. De ese total, apenas 253 propietarios y dueños de grandes fortunas representaron la mitad de la recaudación total. Es en estos colchones donde todo indica que están los dólares que le faltan a Milei.