Luego de 15 horas de debate en el Congreso, el 15 de julio de 2010 se aprobó en la Argentina la Ley de Matrimonio Igualitario. Los proyectos habían empezado a presentarse en 2005, pero fue en 2007 cuando se instaló en la sociedad la discusión sobre la necesidad de ampliar los derechos matrimoniales hacia personas del mismo sexo.
La estrategia fue tan simple como efectiva: el 14 de febrero de ese año, María Rachid y Claudia Castro fueron al Registro Civil a pedir turno para contraer matrimonio. Se lo negaron, presentaron un amparo judicial y los medios de comunicación se hicieron eco. “Esa fue la estrategia más eficaz en términos comunicacionales porque nos permitió instalar el tema en la agenda pública. Para llegar a esa instancia estudiamos las tácticas utilizadas en otros países. Evaluamos proyectos, amparos y decidimos enfrentar todos los caminos posibles”, recuerda Rachid, protagonista de esa historia, militante de género y diversidad, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la CABA y una de las redactoras de la Ley de Matrimonio Igualitario y de la de Identidad de Género. La jueza María Bacigalupo dictó un fallo en primera instancia en el que negó el derecho de la pareja a casarse aduciendo que “el matrimonio es y ha sido la institución que protege la unión heterosexual de la que nacerán nuevos miembros (los hijos) para que la sociedad no se extinga”. Acto seguido, para justificar su decisión, la jueza citó unas palabras de un libro del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Allí el jurista explicaba que la legislación prohibía los matrimonios homosexuales. Pero la jueza no se percató de que en el mismo texto el abogado afirmaba que esa prohibición era inconstitucional. “Gil Domínguez se enojó tanto con ese fallo que se puso a nuestra disposición. Otro que nos ayudó mucho fue Raúl Zaffaroni”, recuerda Rachid. “El avance de la Justicia era importante, pero sobre todo era una excelente excusa para recibir la atención de los medios de comunicación e instalarlo en la agenda pública”.
–El matrimonio igualitario fue mucho más que lograr que las parejas del mismo sexo tuvieran los derechos de compartir prepaga o heredar; logró un cambio de paradigma en términos de derechos.
–Cuando el tema estuvo instalado en la sociedad, lo primero que hicieron los sectores más conservadores que se habían opuesto incluso a la unión civil de la Ciudad de Buenos Aires fue proponer una unión civil nacional con todos los derechos: compartir la obra social, pensión, herencia. Nosotres respondimos con la misma consigna que usaron en España: ‘Queremos los mismos derechos con los mismos nombres’.
–¿Por qué el énfasis en los mismos nombres?
–Lo explicábamos con el ejemplo de las leyes del apartheid de muchos lugares del mundo. Cuando africanos y afrodescendientes peleaban porque no se les permitía viajar en la parte de adelante del colectivo, porque había universidades para negros y para blancos, no peleaban porque la parte de adelante del colectivo fuera mejor o porque la universidad de los blancos fuera mejor que la otra; peleaban por la igualdad, porque la igualdad como mensaje del Estado te permite luchar contra la discriminación y la violencia que se da en la vida cotidiana. Si un Estado te dice que no tenés acceso a los mismos derechos, que no sos igual ante la ley y no tenés las mismas oportunidades, ese mensaje de desigualdad y discriminación se traduce en hechos de violencia, por lo tanto era muy importante que fueran los mismos derechos con los mismos nombres. Por supuesto que para una familia es muy importante compartir una obra social, una pensión, a veces es algo de vida o muerte, pero más allá de eso, para nosotres era fundamental ese mensaje de igualdad por parte del Estado.
–Cuando el proyecto se discutía en el Congreso hubo jueces de paz que dijeron que iban a invocar objeción de conciencia para no casar a personas del mismo género.
–Hubo muy pocos casos y nosotres presentamos de inmediato una causa penal por incumplimiento de deberes de funcionario público. Se retractaron al poco tiempo. Fue muy interesante la discusión legislativa sobre la objeción de conciencia. El proyecto de mayoría en el Senado no fue matrimonio igualitario, fue una unión civil que presentó Liliana Negre de Alonso –la representante de la Iglesia en el Senado–, que incluía la objeción de conciencia. Varios legisladores calificaron, como textualmente dijo Miguel Ángel Pichetto, que esa objeción de conciencia era propia de la Alemania nazi. Es significativa esta posición que tomó la mayoría de los legisladores para el tema de objeción de conciencia porque opera igual para el aborto. Un funcionario público está para cumplir la ley. La objeción de conciencia es propia de los ciudadanos, no de un funcionario que tiene que hacer cumplir la ley. Lo mismo ocurre en el caso del aborto y los médicos que tienen que cumplir con la ley.
