El tono coloquial y distendido, una característica del habla de Juan Domingo Perón, aparecía hasta en momentos en que cualquier signo de relajación se suponía impensado. “Cada día me venden un atentado”, dijo Perón ante las cámaras de la televisión española a mediados de febrero de 1974. Días atrás, el superintendente de Seguridad Federal, Luis Alberto Margaride, había sorprendido con la revelación de un supuesto complot contra el jefe de Estado argentino y su par uruguayo, José María Bordaberry, quien estaba de visita para ratificar un acuerdo de límites en el Río de la Plata e impulsar la construcción de la represa de Salto Grande.

Famoso en la década anterior por su cruzada moralizadora en los hoteles alojamiento porteños y su obsesión por cortar el pelo largo de los jóvenes, Margaride había detallado que el plan tenía como víctimas iniciales a la vicepresidenta Isabel Perón y al ministro de Bienestar Social, José López Rega, durante los festejos por el centenario de la ciudad de Mar del Plata, entre el 9 y el 10 de febrero.

El comisario Margaride había destacado durante la dictadura de Onganía con su comando moralizador.

¿A quién había acusado Margaride del presunto atentado? Al dirigente del Peronismo de Base “17 de Octubre” Carlos Caride, uno de los jóvenes de la Resistencia, fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y detenido durante la dictadura de Juan Carlos Onganía por participar de las acciones guerrilleras en la localidad tucumana de Taco Ralo. Luego de salir en libertad tras la amnistía del 25 de mayo de 1973, Caride cumplió tareas durante la gestión del gobernador bonaerense Oscar Bidegain.

En la denuncia, Margaride había precisado que la Policía allanó el domicilio de Caride y encontró armas y explosivos. También había involucrado en el “Operativo Centenario” a los dirigentes del Peronismo de Base Julio Troxler y Envar El Kadri y a los senadores uruguayos Zelmar Michelini y Enrique Erro. En ese contexto, se sucedieron las detenciones de militantes de izquierda y allanamientos de locales partidarios y domicilios particulares. Entre ellos, fueron apresados Mario Firmenich y Roberto Quieto, miembros de la conducción de Montoneros.

A principios de enero, Caride, Troxler y El Kadri le habían anticipado a Perón que un informe de la SIDE los involucraba en un magnicidio. La revista Militancia, representante de ese sector del peronismo, reprodujo en su edición del 21 de febrero el texto de la SIDE y la carta destinada a Perón. En la misma publicación, dirigida por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, Margaride fue el personaje elegido para la sección “Cárcel del pueblo”.

Ortega Peña y Troxler fueron asesinados por la Triple A el 31 de julio y el 20 de septiembre de 1974, respectivamente. Caride murió por las balas de la Policía Bonaerense el 28 de mayo de 1976, a pocos meses de comenzada la dictadura. El Kadri y Duhalde salvaron sus vidas en el exilio.

Los fantasmas de la “infiltración”

En las mencionadas declaraciones a la televisión española, Perón minimizó el supuesto atentado contra su persona: “Ya estoy tan habituado a eso que no me produce la menor impresión”; “yo ni leo ni les llevo el apunte a esos asuntos”; “no creo que nadie se muera en la víspera”.

El Presidente aprovechó la oportunidad para mostrar una vez más su corrimiento hacia la derecha. Luego de la expulsión de los diputados de la JP, mantuvo varios encuentros con representantes juveniles para bajarles línea en pos del “trasvasamiento generacional”, la “pureza ideológica” y la “lealtad”. Las palabras “infiltración”, “depuración” y “desviación” eran corrientes en los discursos políticos y periodísticos.

“Si esos dirigentes son socialistas, como dicen algunos, tienen cinco partidos socialistas donde ubicarse. Si son comunistas, también tienen un partido comunista que aquí funciona dentro de la ley. Entonces, para qué nos van a estar molestando con luchas internas cuando ellos tienen su colocación natural en el partido comunista o socialista, si lo prefieren”, se molestaba Perón con los jóvenes rebeldes.

