Desde abril del año pasado, cuando se levantaron parcialmente las regulaciones a la Formación de Activos Externos (FAE), es decir, al mal llamado “cepo”, la compra de dólares para atesoramiento ascendió a 40.500 millones, “monto prácticamente equivalente a toda la deuda, pública y privada, contraída por nuestro país desde diciembre de 2023”. Así lo señala el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que asesora entre otros a Naciones Unidas y al Banco Interamericano de Desarrollo, y que además detalla que el gobierno es responsable de 11.500 millones de dólares de la totalidad de esa deuda. Pese a ello, el monto restante adquirido por privados también deberá ser respaldado por la Argentina, pues a la hora de la cancelación de los préstamos los privados pueden reclamarle al Banco Central la venta de dólares para tal fin, es decir, utilizar parte de las reservas en moneda extranjera de nuestro país.

Esta dinámica daría cuenta de una virtual privatización de los montos tomados en deuda por el gobierno, es decir deuda pública, cuyo pago y cancelación de intereses queda a expensas de los argentinos en el futuro, pero cuyo monto tomado en préstamo no está invertido en el país sino en manos de los privados. De esta forma, el hecho de que tanto el Estado como los privados se endeuden con la deriva final de que los argentinos puedan ahorrar en dólares tal vez sea uno de los puntos más nocivos de la actual dinámica, pero no la única. Según añade FIDE, “la exigencia que genera sobre la cuenta financiera externa esa demanda de divisas y la incertidumbre que despierta su previsible aceleración a medida que nos acerquemos al año electoral constituye, una vez más, el frente de mayor vulnerabilidad a la hora de evaluar las condiciones de la estabilidad cambiaria”. En otras palabras, que la actual dinámica de demanda de dólares de ahorristas, que desde enero superó los 2.000 millones mensuales y posiblemente se incrementará como resguardo de cobertura frente a la incertidumbre que generan las elecciones del año próximo, amenaza con posibles nuevos saltos devaluatorios, lo cual podría acabar con uno de los únicos logros contundentes, la contención de la inflación, de un gobierno cuya gestión ha tenido como saldo la pérdida de neta de 26 mil empresas, 236 mil empleos privados y 82 mil públicos, así como caídas de ingresos del 24 por ciento para los jubilados, 8 por ciento para los salarios privados y 22 por ciento para los salarios públicos, de acuerdo con el último informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas y docentes de la Universidad Nacional de Rosario.

Según señala a Caras y Caretas Pedro Gaite, economista jefe de FIDE, “a lo largo de la historia, bajo gobiernos neoliberales la deuda externa y la fuga de capitales conformaron dos caras de la misma moneda, o sea, la deuda terminó financiando la formación de activos externos y no se utilizó para mejorar significativamente la infraestructura ni la productividad de la economía, o para diversificar la estructura productiva y aumentar la capacidad exportadora para poder pagar esa deuda en el futuro”. Pese a ello, Gaite añade que el gobierno de Milei, a diferencia de la convertibilidad llevada adelante por los gobiernos de Menem y De la Rúa, o bien de la última dictadura, registra “un proceso de endeudamiento menos acelerado que en esas experiencias, sobre todo del sector público, porque la mayor parte del endeudamiento en moneda extranjera lo explica el sector privado, en buena medida porque todavía no hay acceso al financiamiento voluntario para el Estado”. Con todo, el economista señala que el proceso de endeudamiento liderado por el sector privado “es menos nocivo que el del sector público, pero es deuda que en algún momento se va a dar vuelta y también se tiene que pagar, lo cual va a implicar más demanda de dólares, parecido a lo que pasó luego de Macri y con Alberto Fernández, donde una de las demandas de dólares más fuertes en este último gobierno fue para el pago de deuda privada entre 2020 y 2023”.

Todo lo que cabe en una cifra  

Pero 40 mil millones no solo es el número que refleja el endeudamiento argentino desde diciembre de 2023 y que compromete seriamente la estabilidad macroeconómica futura a la hora de devolver este endeudamiento, ni el número de los dólares atesorados en ese lapso por parte de los ahorristas.

Y es que esta cifra adquirida por los argentinos con poder de ahorro equivale también a la totalidad de las exportaciones del campo argentino desde esa fecha, o al doble de lo que ingresó por el actual auge de las exportaciones mineras y energéticas, en este último caso gracias a la puesta en marcha tres años atrás del gasoducto Néstor Kirchner, renombrado por la actual gestión Perito Moreno.

Estos índices fueron compilados por el Instituto Argentina Grande, que especifica que el monto de dólares comprado por las personas equivale al 95,7 por ciento del saldo agropecuario, que arrojó un acumulado positivo de 44.834 millones de dólares, y a prácticamente duplicar el saldo positivo de 20.011 millones de dólares de la balanza energética (gas, electricidad y petróleo) más la minería.

40 mil millones de dólares es, también, la cifra total y acumulada que perdieron los trabajadores desde el ascenso del gobierno de Milei, pues de acuerdo con el citado informe del Mirador, al sumar todas las pérdidas de ingresos laborales desde diciembre de 2023, los asalariados dejaron de percibir 40.469 millones de dólares al tipo de cambio oficial, a los que habría que sumar, incluso, 15.319 millones que por la caída salarial dejó de recaudar la seguridad social, lo cual afectará sus jubilaciones futuras, así como otros 4.000 millones que dejaron de recaudar sus obras sociales, y otros 1.000 millones sus sindicatos.