Marisa Herrera es abogada y doctora en Derecho de la UBA. Además, es investigadora del Conicet especializada en temas vinculados al derecho de familia. En 2020 fue miembro del Consejo Consultivo que analizó la situación actual del Poder Judicial y elaboró, a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, un informe con recomendaciones para poder llevar adelante reformas en ese poder del Estado. En diálogo con Caras y Caretas, la abogada y académica analiza la situación actual de la Justicia, de la Corte Suprema, habla del lawfare en la Argentina y en la región, y critica al gobierno del presidente Alberto Fernández por no avanzar en reformas estructurales. “A 40 años de democracia, tenemos que darnos cuenta de que con este Poder Judicial es imposible tener una democracia plena”, expresa.

–¿Qué es el lawfare y cómo funciona en la región?

–Como investigador, uno siempre se tiene que preguntar: ¿existen las casualidades? En este caso en particular hay que preguntarse: ¿es casualidad que se utilice al Poder Judicial para limitar y perseguir a los líderes y proyectos populares? La vicepresidenta siempre dice: “No vienen contra mí, vienen por mis ideas y por lo que hice durante mi gobierno”, y es cierto. Lo mismo pasa con Lula en Brasil y con Rafael Correa en Ecuador. Hay una práctica sistemática. La democracia ha avanzado y los sectores de poder ya no tienen legitimadas las armas para lograr sus objetivos, pero usan al Poder Judicial como una herramienta clave de persecución. El punto está en que le fue muy fácil al Poder Judicial, que siempre fue conservador y que siempre vino de ciertos sectores sociales, hacerse carne de esta persecución porque le es afín a su ideología. Por eso no hablamos de casualidades.

–¿Qué herramientas tienen los movimientos nacionales y populares para combatir esos mecanismos?

–Nuestra Constitución tiene muchas limitaciones, pero a la vez es una herramienta clave. Si no, miremos cómo la sociedad se movilizó con su modificación en Jujuy. La Constitución es el pacto social más importante. La pregunta es: ¿con la Constitución actual los sectores populares tienen herramientas? Yo creo que estamos limitados porque tiene muchas falencias. Primero porque es del 94 y nos pasó un tsunami por encima desde entonces, y después porque hay un montón de silencios que son funcionales a un sistema capitalista que no contempla la justicia social.

–¿Hay posibilidades de modificar la Constitución?

–En un contexto como el de hoy, tan polarizado y crispado, es muy difícil. Personajes como Javier Milei demuestran la debacle que hay en la política. Es difícil pensar una reforma de la Constitución progresista en este contexto. En términos teóricos, pienso que esta Constitución tiene límites, pero en términos reales, no sé si daría el debate en este contexto. Para hacer una Constitución hay que tener una gran profundidad en la mirada, y hoy estamos con los 140 caracteres a flor de piel. El piso del debate está cada vez más atrás y hay que preguntarse por qué y qué estamos haciendo nosotros para cambiarlo.

–¿Qué diagnóstico hace del estado del Poder Judicial?

–Todo el mundo tiene un diagnóstico pésimo. Hay una Corte que tiene un procurador interino hace años; que a nivel regional es absolutamente chica y, además de eso, cuando se va un miembro no lo reemplazan porque no hay consenso político. Eso, entre otras cosas, muestra la decadencia. Es un sistema que es imposible que funcione, pero nadie está debatiendo cómo cambiarlo porque no hay un consenso mínimo y porque, en el fondo, a la política le termina cerrando el funcionamiento actual. Es muy difícil tocar el corazón del poder. Con una Corte conservadora siempre te guardás la espada de Damocles. No solo se amenaza con la persecución penal, con el lawfare, sino también amenaza todo lo que tiene que ver con mirada plural de derechos, porque la última palabra la tiene siempre una Corte que no vota el pueblo, que es cuasivitalicia y que no rinde cuentas.

–¿Cómo fue su experiencia en el Consejo Consultivo?

–Fue muy buena. Hicimos un documento de propuestas de 64 páginas. Ahí está lo grueso de lo que se debate hoy del diseño de política judicial: lo que tiene que ver con rendición de cuentas; que en los concursos se valoren otros perfiles; que la mayor complejidad que hay en la sociedad también esté dentro del Poder Judicial para que se oxigene; que alguien que estuvo quince años en una ONG haciendo trabajo territorial también tenga una puntuación tan importante como el que hizo una maestría en Yale. O en términos de género: si una mujer hizo el posgrado en siete años y un hombre en cuatro, pero ella tuvo dos hijos en el medio, tenga el mismo puntaje. Esas ideas están. La pregunta es quiénes las van a representar. El Poder Judicial son las personas que lo integran, y la Corte actual vive en un mundo paralelo lleno de privilegios.

–¿Por qué cree que este gobierno no pudo avanzar con una reforma?

–Creo que el Presidente de la Nación, que además es abogado y sabe perfectamente cómo funciona la Justicia, no tuvo ninguna intención de reformar ni modificar nada. Creo que ni siquiera leyó el informe que hicimos, y lo digo porque no puedo seguir replicando la lógica de hipocresía en la que se basó el derecho siempre. Lo digo porque, si no, termino siendo funcional. Lo que se trabó en el Congreso fue un proyecto de ley inviable. La verdadera reforma no estaba ahí porque la vida de la gente no pasa por Comodoro Py. Es parte, pero no era solo eso. Se tendría que haber dado un debate profundo y serio. Al comienzo de su gobierno, el Presidente tenía el 80 por ciento de imagen positiva y no lo hizo. El Judicial es el poder menos democrático, por lo cual, es el que más obligado estaba a dar el debate. Con el Consejo Consultivo, en tres meses hicimos un informe, se lo presentamos y él no propuso qué hacer con eso. No nos llamó después para hacer nada.

–¿La reforma del Poder Judicial es una deuda de la democracia?

–Es imposible creer en una Justicia en la que todos los sorteos te dan al mismo juez, donde llevan a un juicio político a la Corte y la única computadora en la historia que se inunda es la de Silvio Robles, asesor de Horacio Rosatti. ¿Todo es casualidad? Seamos serios. Si no nos damos cuenta de que estamos en el peor de los mundos, en un momento de una crisis estructural de la credibilidad del Poder Judicial, me parece que no entendimos nada. Porque hoy es CFK y mañana es cualquiera, pero siempre de los sectores populares, porque el poder fáctico tiene una alianza con el Poder Judicial que es estructural.