“La transición energética en Chubut depende de decisiones estratégicas”, dice Federico Ponce, ministro de Hidrocarburos de la provincia de Chubut. En esta entrevista, Ponce analiza los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en su camino hacia un futuro más sostenible. Con una matriz energética que sigue dominada por la industria petrolera, Chubut apuesta por el desarrollo de energías renovables, especialmente la eólica, aprovechando su alto potencial en este sector. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada y el papel clave del Estado nacional para financiar proyectos estratégicos son temas centrales de la conversación. ¿Cómo puede Chubut superar las barreras económicas y estructurales para aprovechar su potencial renovable? ¿Qué rol juegan las inversiones extranjeras, y especialmente las de China, en este panorama? ¿Pueden las provincias patagónicas unirse para influir en las decisiones nacionales que definen el futuro energético de la región? 

–¿Cuál es la perspectiva del gobierno actual en materia energética y cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo para la provincia? 

–El plan energético de la provincia indica que aproximadamente un tercio de los ingresos está relacionado con la matriz energética, que tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, está la industria petrolera, que es la principal actividad económica de Chubut y, por otro, las energías renovables, que tienen un impacto mucho menor en términos de ingresos. 

–El agotamiento de los yacimientos petroleros es un tema recurrente. ¿Cuánto preocupa esta situación y qué estrategias se están tomando? 

–En cuanto a la industria hidrocarburífera, cabe destacar que en Chubut solo se produce petróleo convencional. Debido al agotamiento de los yacimientos, esta actividad lleva más de veinte años enfrentando una caída sostenida en la producción, algo que es muy difícil de revertir. Para amortiguar el impacto, estamos implementado medidas de alivio fiscal y promoción, buscando mantener la rentabilidad de los campos y prolongar su vida útil. 

–¿En qué consisten esas medidas y cuál es su verdadero impacto? 

–Se han tomado medidas de alivio fiscal y promoción. No solo hablamos de reducir regalías –que representan el 12 por ciento del producido–, sino del efecto derrame que genera la industria, que puede multiplicar por cuatro los ingresos directos. Incentivar la inversión ayuda a sostener la actividad y sus beneficios indirectos para la economía local. 

–¿Ese efecto derrame se traduce en beneficios tangibles para la población? 

–A veces, una reducción en las regalías puede incentivar la inversión y, como consecuencia, generar mayores ingresos por otros medios, incluso incrementando la producción total. Por eso, la estrategia se enfoca en consensuar medidas fiscales y de promoción con las empresas, el sector gremial y la parte laboral para que todos contribuyan al sostenimiento de esta industria clave. 

–Pasando a las energías renovables, Chubut tiene un enorme potencial en energía eólica. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos? 

–Contamos con 300 megavatios instalados y los mejores vientos del país y del mundo. Sin embargo, el gran obstáculo es la capacidad de transporte: las líneas actuales están saturadas, lo que impide despachar energía hacia los grandes centros de consumo, como Buenos Aires. 

–¿Qué se necesita para superar esta limitación y poder aprovechar todo ese potencial? 

–Se necesitan inversiones de entre 200 y 500 millones de dólares para ampliar la infraestructura de transmisión. Aunque tenemos la ingeniería lista, no hay financiamiento ni interés firme por parte de empresas. Antes, el Estado nacional realizaba estas obras, pero ahora se espera que los privados lideren. Estamos en un momento de transición entre dos modelos. En el modelo anterior, las tarifas estaban subsidiadas y el Estado asumía las inversiones. Ahora, con el aumento de tarifas, se busca que las empresas cuenten con ganancias suficientes para hacer estas inversiones. Sin embargo, hoy ni el Estado ni las empresas están avanzando en este sentido. 

–Desde la gestión, ¿qué papel creen que debería tener el Estado nacional en este proceso? 

