Comienza la cuenta regresiva para el fallo judicial que, en principio, consolidará el mayor retroceso democrático que tuvo la Argentina desde 1983. El juicio oral en la denominada Causa Vialidad, que investiga la obra pública que se realizó en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos nacionales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entra en la fase final, con los alegatos de los acusados y de la propia vicepresidenta.

La última etapa del proceso siguió a rajatabla el manual del lawfare. El alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue más que nada una puesta en escena para los medios de comunicación del establishment. Parecía coordinado y no sería extraño que haya sido así. Hubo nueve días de exposición y datos rimbombantes: las tres toneladas de pruebas, la cantidad de ciudades de Buenos Aires que equivalían a las propiedades de Lázaro Báez, pruebas traídas de otras causas sobre el final, violando todas las normas del debido proceso. La enumeración podría seguir.

La respuesta de las defensas, pero en especial de CFK, fue ardua y minuciosa, y tuvo un hilo conductor: la obra pública de Santa Cruz cumplió todos los procesos que la ley exige. Estaba incluida en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso, las licitaciones las hacían los gobernadores santacruceños y no la presidencia, la legislatura de la provincia patagónica también aprobó las obras, que a su vez luego pasaban por la Auditoría General de la Nación y de nuevo por el Congreso. Los jefes de gabinete eran los encargados de ejecutar el presupuesto, como lo marca la ley.

Los empresarios del sector de la construcción, incluido Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, declararon durante el juicio que es habitual que en una zona el mismo empresario gane la mayoría de las licitaciones porque las empresas tienen logística instalada en los 24 distritos que conforman la Argentina. Y podrían sumarse varios elementos más.

El Juicio Vialidad cumple con el objetivo de transformar en delito acciones de gobierno y, por lo tanto, de restringir la capacidad de acción hacia el futuro de las gestiones votadas por el pueblo. Si gobernar es delito, los políticos que llegan a las funciones ejecutivas son meros ejecutores de actos administrativos que no mueven en lo más mínimo el statu quo.

Los trascendidos indican que el tribunal presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu tendrá un fallo condenatorio contra la vicepresidenta. Giménez Uriburu –se sabe– juga en el club Liverpool, que participaba de los campeonatos de fútbol que el ex presidente Mauricio Macri organiza en su quinta Los Abrojos.

Antes y después

La decisión del tribunal marcará un parte aguas. Impactará por completo en el escenario político en el momento en que ya se inició el año electoral. Cuando el fiscal Luciani, el pasado 22 de agosto, realizó su pedido de doce años de prisión para CFK y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, hubo una reacción popular. Se multiplicaron las manifestaciones en todas las provincias. La peregrinación a la puerta del edificio en el que vive Cristina en el barrio porteño de Recoleta se volvió un ritual de militantes y simpatizantes. Era una especie de resurgimiento aggiornado de las visitas a la quinta de Gaspar Campos, cuando Juan Perón volvió en noviembre de 1972, luego de casi 18 años de exilio y proscripción, momento histórico del que acaban de cumplirse cincuenta años.

Todo tuvo un giro dramático y milagroso la noche del 1 de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces una pistola Bersa a 15 centímetros de la cara de CFK, sin que la bala saliera por el caño del arma.

Recordar el clima político imperante antes del intento de asesinato contra Cristina sirve para imaginar lo que se puede desatar luego de que el Tribunal Oral Nº 2 se pronuncie. Los mismos trascendidos sostienen que los jueces dejarán la sentencia en suspenso hasta que se defina la apelación, primero en la Cámara de Casación Penal y luego en la Corte Suprema. Sería quizás una de las pocas cosas de respeto por el Estado de derecho que se verían en este juicio, aceptar que la condena tiene que estar firme para aplicarse. En términos políticos, porque no hay otra manera de analizar las acciones del partido judicial, es pasarles la pelota a los supremos para que den el zarpazo final con el acto autoritario más importante que sufrirá la Argentina –de confirmarse– desde la restauración democrática.

Uno de los efectos boomerang que puede tener esta sentencia es que sumará al centro del debate público la disputa entre democracia y autoritarismo. Fue uno de los ejes de las elecciones de medio término en Estados Unidos que frenaron la supuesta marea roja (una victoria aplastante del Partido Republicano) que anunciaban las encuestas. También fue la consigna de la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil para enfrentar a Jair Mesias Bolsonaro y derrotarlo, aunque haya sido por dos puntos.

Con una inflación que está llegando al cien por ciento anual, cualquier decisión que corra el foco de este tema, que es el que más preocupa y padece la población, puede ser un boomerang. Es muy difícil para un oficialismo ganar una elección con esta situación económica, a pesar de la sensible mejora de los niveles de empleo. Los índices de inflación eclipsan los otros logros que ha habido en el ámbito económico.

En ese contexto, un fallo judicial que implica un retroceso democrático incorpora otros ejes a la campaña. Y empuja la cohesión del peronismo para resistir una nueva proscripción.

El lawfare se piensa a sí mismo como implacable por la cantidad de factores de poder que confluyen: los medios, los jueces, el capital especulativo y varios poderes transnacionales. Las elecciones en Brasil, entre otros hechos, demuestran que no es infalible y que sus ejecutores no son intocables.