En algún sentido, la experiencia de reducir el índice de inflación se parece bastante a comenzar un programa para adelgazar. Los primeros tiempos se baja más rápido y en forma consistente, tanto la inflación como los kilos, de modo que el proceso parece encaminado, pero la segunda etapa es la más dura y puede hacer naufragar todo el esfuerzo previo. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor de marzo marcó un inesperado 3,7 por ciento, que alteró los ánimos, tanto del Gobierno como de los empresarios y los ciudadanos de a pie. En ese contexto, algunas empresas comenzaron a tocar los precios en función del salto de la inflación y del dólar.  

Entre los rubros que más subieron, se destacan claramente educación (21,6%), alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%) y prendas de vestir y calzado (4,6%), todos rubros que golpean fuerte el bolsillo de las clases populares, por el porcentaje que se llevan del ingreso total. 

Además, el fin del régimen cambiario que venía desde 2019, basado en el cepo para la compraventa de divisas a los particulares –para las empresas el cepo tiene plena vigencia– y el crawling peg o deslizamiento gradual y controlado del tipo de cambio oficial, abrió la puerta a un régimen de flotación entre bandas –entre 1.000 y 1.400 pesos– que derivó en una devaluación del orden del 10 por ciento en las primeras ruedas. 

Aunque esto se fue morigerando con el correr de los días y se logró una baja del tipo de cambio oficial, y también del blue o informal y los tipos de cambio financieros (MEP y Contado con Liquidación), lo cierto es que la cultura empresarial argentina pudo más y comenzaron a llegar nuevas listas de precios con un ajuste, que casualmente coincidía con la magnitud del movimiento al alza del dólar. 

Traspaso a precios 

Aquí hay que recordar que en lo que va del gobierno de Javier Milei, el punto más bajo de la inflación se alcanzó en enero pasado con un 2,2 por ciento, y a partir de entonces se enlazaron dos meses de suba que encendieron las alarmas. 

Primero llegó a 2,4 por ciento en febrero, hilvanando cinco meses consecutivos con inflación en la zona del dos y pico por ciento. Finalmente, llegó el inesperado 3,7 por ciento de marzo, que no lo vio venir ninguno de los economistas que hacen seguimiento de precios en la plaza local. Es el dato más elevado desde agosto de 2024. 

Bajo esta premisa, lo primero que hay que decir es que en relación con la hoja de ruta que tenía trazada el Gobierno, falló el diagnóstico o tal vez la aplicación de la receta. O ambas cosas. 

El equipo económico venía “domando” la inflación a base de garrotazo y motosierra, aportando muy pocas “zanahorias”. La receta ortodoxa clásica fue y continúa siendo estricto control del gasto público siguiendo su objetivo de superávit fiscal primario (antes del pago de servicios de deuda) y financiero (considerando también los compromisos de deuda), sin emisión monetaria. Lejos de todo eufemismo, apeló a “secar la plaza” de billetes. 

A esto sumó el crawling peg, que arrancó en 2 por ciento mensual en diciembre de 2023, cuando la inflación dio 25,5 por ciento, y siguió así hasta enero de este año con una inflación que en ese tiempo logró bajar al 2,2 por ciento, alineando la devaluación gradual con la meta de inflación. 

Entonces el Gobierno se sintió ganador y decidió bajar del 2 al 1 por ciento mensual el crawling peg a partir del 1° de febrero, para forzar un quiebre de la zona del 2 por ciento en el índice inflacionario.  

Nada de eso pasó y, de hecho, se revirtió el proceso: se llegó al mencionado 3,7 por ciento de marzo, que según la mayoría de los analistas se acelerará aún más en abril con un piso del 4 por ciento, que incluso podría llegar a 5, según algunas estimaciones privadas. 

Atraso cambiario 

Un aspecto que el Gobierno desestimó al desoír las advertencias de numerosos economistas profesionales, a quienes el Presidente casi a diario tilda de “mandriles” y “econochantas”, fue el atraso cambiario que se venía acumulando, del orden del 20 por ciento o más, y que tornaba cara a la Argentina en el rubro que se analizara. 

En este punto, el crawling peg del 1 por ciento y la inflación de casi 4 hacían inviable la estrategia. El incentivo a importar por el atraso cambiario, y las crecientes dificultades para exportar por la pérdida de competitividad, sumada a la incertidumbre por el demorado acuerdo con el FMI, llevaron al Banco Central a registrar niveles elevados e insostenibles de venta de dólares hacia mediados de abril. 

Hay que aclarar que el dinamismo de las importaciones no necesariamente es una mala señal. Según datos oficiales, en marzo solo el 14,5 por ciento de las importaciones fueron bienes de consumo y 6,5 por ciento fueron vehículos automotores de pasajeros. 

El resto, casi 80 por ciento del total, fueron mayormente importaciones vinculadas a la producción, desglosando bienes de capital (19,6%), bienes intermedios (32,9%), combustibles y lubricantes (3,8%) y piezas y accesorios para bienes de capital (22,0%). 

El problema es que la estrategia hizo agua por falta de dólares. Por eso el Gobierno debió cerrar de urgencia y a las apuradas el acuerdo con el FMI.  

A favor del Ejecutivo hay que decir que logró que el organismo le otorgara 20 mil millones de dólares, más otros 3.500 millones de organismos internacionales, más la renovación del swap con China por 5 mil millones de dólares a doce meses. Y todo eso lo hizo casi en simultáneo, asegurándose “poder de fuego” para el caso de un remezón en la plaza cambiaria.  

Al cierre de esta edición, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que hace una semana se tomó un avión y vino a Buenos Aires para mantener reuniones con Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró en una reunión privada con inversores que Washington podría otorgar un crédito al país en caso de turbulencias financieras externas.  

Cómo sigue la película 

Lo que el Gobierno no logró explicar es por qué levantó el cepo de urgencia en abril, cuando su promesa era hacerlo en algún momento del año. De hecho, la mayoría de los analistas consideraba que lo más probable era que lo hiciera después de las elecciones, para no correr riesgos en la previa. 

Tampoco pudo explicar por qué abrió el cepo a las personas, con una inflación del 3,7 por ciento, cuando había anunciado varias veces que lo haría cuando la inflación llegara a cero, cosa que no ocurrió y está lejos de que ocurra.  

Y por qué levantó el cepo a los individuos, pero lo mantuvo para las empresas, que son las que producen y generan empleo. En este contexto, además, el propio Gobierno se ató las manos, instando al Banco Central a no intervenir dentro de la banda de flotación, lo que impide que acumule dólares en las reservas.  

Además, no queda claro por qué no fijó una banda cambiaria más acotada, tal vez de 100 o 200 pesos, y no 400, induciendo a los agroexportadores a liquidar, pero sin que se le vayan dólares por las cuentas de particulares en los bancos. La respuesta parece bastante obvia y es que todo esto se hizo con fines electorales. 

Lo cierto en que, en materia inflacionaria, la Argentina ahora vive un rebrote, porque la suba del dólar siempre va a precios. Algunos analistas estiman que el rebrote podría durar como mínimo dos meses.  

El hecho es que la inflación lleva intrínseca la incertidumbre propia de la Argentina en el tema precios, basada en una memoria colectiva según la cual cuando se sacan los controles o los diques de contención, los precios tienden a subir, a veces a raíz de subas de costos de insumos y otras para cubrirse o “por las dudas”.