APROPIACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DURANTE EL TERRORISMO DE ESTADO

Durante la última dictadura cívico-militar llevada adelante en la Argentina fueron secuestradas, torturadas y asesinadas más de 30 mil personas como parte del plan sistemático de represión ilegal implementado contra la población civil por agentes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
En la denominada “lucha contra la subversión”, basada en la Doctrina de Seguridad Nacional y bajo la responsabilidad primaria del Ejército, la represión se dirigió principalmente contra el sector obrero y estudiantil. También se extendió a religiosos, conscriptos, periodistas y abogados.
Para la implementación de un plan socioeconómico se persiguió y reprimió a hombres y mujeres señalados como “subversivos” o “terroristas”. Sin embargo, familias enteras fueron diezmadas, y entre las víctimas hay niños, niñas, adolescentes y mujeres – muchas de ellas embarazadas– desaparecidos.
Conforme se pudo acreditar judicialmente en diversas oportunidades, las mujeres secuestradas embarazadas eran mantenidas con vida hasta dar a luz. Eran obligadas a parir en condiciones inhumanas durante su cautiverio ilegal en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) donde se encontraban alojadas o donde habían sido trasladadas para parir: generalmente, a otros CCDTyE, donde funcionaban improvisadas maternidades clandestinas. En otros casos eran reubicadas en hospitales, siempre bajo la custodia de miembros de las fuerzas represivas. Luego eran separadas de sus hijos e hijas y asesinadas. Primordialmente, empujadas desde aviones al Río de la Plata en los denominados “vuelos de la muerte”.
Como parte del plan represivo se incluyó la apropiación de los hijos e hijas de las personas detenidas desaparecidas. Esto significa que fueron emplazados ilegítimamente en un grupo familiar que no era el propio. Por lo tanto, también se trata de víctimas de desaparición forzada y crímenes contra la humanidad.
Muchos de ellos y ellas fueron separados de sus madres recién nacidos. En otros casos, fueron secuestrados junto con sus madres y padres o apartados de sus familias biológicas por circunstancias vinculadas al secuestro, asesinato o desaparición de estos. En ambos supuestos, salvo limitadas excepciones, fueron alejados de sus progenitores y familias y emplazados forzosamente en otras.

INSCRIPCIONES FALSAS

Estos procedimientos se realizaron a través de inscripciones falsas de nacimiento alegando que eran hijos o hijas biológicos de quienes los y las apropiaron. También como conclusión de procesos por medio de su institucionalización en hospitales, los por entonces denominados institutos de menores, o a través de su guarda y adopción, en muchos casos obtenidas de forma irregular incumpliendo con los requisitos que legalmente se exigían. De este modo, mediante la falsificación documental y sustitución de la identidad fueron retenidos y ocultados de sus familias biológicas.
Los niños y las niñas fueron objetivados por las fuerzas militares y de seguridad y, en este carácter, fueron parte de su “botín de guerra”. Para ello, principalmente, fueron apropiados por miembros de las mismas Fuerzas Armadas o de Seguridad que integraron el poder represivo o entregados a personas que mantenían vínculos con ellas.
Según explican las investigadoras y especialistas sobre la materia, de acuerdo con el discurso hegemónico familiarista neoconservador de la dictadura militar, las militantes políticas denominadas “subversivas” eran consideradas “terroristas”, también “malas madres” y “malas esposas” que ponían a sus hijos e hijas en peligro o los abandonaban –en general, el abandono se trataba de una consecuencia del secuestro o asesinato de la madre y/o padre–. Lo mismo sucedía con los hombres “subversivos”, que eran considerados “malos padres” que no cumplían con las reglas naturales de la paternidad.

PLAN SISTEMÁTICO

Los hijos y las hijas de personas detenidas desaparecidas eran parte del botín de guerra y su apropiación tenía como objeto evitar la herencia “subversiva” a través de una mala crianza o actos de “venganza” por su parte. Pero además, la sustracción y apropiación de los hijos y las hijas de desaparecidos fue funcional a la finalidad de borrar todo rastro sobre el destino de las mujeres que habían dado a luz en cautiverio y negar información sobre su paradero. Así se comprobó en el juicio conocido como Plan sistemático de apropiación de niños y niñas, en 2012.
Aproximadamente 500 mujeres se encontraban embarazadas al momento de su desaparición y/o asesinato, y 77 niños y niñas fueron secuestrados junto a sus madres y padres.
A pesar de la clandestinidad en que se llevaron adelante los secuestros y las apropiaciones y las medidas que tomaron sus responsables para garantizar su impunidad, al día de hoy, gracias a un enorme trabajo colectivo, se han podido resolver 132 casos. Muchos de aquellos niños y niñas, hoy hombres y mujeres, viven conociendo su propia historia y su verdadera identidad.
Cada restitución es una gran celebración y representa un gran paso más en el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Cada una de ellas nos permite conocer un poco más acerca de los mecanismos y modalidades que se utilizaron en el marco del Plan de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado.
Si tenés dudas sobre tu identidad o tenés información sobre un posible nieto o nieta, acercate a Abuelas de Plaza de Mayo. Todavía son muchos los abrazos que faltan concretar. La búsqueda continúa.