No sé por qué pensé en Hamlet, el torturado personaje de Shakespeare, y en su dilemática y violenta búsqueda de la verdad. Tal vez por asomarme al tema de la verdad o las mentiras en las redes sociales, porque el dilema en ese universo siempre es y será ser o no ser truchos, para decirlo en criollo. “Verdad” es un término muy complejo, por lo tanto es mejor usar la palabra “veracidad”, que no pronunciamos en vano cuando una información o noticia es cierta y contrastable con los hechos. Veracidad, porque no se trata de interpretaciones, juegos actorales de metonimias escritos al viento, como cuando se designa una cosa con el nombre de otra (“oficialistas” igual a “kirchneristas”; “militantes sociales” igual a “choriplaneros”; “macristas” igual a “agrogarcas”). En Trucholandia existe la infodemia: la viralización de las fake news y de los discursos de odio como virus de la información veraz y la manipulación de creencias, cuyo objetivo es instigar a los ciudadanos a elegir con base en informaciones falsas afectando su derecho humano a elegir en libertad.

La aparición de internet fue una revolución en las comunicaciones. La posibilidad de enlazar el mundo virtualmente a través de los mails también. Pero la aparición de las redes sociales, la existencia de Google, Amazon, Facebook, Apple, grandes monopolios de la información, de los big data con miles de millones de algoritmos sobre seres humanos, con sus perfiles objetivos y subjetivos, fue la piedra filosofal de la contradicción esencial entre la información y la manipulación; entre la veracidad y la mentira. Estas corporaciones se transformaron en la bête noire de la comunicación no sólo por ser monopolios sino por comprobarse, por ejemplo, que la venta masiva de datos con perfiles de unos 50 millones de usuarios de Facebook sirvió para que la empresa Cambridge Analytica incidiera en las campañas electorales de Inglaterra (Brexit) y la Argentina en 2015.

El dilema de la manipulación y la veracidad en las redes sociales llegó para quedarse. Lo que se debate ahora es cómo curarse sin violar la libertad de prensa. La resistencia de las corporaciones mediáticas en la Argentina y en el mundo implica la defensa de poder mentir y manipular (“periodismo de guerra” en estas pampas), como si fueran algo esencial a la existencia de su poder. Y lo son.

En las redes ocurre un cambio antropológico que implica la negación de la política como debate y sólo queda el látigo de un cliché sin argumentación. Por las redes circulan expresiones violentas que acosan, segregan, discriminan, limitan el ejercicio de derechos y generan un clima intolerante, cargado de prejuicios que consolidan la discriminación y la hostilidad contra ciertas personas o grupos. Son ataques motivados por temas raciales, de género, religión, nacionalidad, ideología, color de piel, entre otros. Los discursos sociales del odio transmiten una mirada violenta del mundo, del rechazo al diferente, y buscan limitar la plena libertad del otro, por eso son antidemocráticos, imponen un pensamiento único y tienen como objetivo a los grupos vulnerables. Consolidan prejuicios y construyen el escenario ideal para el ejercicio de la violencia. Son un sistema cerrado, inmune a los derechos y datos de la realidad, y su fuente vital es el miedo y el rechazo al otro.

Facebook prohibió más de 250 organizaciones supremacistas blancas y, en el segundo trimestre de 2020, eliminó 22,5 millones de discursos de odio de su plataforma. Las grandes corporaciones mediáticas no dejan de oponerse a que existan observatorios o centros de alfabetización comunicacional en manos de los Estados. Por ejemplo, la Unesco acaba de firmar acuerdos con varios países para alfabetizar o crear ciudadanía comunicacional. El Estado francés prepara en estos días una batería de medidas para regular el odio en las redes sociales, y se instaló un debate sobre el alcance y los límites de la libertad de expresión y el papel a menudo irresponsable que cumplen empresas como Twitter, Facebook o Snapchat. El primer ministro francés, Jean Castex, está pensando en la idea de considerar un delito “poner en peligro a otros mediante la publicación de datos personales”.

Tal vez, como señalan Pablo Hernández y Diego Vesciunas en su trabajo “Cómo desarmar la infodemia”, “se requiere un compromiso democrático excepcional –público y privado– para superar las malas prácticas de ciertas culturas políticas y mediáticas (fake news, discursos de odio), hoy digitalmente potenciadas”. Los grandes medios en la Argentina, que han demostrado no ser inmunes a la pandemia de las fake news ni del odio político, deberían tranquilizarse con Nodio, un foro con esas características de la Defensoría del Público, que apunta a concretar acuerdos con la Unesco y otras organizaciones públicas y privadas para la alfabetización comunicacional de los argentinos, para salvarlos de vivir en Trucholandia.