–Creemos que el Estado nacional debería intervenir en obras estratégicas que beneficien al conjunto de empresas y ciudadanos o, al menos, establecer un marco normativo claro para que los privados puedan avanzar. Sin reglas claras ni tarifas adecuadas, es difícil que se materialicen las inversiones necesarias. 

–¿Qué rol juegan las inversiones extranjeras, especialmente las chinas, en el sector eólico? 

–En Chubut hay proyectos realizados por empresas de capitales chinos, aunque la mayoría son empresas nacionales, como Aluar y PAE. Sin embargo, China está ganando protagonismo en el mercado de equipos eólicos. Por ejemplo, el nuevo parque que construirá Aluar usará turbinas Goldwind, que son de tecnología china. 

–¿Qué incentivos ofrece la provincia para atraer más inversiones en renovables? 

–En este caso, el principal apoyo proviene de la adhesión al régimen de fomento de energías renovables. Esto establece un esquema impositivo favorable con menores impuestos y elimina el cobro de ingresos brutos para los parques eólicos. Sin embargo, esto también significa que las provincias no perciben ingresos brutos ni regalías. Por lo tanto, no hay mucho margen para ofrecer incentivos adicionales. Básicamente, las herramientas disponibles están limitadas. Sería necesario que el Estado nacional tome medidas más amplias para atraer inversiones. 

–Sería clave entonces una estrategia nacional para fomentar estas inversiones. 

–Sí, absolutamente. Un ejemplo sería prorrogar el régimen de fomento de energías renovables, ya que este está por finalizar. Es crucial extenderlo para mantener el atractivo de los proyectos en este sector. 

–¿Cómo se está pensando el desarrollo industrial en la Patagonia, considerando que las normativas actuales parecen más orientadas a proyectos extractivos? 

–El régimen actual está enfocado en infraestructura de transporte de hidrocarburos, como GNL, gasoductos y oleoductos, además de grandes proyectos mineros. Sin embargo, sería fundamental impulsar el desarrollo de hidrógeno verde, que tiene un gran potencial en la provincia, aunque no está contemplado en el marco actual. 

–¿Cuál es el principal obstáculo para desarrollar proyectos renovables a gran escala? 

–La infraestructura de transporte de energía es el cuello de botella. Sin capacidad para evacuar la electricidad generada, no se puede avanzar. Además, estas inversiones requieren montos significativos, que están fuera del alcance provincial. Estamos hablando de proyectos que demandan alrededor de mil millones de dólares. Para que tengas una idea, Chubut tiene una deuda de entre 600 y 700 millones de dólares. Es decir, proyectos de este tamaño requieren necesariamente apoyo del nivel nacional. 

–¿La Unión Patagónica podría jugar algún rol en ese sentido?¿Podrían las provincias unirse para negociar mejores condiciones con el gobierno nacional? 

–Sí, es posible. Las provincias patagónicas tienen una herramienta importante: la representación en el Senado. Cada provincia aporta tres senadores, y si sumamos todos los votos de la región, ese bloque puede ser decisivo en decisiones clave del Congreso. Esto les da poder de negociación, más que de presión, para obtener recursos e inversiones. 

–¿Existen políticas concretas de cooperación entre las provincias? 

–Hay un diálogo constante entre los gobernadores patagónicos, pero no existe un organismo con poder vinculante. Lo que sí vemos es la unión de las provincias para impulsar cambios normativos cuando surgen temas que las afectan a todas, como ocurrió con la Ley Bases en el sector hidrocarburífero. 

–Por último, ¿cómo afecta el rol de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) al mercado energético provincial? 

–Cammesa sigue siendo clave en la distribución de energía, pero el aumento de tarifas ha generado problemas financieros para las cooperativas y empresas provinciales. Esto crea deudas y conflictos legales que requieren una solución conjunta entre Nación y provincias. 

–¿Hay alguna solución en vista? 

–No hay una solución clara. Ni Cammesa, ni las provincias, ni las cooperativas tienen una salida definida. El aumento tarifario agrava el problema, y resolverlo requiere una estrategia conjunta y voluntad política.