“Nacionalización de todo el combustible, monopolio estatal de la explotación, control estatal de la exploración, monopolio estatal del transporte del combustible, autonomía de YPF, prohibición de transferir las concesiones”. La frase pertenece a Enrique Carlos Alberto Mosconi, el padre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cuando en 1928, apoyó la ley que el presidente Hipólito Yrigoyen presentó al Congreso para nacionalizar –definitivamente- la cadena de producción de petróleo y que, apenas dos años después, fue una de las causas reales del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 en contra del gobierno radical. “No queda otro camino que el monopolio del Estado pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, la elaboración, el transporte y el comercio. Sin monopolio del petróleo es difícil, diré más, es imposible para un organismo del Estado vencer en la lucha comercial las organizaciones del capital privado”, reafirmaba militar, ingeniero civil e ideólogo y primer presidente de YPF en 1922.

Nacido el 21 de febrero de 1877, hijo del ingeniero italiano Enrico y de María Juana Canavery, una mujer de ascendencia irlandesa, Mosconi decidió ingresar a los 14 años en el Colegio Militar de la Nación, del que egresó tres años después con el grado de subteniente de infantería. Su carrera fue un ascenso constante e incluyó viajes por la Patagonia y Cuyo y por Europa. Pero en 1896 ingresó en la carrera de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, en donde conoció a un hombre que despertaría en él una obsesión para él: la energía. Se trataba del experto en minería Enrique Hermitte, quien descubrió el primer pozo de petróleo en Comodoro Rivadavia.

Militar de la vieja escuela –a la que pertenecieron Manuel Savio y Juan Domingo Perón, entre otros- Mosconi siempre representó los anhelos de una política energética y un desarrollo industrial autónomo, independiente y sostenido.

“Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieren enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de exploración y explotación al capital extranjero, para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtiene, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. Porque entregar nuestro petróleo es como entregar nuestra bandera”.

Transferido a la división de Ingeniería del Ejército en 1903, se especializó en el estudio de construcción de plantas hidroeléctricas en Italia, Bélgica y Alemania, donde conoció las concepciones industrialistas de Friedrich List. Este economista alemán profesaba el crecimiento aislado de las naciones basado en el desarrollo del sistema energético y el proteccionismo industrial. Con esas ideas en la cabeza, Mosconi se asentó definitivamente en la Argentina antes del estallido de la Primera Guerra Mundial.

En 1922, y tras un conflicto con la empresa West India Oil Co –quien tenía el monopolio de ventas de naftas para aviones–, el gobierno de Yrigoyen fundó YPF y unos meses después –ya en el mandato de Marcelo Alvear, el 16 de octubre, Mosconi asumió como su primer director general.

Nombrado por ocho años y con un capital inicial de ocho millones de pesos y construyó una empresa autosuficiente y autosustentable y logró que la empresa pasara de una producción de casi 349 mil metros cúbicos de petróleo en el primer año de gestión a casi 900 mil en 1929. Y si bien en un primer momento era partidario de conformar una empresa mixta con capitales nacionales y extranjeros, hacia 1928 se convenció de que “no queda otro camino que el monopolio del Estado”.

El modelo YPF fue tan exitoso, que Mosconi viajó por toda América Latina exportando la experiencia. Producto de esa recorrida, nacieron emulando a la empresa estatal argentina la uruguaya Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), la boliviana YPF y, en Brasil, el Consejo Nacional de Petróleo. Pero la perla de su gestión fue la Destilería de La Plata –fundada en 1925– que produjo naftas, kerosene, fuel-oil y nafta de aviación, la gran preocupación del militar.

La gigante obra de Mosconi comenzó a resquebrajarse a partir del golpe militar del 6 de septiembre de 1930. Nacionalistas de palabras, José Félix Uriburu y los suyos echaron de inmediato a Mosconi de YPF y cedieron a los intereses de las empresas –entre ellas la Shell– que querían explotar los yacimientos de Salta recientemente descubiertos por la empresa estatal. Pero su obra y su pensamiento siguieron vigentes y alcanzaron rango constitucional. Intelectuales nacionalistas e industrialistas como Raúl Scalabrini Ortiz, Alejandro Bunge, Arturo Jauretche y tantos otros abrevaron de su doctrina. Pero quizás el mejor homenaje que el sistema político le haya hecho jamás fue ese célebre artículo de la Constitución Nacional sancionada en 1949 y derrocada por la dictadura de Pedro Aramburu. En el artículo 39 la Carta Magna dice: “El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino”. Y el siguiente, el 40, es más “mosconiano” aún: “La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine”.

“Propiedad imprescriptible e inalienable” de la Nación. Nadie después de Perón se animó a tanto en este país. Celebrar a Mosconi es ponerlo en valor hoy, volverlo práctica, actualizarlo y hacernos una gran pregunta: ¿Qué monopolios deben ser nacionalizados hoy para garantizar el bien de la Nación?