Valeria Thus es doctora en Derecho, magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y especialista en Derecho Penal. Es docente universitaria y directora del Programa de Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA.

–¿Qué opinás sobre el Mapa de Género del Poder Judicial, en particular en la composición de la Corte Suprema? La primera mujer, Margarita Argúas, ingresó en 1970 (estuvo hasta 1973), después no hubo ninguna durante años (cuando hubo, siempre fue una minoría) y ahora tampoco hay.

–La falta de representación de género es evidente. Margarita Argúas fue la primera camarista y ministra de la Corte Suprema. También fue la primera mujer designada como profesora titular de la Facultad de Derecho de la UBA, era experta en derecho internacional privado. En cuanto a la Corte Suprema, no hubo continuidad en el ejercicio del cargo por mujeres. En 2003, Carmen Argibay fue la primera mujer en ser nominada por un gobierno democrático para integrar la Corte Suprema. Y antes de asumir su cargo argumentó a favor de la constitucionalidad del derecho al aborto, siendo una impulsora clave del fallo F. A. L. Después, Elena Highton de Nolasco amplió el acceso a la Justicia para las y los sobrevivientes de violencia de género doméstica mediante la creación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en 2008. Implementó, desde sus comienzos, un servicio inédito en la Justicia argentina: atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso fines de semana y feriados. Highton de Nolasco estuvo en el puesto 17 años. Algo interesante que dijo en una entrevista es que la presencia de más juezas en el sistema judicial contribuyó a que la violencia doméstica y los delitos contra menores fueran considerados, y prioritarios, por primera vez. Por supuesto que alcanzar la paridad de género numéricamente es muy importante, pero no garantiza que quienes la conformen trabajen con perspectiva de género. En este sentido, el impacto del fallo F. A. L. y el papel desempeñado por la OVD demuestran un enfoque de género. Esto genera efectos duraderos que continúan influyendo en la labor del Poder Judicial en la actualidad y garantizan un mayor acceso a la Justicia. Pero obviamente queda muchísimo por hacer.

–¿Qué cambios produjo la Oficina de la Mujer creada por la Corte Suprema de Justicia en 2009?

–La Oficina de la Mujer de la Corte fue creada para promover el proceso de incorporación de la perspectiva de género tanto para las personas que utilizan el sistema de Justicia como para las que lo integran. A partir de la sanción de la Ley Micaela, los talleres brindados desde 2009 al interior del Poder Judicial se vuelven obligatorios. Ello resulta fundamental ya que capacitar a quienes administran la justicia es un punto clave para lograr la igualdad de género. Además, la Oficina articula con distintas jurisdicciones del país para un abordaje integral. Es un logro que la capacitación sea exigida para las inscripciones a los exámenes de oposición y que existan preguntas vinculadas a la perspectiva de género. Sin embargo, estos cursos tienen un plazo corto de duración y cubren temarios muy abarcativos o genéricos y quizás sea necesario reforzar con capacitaciones situadas y específicas. Sin embargo, está claro que la Ley Micaela marcó un punto de inflexión.

–¿Existe el “techo de cristal” en el sistema judicial argentino?

–Sí, y el Mapa de Género así lo demuestra: si bien las mujeres son el 57 por ciento de la dotación total de la Justicia argentina y representan el 61 por ciento de su funcionariado, en los cargos máximos su representación es del 30 por ciento. La participación de las mujeres y diversidades disminuye en tanto se asciende en la escala jerárquica, pero además se concentran en áreas donde se muestra una preferencia para que se desempeñen en determinados roles y sectores en función del género: las llamadas “paredes del cristal”. En los procesos de selección no se toman en cuenta los contextos estructurales de la sociedad desigual actual. El “techo” aparece en particular cuando concursan para acceder a la Magistratura, y con más fuerza cuando quieren acceder al máximo nivel de autoridad.

–Según el informe del Mapa de Género de la Justicia Argentina dentro del Poder Judicial, los funcionarios varones tuvieron en 2022 el doble de chances de convertirse en magistrados, procuradores, fiscales o defensores y 3,6 veces más posibilidades de convertirse en máximas autoridades que sus pares mujeres. ¿Cómo analiza estos datos el Programa de Género y Derecho de la UBA?

–Como pasa en la academia, o dentro de los partidos políticos, las empresas y la mayoría de los espacios de trabajo, en el Poder Judicial hay una gran disparidad de género. Hay desigualdades que son estructurales, y hay una necesidad de pensar estrategias específicas para revertirlas en cada área. En la Facultad, trabajamos en distintos ejes para visibilizar la inequidad de género. No solo la literalidad de analizar el déficit de composición en las actividades académicas, sino también ahondar en otras dimensiones de esa inequidad numérica, como por ejemplo el rol (o el peso) de las tareas de cuidado en relación con el crecimiento y desarrollo profesional, o cómo impactan las violencias en las mujeres y diversidades. El año pasado publicamos un informe sobre composición de género, en el que concluimos que en un 42 por ciento de las actividades de la Facultad del segundo cuatrimestre se evidenciaba una desigualdad de género en la composición docente. Esa diferencia era muy notoria en los discursos de los actos de colación. También elaboramos buenas prácticas para la designación de profesores regulares, pero que aún no se materializaron en la modificación del régimen de concursos. Seguimos insistiendo. La necesidad de pensar la agenda contra las violencias se vincula con la inequidad de la que hablábamos.
Las situaciones de violencia pueden contribuir a que las mujeres dejen de ocupar espacios; algo que aparecía de modo recurrente en los resultados de la encuesta sobre violencia de género que hicimos en la Facultad en 2022. Por eso las estrategias deben ser multifocales. Por supuesto, la formación de estudiantes de Derecho con perspectiva de género, que luego van a ser operadores judiciales, va a lograr transformar la Justicia a largo plazo. Por eso hay estrategias a largo plazo, otras a mediano plazo y otras que ya pueden ser implementadas, por ejemplo, abrir la posibilidad de discusión de concursos para mujeres. La Facultad de Exactas tomó una medida pionera para corregir la disparidad de género: abrió una convocatoria para un cargo de profesora exclusivamente, una medida e acción positiva. Esa experiencia puede resultar interesante, y en el caso de magistradas y magistrados, procuradoras y procuradores, fiscalas y fiscales o defensoras y defensores, se podría pensar en convocatorias específicas, que consideren al género para tener una representación más realista de la composición de las sociedades en el poder de Justicia. Es necesaria una reforma judicial con perspectiva feminista e interseccional. Se debe democratizar e incorporar una formación con enfoque de derechos humanos, de género y de no discriminación. Esto implica analizar todo el sistema de administración de justicia junto con la forma en que se vincula con las políticas públicas. Pero además pensarlo como un todo: Poder Judicial tanto nacional como provincial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa. Y, claro, pensar en estrategias concretas.