Pedro Castillo asumió como presidente de la República de Perú el 28 de julio de 2021. Tras el triunfo, fue perseguido y acusado de fraude electoral. Pruebas que no tuvieron el destino deseado por la oposición fujimorista. El hostigamiento continuó durante los diecisiete meses de su mandato, en los que fue sometido a tres mociones de vacancia promovida por sectores vacadores y golpistas del Congreso de la República. Por su parte, la bancada fujimorista y sus aliados aprobaron, en tres legislaturas ordinarias consecutivas, diferentes modificaciones que crearon un desequilibrio de poder en desmedro del Ejecutivo y en favor del Legislativo. Así lograron bloquear la posibilidad de decidir cambios de fondo directamente mediante referéndum y limitaron la facultad del gobierno de presentar mociones de confianza hasta hacerlas casi imposibles, entre otras reformas. En este contexto de incertidumbre y amenazas, el presidente peruano decidió en solitario, confiado en que iba a tener el apoyo necesario, anunciar la disolución del Congreso de la República. Esto implica que las fuerzas armadas cierren el Congreso para formar de inmediato un gobierno de emergencia con el objetivo de reorganizar los poderes del Estado. En el transcurso de unas horas, Pedro Castillo fue detenido y su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la presidencia de la República: declaró emergencia nacional, y comenzó a gobernar el país de manera autoritaria y violenta. Es decir que ya estaba todo preparado para el devenir de un golpe de Estado.  

La trama golpista

Con más de veinte personas asesinadas con armas de fuego por parte de las fuerzas policiales, que son producto de la represión al pueblo sublevado, la violencia no cesa. Si bien fue un golpe de Estado, lo que queda por revelar es quiénes fueron los responsables. En primer lugar, se conoce que el principal operador de la trama golpista en el Parlamento fue su actual presidente, el general retirado José Williams Zapata, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y representante de la agrupación conservadora Avanza País, que durante la segunda vuelta de las elecciones de 2021 apoyó a la ultraderechista Keiko Fujimori.

Según el portal peruano Wayka, cuando WikiLeaks filtró documentos secretos de la embajada de Estados Unidos en Lima, reveló que Williams se vinculó con el cártel de Tijuana, fundado en Baja California, México, por los hermanos Arellano Félix en los años 80. Se conoce que participó como jefe de la región militar en Piura, y se advierten los nexos con colaboradores de la organización criminal mexicana. El 12 de marzo de 2009, el embajador de EE.UU. en Lima, Michael McKinley, envió un cable secreto al Departamento de Estado donde advertía que Williams Zapata estaba presuntamente vinculado con el ex capitán Jonathan Huacac Torrico (identificado por la Divandro –División Antidrogas– como colaborador del cártel de Tijuana), quien había sido visto reunido con capos mexicanos en el Casino Militar de esa región castrense. 

Esto significa que el golpe tiene intenciones e intereses internos. El ejército y la policía están involucrados, la fiscalía de la nación, la contraloría, ministros, congresistas y la vicepresidenta Boluarte, que asumió inmediatamente la presidencia. Al terminar de leer su mensaje a la nación, en el que Castillo anunciaba la disolución del Congreso y la instauración de un “gobierno de excepción”, varios ministros renunciaron en serie. Entonces Castillo buscó el apoyo de las fuerzas armadas mediante los militares que en otro  momento lo habían apoyado, pero no obtuvo respuesta. 

Un dato para pensar la trama golpista y a sus hacedores fue el llamado proveniente de la embajada de los Estados Unidos. El 7 de diciembre, la embajadora Lisa Kenna, quien días antes del golpe se habría reunido con el ministro de Defensa peruano, Gustavo Bobbio, envió un tuit de denuncia contra la medida de Castillo de disolver el Congreso, y desde Washington, el secretario de Estado, Antony Blinken, bendijo el golpe. Hasta donde sabemos, Castillo no tomó una postura beligerante, mientras fue gobierno, contra la OEA o los intereses de los Estados Unidos. Recordemos que en la Cumbre de las Américas, siendo todavía presidente, habló de “América para los americanos”, parafraseando a James Monroe. Esas palabras no fueron azarosas: Castillo siempre se mostró complaciente con los Estados Unidos y cuando la misión de la OEA estuvo en Perú, se dedicó a criticar más a la oposición que al oficialismo.

El devenir

Perú sigue siendo un país donde la derecha mafiosa elige quién gobierna, y el cuerpo militar no está dispuesto a aceptar un gobierno de izquierda y popular. Hoy, el pueblo que salió en las primeras horas tras el golpe se encuentra fortalecido. La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció este miércoles cambios en el Ministerio Público con el fin de poner orden en las investigaciones que realiza la institución y darles mayor énfasis a aquellas que se abocan a las muertes ocurridas en el marco de la crisis sociopolítica de diciembre de 2022. 

Las consignas de las movilizaciones, muchas de las cuales fueron organizadas por distintas agrupaciones sindicales, campesinas y de izquierda, piden el cierre del Congreso, la renuncia de la presidenta de facto Dina Boluarte, la convocatoria a un referendo en torno a la posible instalación de una Asamblea Constituyente y nuevas elecciones. La Defensoría del Pueblo pidió evitar la violencia en estas movilizaciones.

Pero la gente no abandona su lucha. En las últimas horas se registró una nueva ola de clamor popular de un sector de la población. La ciudad de Puno ha quedado tomada por alrededor de 20.000 pobladores aymaras de la zona sur de la región, pertenecientes a los distritos de Acora, Ilave, Chucuito, Yunguyo, Zepita, Huacullani, entre otros. Desde la plaza de armas de Puno, decenas de mujeres alistan y preparan productos andinos para alimentar a los manifestantes durante las marchas hacia la capital del país.

“Nosotros nos hemos autoconvocado, nadie nos está liderando, somos de la zona de Acora, nadie nos financia, como piensa allá Dina Boluarte”, dicen los manifestantes. Poblaciones enteras movilizadas son invisibilidadas por los medios. En las últimas horas 17 personas fueron asesinadas en la ciudad de Juliaca. El presidente Pedro Castillo sigue encarcelado, los líderes sociales presos y muchos desaparecidos. Perú resiste y lucha.

Foto: Archivo AFP