El alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández en el juicio oral por la obra pública de Santa Cruz fue demoledor para las acusaciones. El castillo de naipes construido por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se cayó, como sucede con ese tipo de construcciones, con un soplido. No era posible otro destino para una acusación que partía de una base digna de una serie de Netflix, la idea de que todo un gobierno es en realidad una asociación ilícita formada antes de asumir el poder y que apostaba a llegar al Ejecutivo para seguir cometiendo delitos.

Esa era la hipótesis de los fiscales. Por eso solo debían buscarse las relaciones entre los supuestos miembros de la asociación. Decir que un gobierno es una asociación ilícita es la confesión de que el único objetivo es político: tratar de demoler un liderazgo en la memoria histórica de la población. Que gobernar a favor del pueblo quede asociado con un acto delictivo, con la ilusión de borrar esa posibilidad de la faz de la Tierra. Además de darle una lección a la clase política sobre cuáles son los límites que los poderes fácticos argentinos están dispuestos a aceptar dentro de la democracia.

La acusación fue pulverizada con elementos sencillos. Los fiscales utilizaban como prueba del supuesto delito los presupuestos aprobados por el Congreso de la Nación porque ahí estaban los fondos para las obras de vialidad en Santa Cruz. Entonces todos los diputados y senadores que aprobaron la ley en el Congreso deberían ser cómplices de la asociación ilícita porque habilitaron el delito. Lo mismo ocurría con los jefes de gabinete, que por obligación legal son los ejecutores del presupuesto. Y con los gobernadores santacruceños, que impulsaban las licitaciones. Y con la Legislatura provincial, que aprobaba el presupuesto que incluía los giros del Tesoro Nacional para las obras de vialidad. Es lo que ocurre cuando se quiere transformar en delito una política pública: si se hiciera con seriedad y se fuera coherente con el argumento habría que encarcelar a casi todos los funcionarios de varios poderes.

La coherencia, está claro, no era el objetivo de Luciani, sino montar un show para continuar con un juicio que se basa en el sensacionalismo mediático, como la idea de las tres toneladas de pruebas para tapar que en realidad no hay pruebas. Lo decía el genial Gabriel García Márquez para describir el uso de la hipérbole en el realismo mágico latinoamericano. El escritor colombiano sostenía que si se describía un elefante volando nadie lo creía; en cambio, si lo que se decía es que se había visto a mil elefantes volando, sería más verosímil. La hipérbole ayuda a la verosimilitud. Las tres toneladas de pruebas de Luciani compiten con los elefantes volando del escritor colombiano.

Durante su alegato, Luciani mencionó un caso de corrupción que fue muy importante en España. El denominado caso Gürtel. Como en tantos otros temas, la maquinaria del lawfare juega con la ignorancia del público, porque esa investigación es la antítesis de la que hizo Luciani.

En Europa no se consigue

Un repaso: comenzó en 2007 y lo que se investigó fue si el empresario Francisco Correa financiaba de modo subterráneo las campañas del Partido Popular en varias autonomías a cambio de ser favorecido en las licitaciones públicas. Uno de los motivos por los que este caso no pobló los medios de comunicación de habla hispana es porque afectó al derechista Partido Popular (PP). Otra habría sido la historia si los implicados hubieran sido de Podemos o incluso del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).

Los sentenciados por esta trama de corrupción fueron, en primer lugar, el empresario, señalado como jefe de la operatoria. Luego siguieron el ex secretario de organización del PP en Galicia, el ex tesorero del PP, el ex alcalde de Majadahonda, entre otros siete condenados. Como se ve, los funcionarios son todos de tercera y cuarta línea y el líder de la operación es el empresario.

En la Argentina, cuando se armó el show de la causa cuadernos, el propio Mauricio Macri dijo que los empresarios estaban “obligados”, supuestamente, a corromperse por los políticos populistas.

La trama de corrupción en España ocurrió durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. ¿Por qué nadie los acusó de ser jefes de una asociación ilícita y responsables de los hechos, como ocurre en la Argentina con CFK, o sucedió en Brasil con Lula da Silva? Simple: porque no hay ninguna forma de comprobarlo y la investigación fue relativamente seria. Solo los funcionarios involucrados de modo directo en las licitaciones fueron condenados, como en parte ocurrió con el ex secretario de Obras Públicas José López, en el juicio que ya se le hizo luego de que lo encontraran con nueve millones de dólares. López tenía decenas de comunicaciones con Nicolás Caputo, el hermano del alma de Macri.
En la investigación del caso Gürtel no se dijo que los jefes de Estado españoles “no podían no saber”, como hizo el juez Sergio Moro en Brasil. Y peor, en el caso de Luciani, que CFK era “la jefa de la banda”, siguiendo el guion que durante años repitió el periodista Eduardo Feinmann. Porque aunque se haya dicho hasta el cansancio, el objetivo no es investigar posibles delitos sino proscribir a CFK. De otro modo, Nicky Caputo debería haber sido imputado en el juicio una vez que se comprobó que era el empresario que más hablaba con López.

¿Cómo terminará esto? En Brasil, fiel a su historia, parece haber habido un acuerdo de cúpulas. Moro está acusado de prevaricato. Para bien y para mal, la Argentina no es Brasil. Los que se jugaron a fondo en esta aventura de extirpar al kirchnerismo de la vida política nacional utilizando al Poder Judicial parecen decididos a seguir con la misma estrategia hasta el final. A matar o morir. (Luego del atentado contra la vicepresidenta esta frase dejó de ser una metáfora.)

La Corte Suprema, que fue capaz de reflotar una ley derogada por el Congreso para asaltar el Consejo de la Magistratura, ¿traerá un poco de racionalidad al Estado de derecho argentino? No parece posible.
Los medios del establishment que están obsesionados con dar una lección encarcelando a CFK, ¿apostarán a una comunicación más democrática y fiel a los hechos? Parece difícil.

El principal partido político opositor, que en buena medida es conducido por el establishment económico-mediático, ¿abandonará la metodología de usar la cárcel y la judicialización de la política contra el adversario? También suena complejo.

Las preguntas parecen conducir a un callejón sin salida. Pero es posible confiar en los logros institucionales, más allá de los retrocesos, que tuvo la Argentina en los últimos cuarenta años. La democracia se abrirá camino.