La Corte Suprema de Justicia volvió a tomar una decisión en la que vulnera las potestades del Congreso y se erige con la suma del poder público. No funciona como un tribunal de última instancia para zanjar debates penales o constitucionales. Se arroga la última palabra sobre el rumbo del Ejecutivo y el Legislativo que fueron votados por la población. Funciona como un cepo de la democracia.

El fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires en la disputa por la coparticipación es nuevo capítulo. La Corte sostiene que la
decisión que el ex presidente Mauricio Macri tomó por decreto para transferirle fondos a la CABA, con la excusa del traspaso de una parte de la Policía Federal, respeta la Constitución Nacional y el federalismo. Y que la corrección sobre esos fondos que decidió el presidente Alberto Fernández, y que fue además votada por el Congreso, no lo hace.

La sentencia se inscribe en una secuencia que incluye el rechazo al pedido de la dirigente social Milagro Sala para que se revise su
sentencia en el amañado juicio de la causa Pibes Villeros, donde fue condenada a trece años de cárcel.

El máximo tribunal favoreció al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando falta poco más de una semana para el inicio del año electoral. Puso más recursos en las alforjas de un distrito al que le sobran los recursos.

Desde que se volvió autónoma, tras la reforma constitucional de 1994, la CABA ya ungió a dos presidentes. El primero fue Fernando de la Rúa, que a su vez había sido el primer alcalde electo de la Capital Federal. El segundo, se sabe, Mauricio Macri. Es decir que en menos de treinta años de autonomía, dos jefes de la ciudad llegaron a ser primeros mandatarios. ¿Qué demuestra esto? Más allá del rol de los medios de comunicación denominados nacionales, que en realidad son porteños, el dato político es que la CABA es la mejor vidriera para proyectar una carrera presidencial.

El presupuesto porteño para 2023, al cambio oficial, es de 12 mil millones de dólares. Medido por habitante, es igual al que tiene la comunidad de Madrid, que ronda los 25 mil millones para 6,5 millones de habitantes. Si se lo compara con la Ciudad de México, por habitante, es casi el triple. El distrito federal azteca, sin contar su conurbano, tiene diez millones de habitantes. Su presupuesto es de 11.700 millones de dólares anuales, un poco menor al porteño.

La lista de ciudades podría seguir. Estos dos ejemplos sirven para ilustrar que se trata de uno de los distritos más ricos del mundo
de habla hispana, no solo de la Argentina, con un promedio de 4.000 dólares por habitante al año. Esto lo transforma en una
plataforma privilegiada para una carrera política. Y explica que en 28 años de autonomía haya puesto dos presidentes y esté
con posibilidades de colocar un tercero.

A los recursos hay que sumarles el turismo interno, que representa la mayoría de los más de diez millones de turistas que
visitan por año la ciudad de Buenos Aires. Una vidriera inigualable.

La Corte anunció su decisión en un momento muy pensado. En el tránsito entre la final del Mundial ganada por la Argentina y la
Navidad. La combinación de ambos sucesos le pone una cámara lenta a cualquier reacción porque la mayoría de la población está
en otra cosa.

Macri había subido la coparticipación de la CABA de 1,4 por ciento de los fondos al 3,75. La ley 27.606, sancionada por el Congreso en diciembre de 2020, aprobó un monto de 24 mil millones de pesos anuales, a valores de ese momento, que se actualiza por un índice que toma el salario de la policía y la inflación para financiar el traspaso de la Federal.

La respuesta de los gobernadores peronistas fue rechazar la decisión del supremo tribunal. Y en el caso de Juntos por el Cambio primó el silencio. Ni el jujeño Gerardo Morales, ni el correntino Gustavo Valdés, ni el mendocino Rodolfo Suárez emitieron opinión. De hecho, cuando el tema se debatió hace dos años en el Congreso, Morales jugó con la Casa Rosada. No era fácil que explicara en su provincia un respaldo para que el distrito más rico del país recibiera más fondos todavía.

Un tribunal a la medida de algunos

La decisión de la Corte profundiza el conflicto de poderes. Su agravamiento comenzó cuando el mismo tribunal decidió declarar inconstitucional la ley que rigió el Consejo de la Magistratura durante quince años y reponer una norma que ya había sido anulada por el Parlamento. Ese avance sobre las facultades del Congreso mostró la voluntad de los cuatro ministros del tribunal de asumir la suma del poder público cuando lo consideren necesario.

A partir de la sentencia sobre el Consejo, empezaron a fallar en diversas acordadas en las que incluso intervinieron en la forma en que los partidos políticos organizan sus bloques. Todo con el objetivo político de quedarse con el control total de la Magistratura. Así fue que les tomaron juramento a dos consejeros de Juntos por el Cambio, uno del PRO y otro de la UCR, como si fueran fuerzas distintas, pero no lo hicieron todavía con los del interbloque oficialista en el Senado, en ese caso señalando que fue una “artimaña” dividir el bloque. Es decir: hay una ley para JxC y otra para el peronismo.

¿Cómo puede seguir el conflicto? Es un tema político. La Corte se ha vuelto un brazo del poder económico y de JxC. Para poder
iniciar un juicio político a sus ministros, sería necesario contar con dos tercios del Senado. En la Cámara alta el oficialismo tiene una mayoría ajustada y por ahora es imposible que alcance los 48 escaños necesarios para remover a los miembros del máximo
tribunal. Esto deja la situación en un punto complejo. El conflicto de poderes iniciado por la Corte paraliza el funcionamiento de
las instituciones.

¿Puede Alberto Fernández no cumplir el fallo? Hay fallos del máximo tribunal sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, por ejemplo, que hace años no se cumplen por diversos motivos. Pero el impacto político en este caso sería mucho mayor. ¿Hay recursos económicos para aceptar la decisión judicial? Sin modificar el presupuesto nacional habría que emitir deuda, que finalmente paga el conjunto del país. Es un brete complejo para el Presidente. Sin embargo, también podría ser la oportunidad para relanzar su liderazgo, si decidiera enfrentar a estos poderes planteando el viejo conflicto entre la burguesía porteña y el resto del país.