El local quedó en cenizas. Mateo vio el fuego llevarse el único sustento familiar: una pequeña sastrería ubicada sobre la Av. Boedo casi esquina Caseros, a unos metros de su casa sobre la Av. San Juan y a unas 50 cuadras de la Escuela Técnica N.° 30 “Norberto Piñero”, donde cursa tercer año.

Tras la tragedia, les propuso a sus padres abandonar los estudios y comenzar con alguna changa. La respuesta fue un contundente: “¡No! Vos tenés que seguir estudiando y terminar la secundaria”.

Cada día de los meses siguientes, Mateo abría la carpeta con la culpa de no poder ayudar a sus padres. Primero no tuvo para el viaje; no importa, fue caminando. Después faltaron las hojas y los libros; no importa, sus compañeros le daban de vez en cuando. Por último, ya no podía acceder a elementos básicos para la cursada diaria y finalmente abandonó.

Más allá de apreciaciones personales, hay que dejar en claro que una cosa es la educación pública y gratuita y otra es tener acceso a esa educación.

Hace unos 50 años, la historia de Mateo se reflejaba en miles de pibas y pibes que no podían acceder a la educación pública por no contar con recursos básicos y elementales. Para llegar a conquistar el boleto estudiantil y otros derechos en el sector acaecieron varias luchas.

La historia es conocida. Tras muchos años de marchas y reclamos, la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la ciudad de La Plata, junto a otras agrupaciones estudiantiles, había reclamado en 1975 ante la cartera de Obras Públicas el otorgamiento del boleto con descuento estudiantil. El objetivo se concretó y marcaría el camino a su expansión.

En septiembre de 1976, a unos meses de iniciada la época más nefasta de nuestro país, la dictadura suspendió el boleto secundario. Las calles de La Plata comenzaron a ser testigos de la protesta estudiantil para volver a reclamar por ese derecho adquirido que tanto había costado.

El 16 de septiembre de ese mismo año, varios de los estudiantes de la UES fueron secuestrados y torturados por los grupos de tareas. A la fecha, seis de ellos siguen desaparecidos: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro. Los cuatro sobrevivientes fueron Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

MEMORIA Y DERECHOS

La lucha sostenida del movimiento estudiantil dio sus frutos en septiembre de 1988, cuando el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionaron el boleto estudiantil secundario.

Por su parte, el 1 de julio de 2015 la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley N.º 14.735, que extiende el boleto gratuito a los estudios superiores. Un programa inclusivo que abraza a más de 300.000 universitarios de 24 casas de altos estudios y 350 institutos de diferentes localidades. Rápidamente otras provincias como Salta, Misiones y Chaco también aplicaron la gratuidad del boleto universitario al 100 %, y en otras jurisdicciones se lograron descuentos de hasta un 50 %.

Varios años después, en 2016, ocurrió lo propio en la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña aprobó por unanimidad el boleto estudiantil, que empezó a regir el 1.º de noviembre de ese año. Un derecho que, a diferencia de la gran mayoría de las jurisdicciones, el distrito porteño no poseía y que se hizo extensivo a los tres niveles: inicial, primario y secundario de escuelas de gestión estatal o privada.

Pero la historia siguió su curso natural y marcó una nueva conquista. El reclamo estudiantil no cesó, recogió el guante de aquellos pibes y pibas de los 70 y fueron por más derechos.

Una vez más, los hechos muestran que la historia no empieza y termina caprichosamente en determinados momentos, ni puede ser limitada entre fechas establecidas. Es una continuidad cronológica que va más allá de nuestras propias convicciones o deseos.

Tal es así que, en diciembre de 2024, la Ciudad de Buenos Aires cedió ante décadas de organización y reclamo del movimiento estudiantil y la Legislatura aprobó la Ley N.º 6.770, que ampliaba el Boleto Educativo a estudiantes universitarios, terciarios y acompañantes de menores de 12 años. Sin embargo, su aplicación fue resistida varios meses por la gestión de Jorge Macri.

LA LUCHA NO SE DETIENE

“Lo que hacen es imponer criterios restrictivos para acreditar la regularidad que violan la autonomía universitaria y exigir certificaciones que no estaban previstas originalmente”, dijo a este medio Julia Benito, secretaria general de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

En este distrito la lucha continúa para lograr su plena aplicación, incluir a quienes viven fuera de la Ciudad y sortear otras restricciones que imposibilitan garantizar este derecho a todos los sectores.

Entre otros obstáculos, el GCBA habilitó el acceso a este beneficio únicamente a residentes de CABA cuyos ingresos estén por debajo de la línea de la “clase media frágil”, según el IDECBA, y obliga a realizar un trámite engorroso a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), exigiendo validaciones que las propias universidades no pueden procesar automáticamente, lo cual representa más trabas burocráticas.

“Cuando miramos hacia atrás y recordamos la lucha de los compañeros y compañeras de los años 70, entendemos que su demanda por el boleto estudiantil fue, y sigue siendo, una disputa política fundamental por el derecho a la educación y por un modelo de país inclusivo”, agregó Benito.

En nuestro país las becas estudiantiles se oficializaron en 2014 mediante el programa Progresar, dirigido a jóvenes cuyas familias perciben ingresos inferiores a tres salarios mínimos. Tenía varias líneas de becas para educación escolar obligatoria, para educación superior y para formación profesional.

Las becas sufrieron un fuerte ajuste durante la presidencia de Mauricio Macri, deterioro que se profundizó notablemente desde la llegada de Javier Milei en diciembre de 2023. El presupuesto anual sumaba 289.532 millones de pesos (alrededor de 740 millones de dólares al cambio oficial de entonces); pero para este año, la inversión era de 364.147 millones de pesos (aproximadamente 260 millones de dólares). Todo esto en un contexto de inflación acumulada que supera el 300 por ciento.

Como puede verse, la lucha de los movimientos estudiantiles es y será interminable para seguir garantizando el acceso a la educación pública y gratuita.