Por estas horas, la Cámara de Diputados de la Nación está comenzando a debatir la privatización de Aerolíneas Argentinas, casi un emblema de la estrategia oficial de desarticular la presencia del Estado en varios sectores clave de la economía. 

La posible privatización de Aerolíneas Argentinas, que se da en el marco de un conflicto gremial con los pilotos, será acompañada, según la visión del Gobierno, por un avance en la política de cielos abiertos. Esto permite el ingreso de nuevos jugadores al mercado aerocomercial. Apunta a compañías low cost aunque no exclusivamente, en un remake de lo que ya hizo en 2016 el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, durante el gobierno Mauricio Macri. 

En el primer proyecto de Ley Bases, rechazado sin atenuantes en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, había un listado de 41 empresas públicas a ser privatizadas o abiertas en forma total o parcial al capital privado. 

Es una estrategia que ya se utilizó en los años de la convertibilidad y que, en varios casos, luego se volvió para atrás y se las reestatizó, como YPF en 2012, que supo estar en manos de la española Repsol, o la propia Aerolíneas, operada en los años 90 por la también española Iberia. 

Entre el primer proyecto de Ley Bases y fines de junio, cuando el Congreso finalmente dio sanción al proyecto de Ley Bases II, el listado de “privatizables” quedó reducido a ocho empresas: Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). 

La pulseada de legisladores de la oposición, gobernadores y gremios logró hacer “recular” al Gobierno, en esta estrategia de apertura que se parece mucho a una caja de Pandora, al menos en un país como la Argentina. 

En varios frentes a la vez 

Las privatizaciones son solo una parte de la apertura que propone el Gobierno, como un instrumento clave para la salida de la crisis y el crecimiento económico. Al menos, eso dice el discurso oficial. 

En primer lugar, hay que recordar que la apertura de la economía tiene varios enfoques posibles, que van desde el ingreso de capitales vía inversión extranjera directa (IED), hasta la firma de acuerdos comerciales, que por lo general reducen las barreras de acceso a nuevos mercados, llegando al arancel cero en muchos casos. 

Lejos de la ideología que emana de los poros de funcionarios del Gobierno en estos temas, arrancando por el propio Javier Milei y siguiendo por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), lo cierto es que los acuerdos de libre comercio contribuyen a abrir mercados de exportación. 

Hoy productos como el vino, la carne vacuna, el maní, los limones e innumerables productos de economías regionales son corridos literalmente de muchos mercados, donde entran productos similares en calidad de otros países, como los vinos chilenos, los limones uruguayos o la carne australiana o de Nueva Zelanda, por seguir con los ejemplos citados. 

La razón es simple. Entran con arancel cero y los bienes argentinos están obligados a pagar entre 5 y 20 por ciento de arancel de ingreso. Demasiado costo para una economía que, además, debe lidiar con el flagelo de la inflación que impacta en varios renglones de la estructura de costos. 

A nivel de comercio, la apertura ofrece la posibilidad de comerciar con más mercados y es un incentivo para exportadores que generan dólares. Pero claro, también tiene un lado B, porque nadie abre su mercado sin pedir algo a cambio. 

Acá están en la mira siempre los sectores sensibles, que sufren el embate de los importados, como textiles, juguetes, calzados y marroquinería. Incluso alimentos y bebidas, una industria que en la Argentina es muy fuerte pero que tiene sus inconvenientes para competir con los precios de productos que tal vez en origen tienen subsidios o incentivos en alguna etapa de la producción, como suele suceder en la Unión Europea, en Estados Unidos –el paradigma del mercado libre– y hasta en Brasil, el principal socio comercial de la Argentina. 

La lógica del cangrejo 

Según datos de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), en los últimos 35 años solo crecieron las exportaciones de bienes primarios, en cambio, los bienes industriales, incluidos los de origen agropecuario, atravesaron momentos de estancamiento por falta de competitividad. 

Bajo la amenaza de la primarización de las exportaciones, desde CERA ponen el foco en el costo argentino, que explica la pérdida de hasta 10 por ciento de las exportaciones en la última década. Frente a eso, la entidad que conduce Fernando Landa está pidiendo eliminar los derechos de exportación a todos los bienes industriales, porque afecta directamente a los productos con mayor valor agregado. 

En la misma línea, Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales, asegura que en lo que va del siglo, la Argentina registró un crecimiento de las exportaciones del 153 por ciento, muy por debajo del promedio de América latina y Caribe, que se ubicó en 306 por ciento. 

“Si la Argentina hubiese evolucionado simplemente como Latinoamérica y el Caribe en su conjunto (no aspirando en ese caso siquiera a acercase a la performance de los mejores) en 2023 habría exportado el doble que los 66.788 millones de dólares que logró, habría obtenido 66.480 millones de dólares más.” 

En un reciente informe, la consultora DNI, que dirige Elizondo, explicó por qué la Argentina necesita implementar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para atraer capitales del exterior. 

Tomando nuevamente datos de lo que va del siglo, el informe señala que la Argentina representaba en 2000 el 26 por ciento de toda la inversión extranjera directa, mientras que hoy captura solo el 4 por ciento. Pese a ello, en ese lapso casi duplicó el acervo de inversión extranjera directa: pasó de 79.504 millones de dólares a 130.302 millones. 

Pero en el mismo período otros países de la región crecieron mucho más, como Uruguay, que multiplicó por treinta su acervo de IED, Colombia lo multiplicó por 16, Perú lo hizo por once, Brasil por nueve y Chile y México lo quintuplicaron. 

“Los países más prósperos gozan de la participación en sus economías de abundante inversión extranjera, porque ello les facilita la formación de capital, agiliza el acople tecnológico internacional, mejora la calidad del empleo, incentiva el comercio exterior por la mejor participación en cadenas globales de valor y mejora la productividad sistémica, mientras activa la organización de redes locales en las que numerosas pymes se transforman en proveedoras o aun clientes de grandes compañías internacionales”, remarca el documento de la consultora DNI. 

Y agrega: “En la Argentina, en tránsito hoy hacia reformas de fondo, hay diversas condiciones pendientes para la recuperación en esta materia. Y una de ellas es recuperar la atractividad hacia la inversión internacional”.