–Este debate fue uno de los pocos, como en el caso del aborto, que las familias siguieron por la tele o salieron a las calles a manifestar su posición.
–Sí, se involucraron muchos ciudadanos y ciudadanas, como ocurre con el aborto. Los sectores que se oponen son prácticamente los mismos, los argumentos son muy parecidos, tienen que ver con imponer una moral propia al conjunto de la sociedad. Eso en general viene de distintos fanatismos religiosos. La que tiene más poder en la Argentina es la Iglesia católica, pero también algunas evangélicas y otros sectores religiosos buscan imponer sus dogmas al conjunto de la sociedad. Son los mismos sectores y prácticamente con los mismos argumentos; los mismos que se oponían al divorcio y al voto de la mujer.
–“Los argentinos no estamos preparados para esto”, decían tanto cuando se debatió la Ley de Divorcio como la de Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género.
–A veces, incluso, compañeros y compañeras con las mejores intenciones de distintos movimientos sociales absorben estas cosas. Me acuerdo de haber ido a un debate en la Universidad de Palermo donde se hablaba sobre el nuevo Código Civil. Preguntamos por qué habían puesto que la filiación fuera solamente de dos personas, por ejemplo, ya que nos parecía regresivo. Una abogada nos respondió: “La sociedad no está preparada para la filiación de más de dos personas”. Dos meses después, la provincia de Buenos Aires reconoció por vía administrativa una triple filiación. Cuando el jefe de Gabinete de Scioli, Alberto Pérez, le entregó el DNI, dijo a los medios algo que nos sorprendió y nos gustó mucho: “Cuando nos trajeron este tema, la verdad es que no nos preocupó el exceso de amor que va a tener Antonio. Va a tener un papá, dos mamás, un montón de tíos, abuelos y abuelas, ¿cómo no vamos a reconocer a esta familia?”. Se lo reconoció con este argumento tan sencillo y tan real. Mirá si estaba preparada la sociedad como para que un gobernador que no era tildado de muy progresista haya considerado que había que reconocer esta identidad familiar. Después lo hizo la Ciudad de Buenos Aires en el caso de Marta Dillon con su hijo, que eran tres en esa conformación familiar, y se reconoció otro caso más hasta que entró en vigor este nuevo Código y se terminaron las triples filiaciones. Por lo menos vía administrativa, ahora las estamos judicializando.
–La Ley de Matrimonio Igualitario abrió la puerta a la Ley de Identidad de Género.
–Absolutamente, la Ley de Identidad de Género prácticamente destruye el concepto de sexo/género en nuestro país, porque lo que dice es que el sexo de las personas no está basado en los cuerpos que tengan. Entonces, ¿qué es el sexo? Esa ley deconstruye la noción de sexo así como fue deconstruida la noción de raza. Es superrevolucionaria, mucho más de lo que se dimensiona. Y se aprobó con una abstención en el Senado, ningún voto en contra. En esto tuvo que ver el impacto cultural que causó la Ley de Matrimonio Igualitario. La sociedad acuñó ese logro como una bandera, y la dirigencia política no se animó a cuestionar nada, se aprobó de manera casi automática y casi como querían las organizaciones. Cuando es el Estado con todas sus instituciones quien está expresando este mensaje de igualdad, la legitimidad es otra, y eso inexorablemente transforma a la sociedad
–¿Qué falta todavía?
–A nivel legislativo estamos trabajando con dos iniciativas: una es la ley integral trans, que incluye el cupo laboral para personas trans en el Estado; otras iniciativas de inclusión laboral, como el incentivo y dispositivos a las empresas que toman personas trans, ayudas para cooperativas integradas mayoritariamente por personas trans; programas de terminalidad escolar en el ámbito educativo; programas de vivienda… Una batería de herramientas y políticas públicas para revertir la situación de extrema exclusión y marginación que viven las personas trans en la Argentina y en la región. Después está la Ley Antidiscriminatoria. La actual es de 1988, tiene una sola carilla, define discriminación y establece algunos tips menores para unas situaciones extremas pero no da herramientas para trabajar contra la discriminación en lo más mínimo, por lo tanto proponemos una nueva ley antidiscriminatoria que sea más clara con respecto a su definición. Lo que está pendiente y es muy importante es la batalla cultural que requiere transformar la igualdad jurídica en la igualdad real. Es algo por lo que las mujeres estamos batallando desde hace muchos años. Hemos logrado la igualdad jurídica, pero todavía falta un trecho para lograr la igualdad real. Lo mismo pasa con la diversidad: hemos alcanzado un piso de igualdad jurídica muy importante pero falta trabajar por la igualdad real, y para eso hace falta una batalla cultural que hay que dar a través de la comunicación, de la educación y de la cultura.
