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MENOS LIBROS PARA MENOS LECTORES

En el siglo XX argentino, dos experiencias encumbran el podio de la censura: la dictadura de 1955-1958, que proscribió al peronismo y todos sus símbolos por 18 años, y la de 1976-1983, que quemó y secuestró publicaciones, desapareció y persiguió a escritores y devastó la industria editorial.

La historia de la lectura es un aspecto central de la historia de la cultura. No obstante, como “cultura” es una palabra inestable, propongamos alguno de sus muchos sentidos posibles.

Digamos que la cultura es algo así como una escena en la cual adquieren sentido las transformaciones sociales y las luchas en torno al problema del poder. En la cultura se dramatizan los conflictos sociales. Y de este modo, la cultura se convierte en uno de los actores de las luchas por el poder. A su vez, la historia de la cultura –y de la lectura– es incomprensible sin la historia de la censura. Los censores son odiosos como los verdugos, pero son representativos y tienen enorme influencia en el desarrollo de las industrias culturales y en la conformación de la cultura en general.  Sin ellos, la historia de la lectura estaría incompleta.

Como en cualquier otra sociedad, las luchas por el poder en nuestro país estuvieron y están acompañadas por políticas culturales en las cuales se promueven unas lecturas y se censuran otras. La Iglesia católica, por ejemplo, a fines del siglo XIX y principios del XX, estaba a la defensiva frente al poder liberal de la Generación del 80, el avance del modernismo y el desarrollo de los partidos de izquierda. Las elites liberales de entonces coincidían con ella en controlar la circulación de textos anarcosindicalistas, pero al mismo tiempo controlaban la distribución de libros que cuestionaban la secularización del Estado, aspecto de gran importancia en su proyecto de país.

Con más rencor que vuelo intelectual, a partir del golpe de 1955 una alianza de liberales, conservadores, socialistas y radicales impuso un proceso de desperonización con casos grotescos, como acusar a Tita Merello de contrabandista, con artistas empujados al exilio y otros encarcelados, y con la prohibición de escribir y/o mencionar al “tirano prófugo”, colmo del control de la lectura, al cual el pueblo peronista le respondió pintando paredes que saltaban sobre ojos alfabetizados que tenían prohibido leer lo que no podían dejar de ver.

 QUEMA Y DESAPARICIÓN

La dictadura militar de 1976 llevó la censura a los mayores extremos de racionalidad y perversión. Controló tanto las condiciones de producción como las de distribución y consumo. Consiguió que escritores quemaran o escondieran parte de sus propias bibliotecas, impuso la autocensura más eficiente conocida en nuestra historia cultural, prohibió y destruyó cientos de miles de libros. Algunos fueron desaparecidos, como ocurrió en Eudeba en 1977: convocados por las autoridades civiles de la empresa, los camiones militares se llevaron más de 90 mil volúmenes. Nunca más se supo de ellos. Otros fueron quemados. En junio de 1980, por orden del juez federal Héctor de la Serna, la Policía Bonaerense quemó 24 toneladas de libros del Centro Editor de América Latina: para que no quedaran dudas, el juez ordenó fotografiar la enorme fogata.

Al fuego, la prohibición y el secuestro de libros se suman 103 escritores desaparecidos, a los cuales debemos agregar los que fueron encarcelados y empujados al exilio.

Hubo libros perseguidos porque su título incluía la palabra “cuba”, como La cuba electrolítica. Sin embargo, la censura y la represión cultural fueron parte de un proceso racional y planificado; una estrategia nacional y centralizada de control cultural, puesta en práctica entre intelectuales y militares aliados en el común objetivo de someter a la sociedad argentina a las necesidades del bloque de poder de entonces. Resulta asombroso

–y a veces sospechoso– que esta política sea negada con insistencia todavía hoy; ocupó un lugar central en la estrategia dictatorial. A la militancia masacrada y al cierre de fábricas, se corresponde la persecución sistemática de símbolos, discursos, imágenes, tradiciones, modas, películas, textos, canciones, autores, etcétera.

No sólo se clandestinizaron campos de concentración y grupos de tareas,  sino  también equipos de especialistas en control cultural. La Dirección General  de  Publicaciones del Ministerio del Interior (a cargo del general Albano Harguindeguy, recordemos) ocupaba un edificio de siete pisos (Moreno al 700) repleto de especialistas que dictaminaban acerca de novelas, ensayos, poesías y revistas en general. Hay listas de torturadores, pero hay hasta cierto rechazo por identificar a los intelectuales y profesionales que trabajaron como censores.

UNA POLÍTICA A MEDIDA

La censura fue un aspecto de la política cultural de la dictadura, que persiguió lo que no le convenía y promovió lo que necesitaba. Se ha escrito acerca de este fenómeno en los medios de comunicación, por ejemplo. Veamos un caso del mundo editorial: el contrato entre las autoridades de Eudeba y el Ministerio del Interior. Acordaron que una de las editoriales universitarias más prestigiosas del mundo cedía su sello editorial para publicar libros seleccionados por los asesores del general Harguindeguy. El contrato era secreto y los libros elegidos fueron integrados a las colecciones de la editorial. Los lectores nunca supieron nada. Se imprimieron y distribuyeron por todo el país docenas de 20 títulos, decenas de miles de ejemplares, algunos de los cuales todavía circulan por las librerías de viejos de la avenida Corrientes o en Mercado Libre.

Entre los autores locales seleccionados por la inteligencia militar se encuentran Luisa Montuschi, Vicente Vázquez Presedo, Antonio Castagno, Ezequiel Gallo, Alberto Benegas Lynch o el sacerdote tomista Octavio Derisi; entre los extranjeros, El Club de L’Horloge, Michel Poniatowski, Valéry Giscard D’Estaing, Maurice Duverger, Abram Bergson, Friedrich Hayek y Wolfram Engels, sin que nos haya sidoposible saber si los autores supieron que eran parte de una estafa ideológica orquestada por el régimen.

A su vez, la política cultural de la dictadura también modificó el modelo económico del sector. La industria editorial argentina había sido la más importante de habla hispana, y Eudeba, la mayor editorial universitaria. Finalizada la dictadura militar, el mercado editorial había quedado reducido a su menor expresión histórica, concentrado y en manos de empresas extranjeras. Eudeba quedó devastada. Si la consigna de Eudeba en los años 60 era más libros para más gente, la dictadura conquistó su objetivo inverso: menos libros para menos gente. Fue la realización de su modelo económico en el terreno editorial. Pero eso ocurrió hace más de treinta años, y en una coyuntura en la cual la prioridad del momento es la lucha contra el hambre, parece un sueño que en nuestro país, alguna vez, se vendió un libro al precio de un kilo de pan.

Escrito por
Hernán Invernizzi
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