Señores, de pie.

El reloj marcaba las 15.25 del 22 de abril de 1985. El nerviosismo se percibía en todos los que se habían congregado en la sala de la planta baja del Palacio de Justicia de Talcahuano 550. Los seis jueces ya habían hecho su ingreso y se acomodaban en los enormes sillones de madera. León Carlos Arslanian, como presidente de la Cámara Federal porteña, declaró abierto el acto. En las semanas siguientes alternaría en la presidencia con sus colegas Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Jorge Torlasco, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz. Desde un costado los escuchaban el fiscal Julio César Strassera y su auxiliar, Luis Moreno Ocampo. Las defensas se amuchaban más abajo.

Por una disposición de la propia Cámara, los excomandantes de las Fuerzas Armadas pudieron ausentarse en el inicio del juicio. No estuvieron presentes ese día quienes hasta pocos meses atrás habían sido los señores de la vida y la muerte: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Omar Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo.

En la sala sí estaban los principales referentes de los organismos de derechos humanos. Hebe Pastor de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, tuvo que sacarse el pañuelo –emblema de su lucha– para participar de la audiencia. En las calles, una multitud pedía justicia.

El movimiento de derechos humanos reclamaba juicio y castigo a todos los culpables. Raúl Alfonsín, que había asumido el 10 de diciembre de 1983 haciéndose cargo en gran parte de esta agenda, creía que la búsqueda de verdad debía ser irrestricta pero el castigo limitado. Ya en campaña había diferenciado tres niveles de responsabilidad dentro de las fuerzas militares: los que dieron las órdenes, los que obedecieron y los que se excedieron.

Tres días después de asumir, Alfonsín firmó dos decretos: el 157 –ordenaba juzgar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras– y el 158 –disponía enjuiciar a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983. La cuarta Junta, la que entregó el gobierno, quedó por fuera del proceso de juzgamiento.

Alfonsín apostaba a la autodepuración de las fuerzas: que se juzgaran a sí mismas. Por eso, le comunicó el decreto 158 al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (Consufa). Mientras tanto, para fines de diciembre, se ponía en marcha la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), una comisión de verdad inédita en el mundo que debería averiguar qué había pasado con los desaparecidos y corroborar la existencia de centros clandestinos de detención.

Inicialmente, la Conadep solo contaba con seis meses para llevar adelante su tarea. El gobierno prorrogó su funcionamiento por tres meses más. El 20 de septiembre de 1984, el escritor Ernesto Sabato entregó a Alfonsín el informe final de la Conadep, que se publicó bajo el título Nunca Más. La entrega fue acompañada por una movilización de 70 mil personas que reclamaba “después de la verdad, ahora la justicia”.

Casi en paralelo, el Consufa informaba que no iba a poder llevar adelante el juicio a los excomandantes en el tiempo previsto y que antes de enjuiciarlos a ellos debía establecerse la responsabilidad de quienes habían sido secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. La Cámara Federal le ordenó que remitiera el expediente. Strassera pidió que fuera el tribunal civil el que se abocara a la causa, lo que había quedado habilitado tras la reforma del Código de Justicia Militar.

TESTIMONIOS DEL HORROR

El 4 de octubre de 1984, la Cámara Federal decidió asumir la responsabilidad de juzgar a los comandantes. A Strassera le tocaba una tarea ciclópea: reunir la prueba para condenar a los exintegrantes de las Juntas Militares. Para eso, fueron convocados quince jóvenes, que se ocuparon de revisar la documentación que había reunido la Conadep y de tomar testimonios a las víctimas de la dictadura. “La sociedad les creyó a Strassera y a los chicos”, dice Moreno Ocampo.

La fiscalía finalmente seleccionó 709 casos de víctimas del terrorismo de Estado. Se trabajó con la idea de casos emblemáticos que pudieran servir para probar el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio. La decisión fue que la primera sobreviviente en declarar fuera Adriana Calvo de Laborde, una profesora universitaria de Física que había sido secuestrada de su casa cuando cursaba un embarazo avanzado. Su tercera hija nació mientras Adriana viajaba maniatada en un patrullero que la llevaba de la comisaría 5a de La Plata al Pozo de Banfield. Recién cuando terminó de baldear el lugar, los represores le permitieron sostener en brazos a su bebita. Su relato enmudeció no solo a los jueces y a los fiscales sino también a los más aguerridos defensores.

Algo similar ocurrió cuando declaró Iris Pereyra de Avellaneda, que contó cómo había sido secuestrada con su hijo de quince años, Floreal “Negrito” Avellaneda, un militante de la Federación Juvenil Comunista (FJC). Los excamaristas recuerdan con horror cuando la escucharon relatar cómo se había enterado de que su hijo había aparecido muerto en las costas uruguayas con signos de haber sufrido las peores torturas.

Los testimonios concluyeron en agosto. La última en declarar fue Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, un trabajador del Hospital Alejandro Posadas que fue secuestrado y asesinado hacia finales de 1976. Por disposición de la Cámara y para no alterar más los ánimos de las Fuerzas Armadas, ninguno de los testimonios se escuchó en la televisión, solo se exhibió un resumen de tres minutos con imagen pero sin sonido.

Tras las declaraciones testimoniales llegaron los alegatos y palabras finales de los excomandantes. Strassera emocionó a propios y ajenos cuando pidió las condenas de los excomandantes. “Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘Nunca más’”.

Solo Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua. Viola recibió una pena de 17 años; Lambruschini, de ocho, y Agosti, de cuatro años y medio. Los demás acusados fueron absueltos. La Cámara dispuso, en su punto 30, que se continuara investigando a los otros responsables de las desapariciones. Sin embargo, todo se vio interrumpido por asonadas militares, leyes de amnistía e indultos. La Justicia tardó casi dos décadas, pero desde 2006 los tribunales han condenado a 1.197 personas por estos crímenes aberrantes.