Y analizaba que eran “ideas foráneas”, nacidas en la “Cuarta Internacional”, las que habían alimentado a una guerrilla que actuaba aunque hubieran “desaparecido las causas que la justifica(ba)n”.

Mientras, el accionar parapolicial de la Triple A cobraba nuevas víctimas. A principios de aquel febrero fue secuestrado y asesinado el reportero gráfico Julio César Fumarola. Su cuerpo apareció acribillado, atado a un árbol en los bosques de la localidad bonaerense de Ezeiza (recomendación de lectura: La vida no es tan corta, novela de Ana María Mateu, ex esposa del fotógrafo). Al día siguiente, la periodista Ana Guzzetti, del diario El Mundo, vinculado al PRT-ERP, recibió un apriete del propio Perón –con causa judicial incluida– por preguntar en conferencia de prensa sobre los “atentados fascistas” cometidos por grupos parapoliciales con el visto bueno estatal.

Un paso más hacia el infierno

La atención ciudadana seguía las noticias sobre las inundaciones que afectaban a medio país, con más de sesenta muertos y miles de damnificados y evacuados; los acuerdos comerciales entre la Argentina y la Unión Soviética, Cuba y Rumania; la muerte de Alejandro Giovenco, dirigente de la agrupación de extrema derecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), a quien le estalló un bomba que transportaba; la victoria de Carlos Monzón, campeón internacional de los medianos, frente al mexicano José “Mantequilla” Nápoles, y la designación del plantel para el Mundial de Alemania.

La prensa divulgaba las embestidas de los sectores políticos y sindicales de la derecha peronista contra los gobernadores de Córdoba (Ricardo Obregón Cano), Mendoza (Alberto Martínez Baca), Santa Cruz (Jorge Cepernic), Salta (Miguel Ragone) y Jujuy (Carlos Snopek). Salvo esta última provincia, el resto fue intervenida por el Poder Ejecutivo, como el año anterior había sucedido con Formosa.

El 27 de febrero, a un mes de la caída de Bidegain tras el ataque al regimiento de Azul, una nueva destitución marcó el escenario público: el cordobés Obregón Cano sufrió un levantamiento encabezado por el exonerado jefe de la Policía provincial, teniente coronel Antonio Navarro, que acusaba al gobierno de “infiltración marxista”.

El Navarrazo, antesala del golpe de Estado de 1976, llevó a la cárcel al gobernador y su vice, Atilio López, y a casi un centenar de funcionarios y legisladores. El golpe se sostuvo por los policías sublevados, la derecha justicialista y los grupos civiles armados alentados por el ministro López Rega y el teniente coronel Jorge Osinde.

El golpe de la policía cordobesa contra el gobernador forzó la intervención de la provincia.

Días antes, Perón había enviado un mensaje contemporizador a un grupo de sindicalistas en el que instaba a no promover disputas entre los gobernadores y las 62 Organizaciones porque “si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera”. De paso, les recordaba que, según su criterio, Córdoba era “un foco de infección”. Aquellas “ideas foráneas” de las que hablaba en la televisión española se enlazaban con el gentilicio “los de afuera”.

En lugar de desautorizar el golpe de Navarro, Perón se decidió por la intervención de la provincia. El 12 de marzo, Duilio Brunello se hizo cargo del gobierno. El terreno quedaba allanado para que meses más tarde, tras la muerte del primer mandatario, Isabel nombrara interventor al brigadier Raúl Lacabanne, quien dio vía libre para el accionar de una rama local de la Triple A y la creación del Comando Libertadores de América.​

Pocos días después de la asunción de Labacanne, el 16 de septiembre de 1974, la Triple A secuestró y asesinó al ex vicegobernador López, dirigente de la UTA y uno de los líderes del Cordobazo.

El terrorismo de Estado desplegaba un mecanismo de horror que se multiplicaría a partir del 24 de marzo de 1976.