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Caras y Caretas

           

“Necesitamos jueces prestigiosos e idóneos, pero también independientes”

La legisladora Carolina Gaillard preside la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En diálogo con Caras y Caretas, analiza en qué estado se encuentra el proceso y en qué aspectos logró echar luz.

Carolina Gaillard es abogada, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación electa por Entre Ríos y preside la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En este sentido, forma parte de la Comisión de legisladores que quedó conformada luego de la iniciativa del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de llevar adelante una investigación contra cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

–¿Qué impulsó el llamado juicio político a la Corte Suprema?

–El juicio político a la Corte es motivado a partir de una filtración de chats entre el funcionario de máxima confianza del presidente de la Corte que es Silvio Robles con Marcelo D’Alessandro, ministro del jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. En esos chats, Robles le recomienda a D’Alessandro cómo proceder para favorecer al Gobierno de la Ciudad en la causa por coparticipación porteña en la recaudación tributaria nacional. Allí, la Corte se había expedido acerca de una cautelar de manera favorable a la ciudad de Buenos Aires y, a partir de los chats, empezó a ser cuestionado en su legitimidad. Entonces, el Presidente de la Nación impulsa una investigación y la Comisión se encuentra con otros pedidos de juicio político en contra de dos jueces de la Corte.

–¿En qué instancia se encuentra el juicio?

–En estos momentos la Comisión está en etapa de investigación: se analizaron los catorce pedidos e juicio político a la Corte, se realizó el informe de admisibilidad entendiendo que había sustento de las denuncias formuladas. Se analizaron las pruebas, los hechos denunciados y se procede a la etapa sumaria que es la etapa de la investigación que lleva a cabo la Comisión. Después de que termina esta etapa se realiza el dictamen de acusación o no. Se dividió la investigación en causas: primero, se investigó la causa del 2×1 o la complicidad de algunos jueces de la Corte con el gobierno de Macri para beneficiar a genocidas a partir del caso Muiño, más conocido como fallo 2×1, que conmutaba la pena a genocidas, la paralización de la Comisión interpoderes de la Corte y otras medidas que hubieran sido favorecedoras de los represores.

–¿Qué otras causas están priorizando?

–Hemos finalizado una etapa de la investigación por irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, es decir por administración poco clara de los fondos. Hay falta de estados contables o estados contables adulterados, un sistema informático obsoleto, entre otras cuestiones. El estatuto de la obra social indica que la Corte tiene el deber de velar, supervisar y controlar la obra social. Las pruebas permiten sospechar que no lo realizó durante el período 2008-2021. Por eso la Comisión entendió que había que formular los cargos y se le dio traslado al ministro Maqueda, que oficiaba como supervisor de la obra social, para que una vez que conteste se avance o no en la acusación a partir de los cargos formulados. Otra causa es sobre cómo la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley de Consejo de Magistratura, ordenó al Congreso hacer otra y en seis meses restableció una que había sido derogada, ejerciendo facultades que no son de su competencia sino del Legislativo.

–¿Qué repercusiones tiene la publicidad de estos hechos sobre la ciudadanía en relación con la imagen que puede tener de la Corte y con el sistema democrático en general?

–En primer lugar, como legisladores tenemos una responsabilidad y una facultad que nos da la Constitución, que establece que el juicio político es un recurso institucional para ejercer el control interpoderes y eso va en favor del sistema democrático. El Congreso ejerce el poder de controlar si los funcionarios se desempeñan bien o mal en el caso del Ejecutivo o de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, se está investigando si incurrieron o no en mal desempeño en la causa 2×1, si hubo complicidad del gobierno de Macri para garantizar impunidad o beneficio para represores, si hubo beneficio para funcionarios del Gobierno de la Ciudad en la causa coparticipación, si hubo irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación… Creo que es nuestra responsabilidad como legisladores llevar adelante este proceso y determinar si hubo o no mal desempeño por parte de los jueces de la Corte. En segundo lugar, es importante para la sociedad conocer y saber, por eso es necesario que las audiencias sean públicas, que el expediente esté a disposición de las partes denunciadas, que toda la prueba esté cargada en la página de la Cámara donde cada uno de los diputados pueda acceder de manera permanente. Desde el comienzo intentamos llevar a cabo un procedimiento con toda la objetividad y con toda la seriedad que requiere el caso porque es un tema de una gravedad institucional enorme donde no podemos mirar para otro lado porque son hechos graves los que fueron de conocimiento público y hay que determinar si hubo buen o mal desempeño de los jueces de la Corte. Necesitamos jueces prestigiosos e idóneos, pero también independientes, que se desempeñen bien para el cargo para el que fueron designados. Es importante para la ciudadanía conocer de cerca, escuchar los testimonios, que estos sean públicos y que también la prueba sea un proceso público donde la ciudadanía pueda tener acceso a lo que se debate, a lo que se discute y a cómo se cuestionó y lo que se cuestiona como mal desempeño.

–¿Cómo se recupera la confianza en y la legitimidad de la Corte después de estos hechos?

–Esto no es un juicio en contra de la Corte. Es un juicio en defensa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como institución. Es en contra de los jueces integrantes de la Corte que, al desempeñarse con manejos poco claros, se ponen a ellos mismos en tela de juicio. Para mejorar las instituciones de la democracia siempre es saludable que se cumpla con las leyes y en este caso con la Constitución. La Constitución ha previsto el instituto del juicio político para, dado el caso, apartar a cualquier juez o cualquier funcionario del Ejecutivo que actúe con mal desempeño o que cometa delito en ejercicio de sus funciones, con lo cual nosotros entendemos que es sumamente importante esta tarea investigativa que está llevando adelante la Comisión para poner luz sobre manejos, actitudes o conductas irregulares de algunos de los fallos de los jueces, y es eso lo que se está investigando.

Escrito por
Adrián Melo
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