Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia, el 10 de diciembre de 1983, mientras la sociedad argentina dejaba atrás la oscura noche de la dictadura, con el saldo de 30.000 desparecidos, la derrota en la guerra de Malvinas y un aparato productivo destruido por la plata dulce y el “deme 2”, también quedó expuesta la abultada factura que significaba entonces la deuda externa.

Las juntas militares habían llevado el endeudamiento a más de 45.000 millones de dólares desde los 7.500 millones que habían “heredado” al tomar por asalto el poder el 24 de marzo de 1976.

Pero más allá del monto de la deuda, Alfonsín se encontró con un escenario local y regional muy complejo. La Reserva Federal de Estados Unidos, entonces a cargo de Paul Volcker, llevó los tipos de interés preferentes a 21,5 por ciento en marzo de 1981 para combatir la inflación. Esto multiplicó los intereses que debían pagar los países deudores, entre ellos la Argentina.

Ante la imposibilidad de pagar, el 20 de agosto de 1982, México declaró el default. A principios de 1983, la crisis ya se había derramado a toda la región. En ese contexto, a poco de asumir, Alfonsín declaró una moratoria de la deuda por 180 días, con el fin de renegociar los términos acordados y bajar las tasas.

En La patria financiera, Daniel Muchnik señala que al final de la dictadura el 70 por ciento de los casi 46.000 millones de dólares (de deuda externa) estaba en manos de bancos comerciales, el 11 por ciento con proveedores privados no bancarios, 9 en bonos y solo el resto estaba tomado con organismos de crédito multilateral.

A mediados de 1984, en el marco del Consenso de Cartagena, el ministro de Economía Bernardo Grinspun propuso crear un club de deudores para negociar en conjunto, pero la propuesta no prosperó. Incluso gatilló la formación del Comité de Bancos Acreedores de la Argentina (once en total), que tendrían a maltraer al gobierno en toda su gestión.

A todo esto, ya en 1982, el abogado Alejandro Olmos había presentado una demanda para investigar la deuda de la dictadura. La causa tuvo avances y retrocesos y en 2000 el juez Jorge Ballestero falló a favor de la demanda.

Como fuera, a esa altura la deuda de los militares “estaba metida” en otra bola de nieve de deuda, que había sido pagada parcialmente y renegociada en distintos momentos, a lo largo de los años.

EL PLAN BRADY

Con el lanzamiento del Plan Austral, en junio de 1985, la cuestión de la deuda volvió al primer plano. Pero la imposibilidad de pagar llevó al gobierno a cerrar un acuerdo stand-by con el FMI, que no pudo atender, y finalmente a una nueva moratoria en 1988, en la previa de la hiperinflación. Al dejar el poder Raúl Alfonsín, la deuda externa ascendía a 58.700 millones de dólares.

Con la llegada del menemismo, el gobierno retomó los pagos de la deuda y se intentó un arreglo de más largo plazo a través del Plan Brady, de 1993, en alusión al secretario de Tesoro de EE.UU., Nicholas Brady.

Participaron la Argentina, Brasil, México, Ecuador, Perú y Venezuela, y se buscó reducir la exposición del Tesoro de Estados Unidos, con el que estaban endeudados estos países.

El mecanismo fue una quita de capital e intereses, rescate de títulos con descuento y la emisión de nuevos bonos que cotizaban en el mercado, “atomizando” el riesgo en muchos acreedores. Todo esto tenía como marco de referencia el Consenso de Washington, que promovía políticas neoliberales y exigía, con anuencia del FMI, bancos acreedores y el propio gobierno de EE.UU. la aplicación de políticas de ajuste.

Durante la década larga de menemismo, con privatizaciones, crecimiento del desempleo y la quiebra de muchas pymes, la deuda externa ya sumaba 146.000 millones de dólares.

La crisis latente que dejaba el gobierno de Menem se profundizaría con la Alianza, que decidió mantener el 1 a 1 a costa de aplicar un duro ajuste en la economía, en especial en el gasto público.

A esa altura, el peso del FMI y sus recetas se transformaron en algo central, al punto de que la negativa a aprobar un desembolso de 1.264 millones de dólares en octubre de 2001 desembocó en una crisis financiera que llevó al corralito en diciembre, a la caída del gobierno y la implosión social posterior.

El gobierno de De la Rúa quedó marcado por dos momentos bisagra en materia de deuda. Por un lado, el blindaje financiero por 38.000 millones de dólares aprobado en diciembre de 2000, luego de la fuerte salida de depósitos de los bancos tras la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez en octubre de ese año.

Por otro, el megacanje, ya con Domingo Cavallo de vuelta en el Ministerio de Economía. Fue un canje de bonos por otros de más largo plazo y supuestamente menor tasa. En la práctica no fue así y los vencimientos de deuda se multiplicaron. El proceso fue objeto de una demanda judicial contra De la Rúa y David Mulford, un financista que había intervenido en la maniobra.

Tras el default decretado en diciembre de 2001 por el Congreso durante la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, el gobierno de Eduardo Duhalde siguió en cesación de pagos. Solo con la llegada de Néstor Kirchner al poder se daría una respuesta al tema, tanto con acreedores privados como con el FMI.

ENCAUZANDO EL BARCO

El canje de deuda de 2005, al que se sumó en 2006 el pago cash al Fondo de 9.600 millones de dólares para que “nunca más nos diga lo que tenemos que hacer”, según palabras del presidente Kirchner, marcaron un punto de inflexión.

El canje de 2005 supuso una quita promedio del 75 por ciento en la deuda, la emisión de nuevos bonos (Par y Discount), incluido el pago de un cupón si el PIB crecía por encima del 3,5 por ciento anual, que logró la aceptación de más del 76 por ciento de los acreedores. Además, en febrero de 2005, el Congreso sancionó una ley Cerrojo (26.017) por el que se cerraban nuevos reclamos poscanje.

El canje se reabrió con Cristina Fernández de Kirchner en 2010 para atender a los holdouts, acreedores privados y fondos buitre que no habían entrado, nuevamente con quita y cupón PIB. Según expertos, este fue el mayor proceso de desendeudamiento del mundo, con una reducción de hasta el 73 por ciento de la deuda en términos de PIB.

Lo que sigue es historia reciente. El gobierno de Mauricio Macri, ante el cierre de los mercados globales en 2018, tomó con el FMI una deuda de 57.000 millones de dólares –se desembolsaron 44.000 millones–, el mayor monto de la historia del organismo, a muy corto plazo, lo que generó una deuda impagable.

Al triunfar en las elecciones de 2019, Alberto Fernández decidió frenar los desembolsos pendientes del FMI. Tras duras negociaciones en marzo de 2022, se logró una renegociación con el FMI, en el marco de un programa de facilidades extendidas y metas fiscales y de reservas del BCRA, que aún está vigente.

En el medio, el entonces ministro de Economía Martín Guzmán dispuso otro canje de deuda con bonistas privados, cerrado en agosto de 2020, que logró reestructurar nada menos que 100.000 millones de dólares de deuda.

Con todo, el monto total de la deuda externa hoy supera los 400.000 millones de dólares, un peso muy importante para la democracia recuperada hace cuarenta años.