“Entre 1983 y 1985 la democracia funcionó y el juicio a las Juntas es demostración de eso”, asegura Luis Moreno Ocampo. Pasaron 38 años de aquel mojón histórico en el que la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve genocidas de la última dictadura por los crímenes de lesa humanidad. Y quien fuera el fiscal adjunto de aquel debate todavía se entusiasma al describirlo.
–¿Cómo impactó el juicio en aquel Poder Judicial?
–El juicio a las Juntas fue inédito, novedoso en términos judiciales, además de, por supuesto, políticos y sociales. Fue la confirmación del Nunca Más.
–¿Cuáles fueron los elementos novedosos?
–Tuvo dos elementos que no estaban vistos hasta entonces: que fue un juicio oral y público y que la investigación la llevó a cabo la Fiscalía. En realidad son dos elementos de un sistema penal moderno, pero en la Argentina fue el juicio a las Juntas el que empujó a todo el sistema hacia esa modernización. Y fue tan fundamental lo logrado que los juicios siguientes y los que llegaron pos leyes de impunidad confirmaron todo lo que se concluyó en el juicio a las Juntas. No hubo nada de ese juicio que haya sido desmentido.
–¿Dentro del Poder Judicial había quienes no creían posible una empresa como el juicio a las Juntas?
–Había mucha gente, las defensas incluidas, que no confiaba en que pudiera llevarse a cabo, mucho menos en que se lograran las condenas. Pero hubo mucha otra, jueces incluidos, que apostó a que sí. Los jueces de la Cámara Federal (NdR: Ricardo Gil Lavedra, Andrés J. D’Alessio, León Carlos Arslanián, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Araoz y Guillermo Ledesma), por ejemplo. Estuvieron comprometidos. Era gente que había atravesado muchos gobiernos, incluso la dictadura militar; nadie los puede acusar de ser jueces que fueron puestos ahí para condenar. La dictadura había concluido ayer, con lo que había mucha incertidumbre. Pero los jueces tuvieron un rol fundamental en darse cuenta de que esto era una cosa histórica y de que había un tiempo limitado para hacerlo.
–¿Qué hacía que el momento fuera ese?
–Los sucesos se habían desencadenado uno tras otro: primero las elecciones, luego la Conadep y después llegó la hora de hacer el juicio. Los jueces interpretaron que después iba a ser tarde.
–Pasaron menos de dos años y llegó el tiempo de las leyes de impunidad. Pasaron décadas y llegó el fin de esa impunidad. Hoy, a casi cinco décadas de los hechos, el proceso de juzgamiento a los genocidas continúa. ¿Imaginaban un derrotero así?
–El juicio a las Juntas rompió el dique. No sé si lo imaginábamos, pero los jueces del juicio cuidaron que el proceso continuara. El punto 30 de la sentencia, uno muy importante, insta a que se siguiera investigando y juzgando los crímenes de la dictadura. Después hubo marchas y contramarchas. El Poder Judicial está formado por gente designada por los poderes políticos. Después de los indultos de [Carlos] Menem, el primer juez que metió preso a [el genocida del Ejército, Jorge Rafael] Videla es [Roberto] Marquevich. Lo hace cuando Menem viaja a Francia, y le sirve para ser recibido como un héroe que había metido preso a Videla en lugar de ser recibido con críticas por los indultos. Yo no diría que lo de Marquevich fue un acto de justicia sino más bien uno vinculado con la gestión presidencial. El poder político de Menem designó en la Justicia federal a jueces amigos, muchos de los cuales comenzaron a descubrir que era popular investigar hechos vinculados con los derechos humanos. Fue un momento muy nocivo que aún no se resuelve del todo. Hay una especie de copamiento de la Justicia por el poder político que no habilita el funcionamiento democrático por completo.
–Hoy la mirada está puesta en la Justicia federal y en la Corte Suprema, con cuyos recientes fallos intervino directamente en la política. ¿Cómo era en los tiempos del juicio a las Juntas?
–La Corte Suprema siempre tuvo un rol importante. Aquella Corte estaba integrada por gente muy valiosa, pero que no compartía una visión única. En relación con el juicio a las Juntas, fue la Cámara Federal la que hizo jugar a la Corte antes del inicio del debate al conceder a los comandantes juzgados un recurso extraordinario para definir sobre la jurisdicción. Los acusados decían que la Justicia civil no podía juzgarlos. Y los jueces de la Cámara no sabían cómo iba a jugar la Corte, si se iba a quedar con el asunto cinco años, si les iba a sacar la jurisdicción. La Corte entonces definió que el juicio se hacía.
–¿Las defensas no se esperaban un juicio como el que fue?
–Para nada. No creían que los testimonios serían tantos y tan indiscutibles. Nosotros teníamos que probar eventos cuyos responsables no podían identificarse: ¿quiénes habían secuestrado a las personas? ¿Quiénes las habían torturado? Sabíamos que los comandantes no estaban nombrados en ningún caso. ¿Cómo podíamos hacer para probar que habían dado instrucciones para realizar secuestros, torturas y asesinatos si no sabíamos quiénes lo habían hecho?
–La sentencia absolvió a varios de ellos. ¿Hubo presiones políticas?
–La Fiscalía no recibió presiones. De hecho, acusó a todos los comandantes. Pero las defensas ganaron un par de aspectos. Las de los comandantes de la Fuerza Aérea lograron que los jueces rechazaran nuestro argumento básico de que habían encubierto los crímenes. Y las defensas de quienes sí fueron condenados también lograron que los jueces aceptaran que cada uno había comandado a su fuerza y no tenía responsabilidad por los casos de otras fuerzas. Eso permitió condenas diferentes para Agosti y Lambruschini.
–¿Cuál cree que fue el aporte del juicio a las Juntas para la democracia?
–Lo que votó la gente en 1983 fue basta de violencia política. Alfonsín denunció primero a los guerrilleros y luego a los comandantes militares. El peronismo tenía muchas víctimas, pero la bandera del fin de la violencia política la llevaba Alfonsín. Eso fue un gran aporte. Hubiera sido todo muy distinto si ganaba [el candidato del peronismo en aquellas elecciones, Ítalo] Luder.
–¿Considera que si Luder ganaba las elecciones no se hubieran juzgado a las Juntas?
–Luder no iba a promover una cosa así. Lo cual no quita que después el peronismo masivamente apoyara a Alfonsín en la intención de juzgar a los militares. Había muchos desacuerdos, pero el sistema permitía integrar. Ese es el milagro que tenemos que recuperar.