La historiadora Gabriela Águila define la violencia política como un instrumento, uno de los modos o prácticas de la política que se hace presente en ciertas coyunturas históricas en general. Tras advertir que suele utilizarse el concepto para definir muchas clases de violencia que es necesario diferenciar –violencia “desde abajo”, violencia paraestatal, violencia estatal o represión–, enfoca entre fines de los años sesenta y la década siguiente a la etapa de la historia reciente argentina en la que “la relación entre política y violencia fue más visible”. Prácticas de violencia política que cambiaron tras la represión arrasadora de la última dictadura cívico-militar. “Vivo en una ciudad como Rosario, profundamente consternada y conflictuada por la emergencia de nuevas formas de violencia territorial, barrial, juvenil, vinculadas, entre otros elementos, con el narcomenudeo y marcos sociales travesados por la profunda desigualdad y la precariedad de la vida cotidiana. Constituye un desafío para los Estados que deberían encontrar soluciones eficaces y humanas a todo ello”, puntualiza.

–Afirmás que la época de más violencia fueron las décadas del 60 y 70. ¿Cuándo comenzó?

–Podríamos hacer un análisis de tiempo largo y registrar la emergencia de fenómenos de violencia política desde abajo, insurgente o revolucionaria a lo largo de todo el siglo XX, lo mismo que lo que refiere a la acción represiva del Estado para erradicarlos o neutralizarlos. En general, se ha prestado mucha atención al período posterior al golpe de Estado de 1955, con el surgimiento de la denominada “resistencia peronista” y, en lo que refiere a la represión interna, a la aplicación del Plan Conintes durante el gobierno de Frondizi, que habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de los conflictos laborales del período. Por otra parte, muchos estudios se ocuparon del surgimiento de la denominada nueva izquierda en los años 60 y de organizaciones que recurrieron, entre otras, a la lucha armada como estrategia política y de transformación revolucionaria, fuertemente influenciadas por el clima de época y por fenómenos como la Revolución cubana, pero también inscriptas en el proceso de resistencias a la dictadura instalada en 1966. Este ciclo de conflictividad social y política se caracterizó por la activación de actores y organizaciones con repertorios de acción novedosos, por movilizaciones masivas (los denominados “azos”) y, finalmente, por la aparición de organizaciones político-militares a comienzo de los 70, las más importantes de las cuales fueron el PRT-ERP y Montoneros. Tampoco habría que perder de vista la violencia paraestatal, es decir, la actuación de grupos y comandos de distintas vertientes de la derecha integrados por civiles y en otros casos por personal militar y policial, que llevaron a cabo numerosos atentados, amenazas y asesinatos contra militantes o simpatizantes de la izquierda, tolerada o amparada por los sucesivos gobiernos. La respuesta a este proceso de violencia del Estado fue una escalada represiva que se profundizó con el argumento de aniquilar a la subversión, que involucró medidas legales que penalizaban las actividades consideradas subversivas y la acción represiva de las fuerzas policiales y militares, estas últimas interviniendo directamente en la represión interna a partir de 1975, primero con el Operativo Independencia en Tucumán, y luego con los decretos de aniquilamiento en octubre.

–Decís que si bien fue un elemento que jugó, la violencia política no fue determinante para explicar el golpe de Estado del 76. ¿Cómo la modificó la dictadura?

–Si bien planteo que la violencia política no puede ser considerada la causa principal del golpe y la dictadura, es indiscutible que tuvo un papel muy importante en el contexto político que precedió a la intervención militar, en el clima social del período, en los posicionamientos críticos de numerosos sectores y, obviamente, en la injerencia de las FF.AA. en la denominada “lucha contra la subversión” y en el creciente papel político que asumieron hacia 1975 como alternativa al debilitado y cuestionado gobierno peronista. Desde entonces, la represión estatal consiguió golpear muy duramente a las organizaciones político-militares, dirigiéndose contra sus militantes de superficie pero también afectando a la estructura armada. Esto resultó en la pérdida de gran parte de la capacidad militar y operativa de esas organizaciones antes del golpe de Estado, y aunque siguieron operando en forma limitada, la represión y sus métodos no convencionales, es decir, las prácticas clandestinas, los secuestros, el uso sistemático de la tortura, las desapariciones, resultaron muy efectivas para aniquilar lo que quedaba de ellas.

–¿Se puede plantear la violencia política como una manera de resistencia a la dictadura?

–En la Argentina, la resistencia a la dictadura no tuvo como modalidad la violencia política, a diferencia de lo que sucedió en las dictaduras de Brasil o Chile, donde surgieron grupos armados que enfrentaron a esos gobiernos militares y sus políticas. Esto incluso considerando el frustrado intento de la Contraofensiva montonera en 1979-80. El despliegue represivo comandado por las Fuerzas Armadas desde 1975-76 y ejecutado a sangre y fuego y hasta sus últimas consecuencias provocó la desarticulación de las organizaciones político-militares, y al cabo de unos pocos años habían desaparecido como tales. Eso no significa que no haya habido resistencias a la dictadura y algunas de sus políticas, sino que estuvieron protagonizadas por otro tipo de organizaciones, en particular, por el movimiento de derechos humanos, que hizo de la lucha pacífica una de sus principales banderas. Los conflictos obreros o la actividad político-partidaria en los tramos finales de la dictadura fueron otras.

-¿Y después?, ¿qué papel jugó en democracia?

–Ese tipo de violencia política y represiva deja de existir en los años posdictatoriales. Sin embargo, eso no significa que desaparezca la violencia estatal. Después de la recuperación democrática, la represión dejó de estar en manos de las FF.AA. y pasa a manos de otras fuerzas de seguridad, como las policías y Gendarmería, se dota de otros objetivos y modalidades y va dirigida hacia otros sujetos y grupos sociales, hacia otros “enemigos internos”, como la delincuencia común, los jóvenes, los pobres, los indígenas. Inscripta en políticas estatales y paradigmas de seguridad bien distintos de los que estructuraron el accionar de las fuerzas represivas en el período de vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, entre las décadas de 1950 y 1980.

–¿Hay violencia política hoy? ¿En qué se diferencia de aquella de los 70?

–Una mirada rápida sobre estos años puede dar cuenta de cómo se transformaron no solo las agencias represivas encargadas del ejercicio de la violencia estatal sobre la conflictividad social sino también las formas y los actores o sujetos de la violencia política y social. Vivo en una ciudad como Rosario, profundamente consternada y conflictuada por la emergencia de nuevas formas de violencia. Una violencia enfrentada por policías denotadas por décadas de prácticas irregulares y corruptas, por agentes de Gendarmería que no conocen el territorio en el que actúan y, desde hace pocos meses, también por el ejército, instalado en los barrios más humildes y conflictivos de la periferia aparentemente para realizar tareas de acción cívica y saneamiento urbano. Una nueva forma de violencia que constituye un desafío no solo para los estados sino también para las ciencias sociales que pretenden entenderlas y explicarlas.