En la Argentina se estima que el déficit habitacional alcanza a 3,5 millones de viviendas en todo el territorio nacional aunque, como es lógico, con mayor incidencia en las provincias más densamente pobladas, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, a las que se suman también Mendoza, Tucumán y la ciudad de Buenos Aires.

En la mayoría de los casos, se trata de viviendas existentes pero con serios problemas en la calidad de la construcción, falta de acceso a servicios básicos –agua potable, cloacas, red de gas, electricidad–, y muchas de ellas están emplazadas en zonas urbanizadas sin un plan, por lo que las calles y accesos carecen de asfalto, iluminación, alcantarillado, etc.

Parte de esta carencia habitacional puede observarse en las 4.416 villas y asentamientos irregulares que existen en el país. Este es un dato relevado por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en 2017, de modo que la situación actual bien puede haber variado en mayor o menor medida.

De ese total, 1.578 asentamientos están localizados en la provincia de Buenos Aires, con foco en el conurbano, que junto a los que están en Córdoba y Santa Fe explican el 44 por ciento del total a nivel nacional.

Con este cuadro de situación, el Gobierno nacional se propuso comenzar a paliar la compleja situación en materia de vivienda y para ello volcó millonarios recursos al programa federal Casa Propia, al Procrear II y al programa Reconstruir, entre otros, que en base a recursos públicos y créditos hipotecarios a tasa subsidiada, además de otros instrumentos, buscan beneficiar a la mayor cantidad posible de familias.

Incluso la decisión de tener un ministerio específicamente dedicado a la problemática de la vivienda da cuenta de la relevancia que tiene en el orden de prioridades del Gobierno nacional.

HOJA DE RUTA

Según fuentes del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en lo que va del año ya se entregaron más de 20.000 unidades y se espera llegar a fin de año con 100.000 viviendas en construcción. Es parte de un plan más amplio que tiene como meta alcanzar las 264 mil unidades a través del programa Casa Propia entre 2021 y 2023, cuando finalice el actual mandato del gobierno del Frente de Todos.

En la actualidad, están en construcción 48.472 viviendas en todo el país, según datos oficiales, a través de los distintos programas, y está previsto construir otras 19.374 entre septiembre y octubre, e iniciar la construcción de 31.555 casas más entre noviembre y diciembre.

Fuentes gubernamentales estiman que las mencionadas 100 mil viviendas en construcción generarán unos 300.000 puestos de trabajo, que casi duplicarían la cantidad de trabajadores formales y registrados que hoy trabajan en la actividad.

Pero no sólo de trabajo viven hombres y mujeres. El déficit habitacional entraña cuestiones de difícil resolución en materia social, sanitaria, educativa y hasta emocional. Pocas cosas son tan gratificantes como ver la cara de los niños y niñas cuando sus familias resultan sorteadas en alguno de los planes de vivienda y pueden ver y tocar su nuevo hogar.

Por eso, como lo expresan el propio ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y otros funcionarios del área, la situación es tan compleja y está tan extendida a lo largo y ancho del país que la política de vivienda debe ser una política permanente, que trascienda las gestiones y que busque dar respuestas concretas en el menor tiempo posible.

MANOS A LAS OBRAS

“A fin de año vamos a estar construyendo más de 100.000 unidades y entregando la vivienda 30.000”, señaló hace pocos días el ministro Ferraresi al participar de un encuentro virtual organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

El funcionario destacó que “a partir del programa de vivienda se van a generar 300.000 puestos de trabajo” de manera directa en la construcción, y detalló que el objetivo es que “a partir de 2024 se construyan 75.000 viviendas por año en la Argentina” de modo que “en quince años el problema del hábitat estará casi resuelto”.

El recorrido es largo pero el movimiento ya empezó. “Un viaje de mil millas comienza con un primer paso”, dijo alguna vez el filósofo chino Lao Tsé (siglo VI a. C.), aunque la historia recogió esa sentencia a través de una paráfrasis atribuida a Mao Zedong sobre la Larga Marcha, al comenzar el proceso revolucionario en China al promediar la década de 1920.

En algún sentido, es lo que está haciendo el Gobierno nacional. Hoy existen tres programas centrales en materia de vivienda, que empujan aquellas cifras mencionadas más arriba.

Por un lado está Casa Propia, apuntalado en créditos hipotecarios a tasa cero, sólo ajustables según la evolución de los salarios (CVS), con líneas para construcción nueva (hasta 4,3 millones de pesos a treinta años) de unidades hasta 60 metros cuadrados, o refacción (entre 100.000 y 240.000 pesos a 36 meses). Casi semanalmente, y previa inscripción en el portal específico, la adjudicación de los créditos se hace por sorteo emitido en vivo por la Televisión Pública y ante escribano público, para garantizar la transparencia.

Además, se revitalizó el programa Procrear II, de desarrollo urbano, territorial y habitacional a nivel federal, que a través de licitaciones públicas promueve la construcción de barrios en centenares de municipios y ofrece soluciones a la gente que necesita una vivienda.

Aquí se mantiene la modalidad de créditos hipotecarios a tasa cero, ajustable por índice de variación de salarios, y en la propuesta incorpora en los barrios servicios básicos, conectividad, servicios de salud y educación, en una propuesta amplia que incluye además aspectos culturales y sociales.

Todo esto no estaría completo sin disponibilidad de suelo donde construir. Para eso, se lanzó el Programa Nacional de Suelo Urbano, que busca loteos para comprar en distintas provincias, donde avanzar con el Procrear II y las herramientas crediticias para vivienda.

Procrear se relanzó en agosto de 2020, y a través de la línea Microcréditos Mejoramientos ya otorgó 49.768 créditos personales a través de sus distintos segmentos, fueron entre 50.000 pesos para compras de materiales hasta 500.000 pesos para refacciones, sumando hasta el momento un total de 10.383.550.000 pesos a cargo del Estado nacional.

Por su parte, Casa Propia ya otorgó 50.299 créditos, que totalizaron 10.919.700.000 pesos, provenientes de recursos del Gobierno central.

Además, se implementó el Programa Reconstruir, cuyo objetivo es reactivar unas 55 mil unidades de vivienda que quedaron “paralizadas y abandonadas a partir del año 2016 en todo el territorio nacional, en perjuicio de todas aquellas familias que esperaban recibirlas”, señalaron fuentes ministeriales. Tiene un presupuesto de 110.000 millones de pesos.

Al respecto, el presidente Alberto Fernández, durante un acto de entrega de viviendas en el barrio Isla Maciel en Avellaneda, señaló: “El Gobierno anterior decidió no terminar ni entregar las viviendas que durante la gestión de Cristina Fernández quedaron prácticamente finalizadas, y no les importó saber que había miles de familias que las necesitaban”.

Y agregó: “Pensaron que el mercado iba a resolver el problema de la vivienda, pero nosotros estamos convencidos de que sólo se resuelve con un Estado presente del lado de los más postergados, porque si no hay manera de equilibrar la balanza, algunos pocos ganan mucho mientras que muchos otros pierden mucho”.

Tal vez esto explique por qué los créditos hipotecarios están accesibles incluso para quienes perciben haberes de entre uno y ocho Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).