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IMPUNIDAD Y BETÚN

Los carapintadas se levantaron contra la democracia en repudio de los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Comandados por Aldo Rico primero y Mohamed Alí Seineldín después, su accionar fue clave para la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Por Gimena Fuertes. Pero afuera está el dragón”, cantaba Víctor Heredia, juglar popular que les puso letra a varios tramos del gobierno de Raúl Alfonsín. El acecho virtual del poder represivo de los genocidas se activó tres veces durante su mandato, condicionó el proceso de reconstrucción democrática y ganó una batalla estratégica que le permitió institucionalizar la impunidad.

A fines de 1986, el poderío militar agazapado en las sombras empezaba a nublar la llamada “primavera democrática”. Los tres poderes de la república comenzaban a retroceder. Corría el tercer año de su gobierno cuando desde el Ejecutivo, Alfonsín envió al Congreso la Ley de Punto Final. Tras un acuerdo entre radicales y peronistas, el Poder Legislativo sancionó en la víspera de Navidad la Ley 23.492, que intentó frenar la acción de la Justicia penal contra los genocidas, ya que habilitaba la extinción de “la acción penal respecto de toda persona por su presunta participación en cualquier grado”, hasta dos meses después de su sanción, con la excepción de los responsables de robo de bebés.

Desde el Poder Judicial, el 30 de diciembre la Corte Suprema de Justicia integrada había cambiado la calificación de “autores” de los delitos de lesa humanidad a “colaboradores”, lo que les otorgó la reducción de penas a los dictadores Eduardo Viola y Orlando Ramón Agosti.

En enero de 1987, la feria judicial se tuvo que levantar debido a la marea de denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de los genocidas. Al 23 de febrero, finalizado el plazo impuesto por la Ley de Punto Final, se procesó a 300 oficiales de altos mandos. Pero los acusados comenzaron a resistirse a participar de las audiencias y el dragón se terminó de desatar.

Fue el mayor Ernesto “Nabo” Barreiro quien el 14 de abril de 1987 se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba, imputado por torturas y asesinato de militantes secuestrados en el centro clandestino de detención de La Perla, el más grande de la provincia. Cuando la policía intentó trasladarlo por la fuerza al Tribunal, 130 efectivos, entre ellos soldados y oficiales, se acuartelaron para exigir el fin de los juicios y el cese de la acción de la Justicia civil.

La pólvora corrió rápido desde Córdoba a la provincia de Buenos Aires, en donde el teniente coronel Aldo Rico, que se encontraba hasta ese momento al mando del Regimiento de Infantería San Javier en Misiones, se trasladó a Campo de Mayo para dirigir la sublevación en la Escuela de Infantería. El dragón comenzó a rugir en todo el país. Diferentes regimientos de distintas provincias se sublevaron en contra del gobierno electo por los votos, pero Campo de Mayo se convirtió en el centro de la sublevación. Era la base de la rígida pirámide militar la que se levantaba en armas: oficiales y suboficiales genocidas preocupados por su situación judicial ya que no habían sido beneficiados con la Ley de Punto Final. Se esparcieron maquillaje betún y verde en sus caras.

Del otro lado crecía la resistencia popular. Miles de personas salieron a las calles de todo el país y llenaron la Plaza del Congreso y la Plaza de Mayo para reclamar su rendición. Alfonsín habló a las masas y llamó a los militares a replegarse.

¿LA CASA ESTÁ EN ORDEN?

Ya el Viernes Santo, la resistencia civil al levantamiento se aglomeraba frente a Campo de Mayo y la Escuela de Infantería. “Si se atreven, les quemamos los cuarteles”, les cantaban. Pero la tensión era cada vez mayor, y el Domingo de Pascuas la manifestación en las calles y sobre la ruta 8 que bordea Campo de Mayo crecía. Alfonsín fue personalmente a negociar con Rico y los carapintadas. Los ciudadanos y ciudadanas se enteraron del resultado del encuentro a través de la propia palabra presidencial. “La casa está en orden”, dijo Alfonsín desde el balcón de la Casa Rosada. El 4 de junio de 1987, un mes y medio más tarde, se sancionaba la Ley de Obediencia Debida, que exculpaba a los oficiales de su rol dentro del plan sistemático de tortura y desapariciones. La excusa fue que los subordinados “debían” acatar las órdenes impartidas por sus superiores. Rico fue condenado y se le otorgó el arresto domiciliario, del cual poco después escaparía.

A pesar de haber conseguido impunidad, los militares siguieron acosando al sistema democrático. Al año siguiente, el 15 de enero de 1988 se produjo el segundo alzamiento bajo el mando, otra vez, de Rico en Monte Caseros, Corrientes. El titular del Ejército, José Caridi, al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, se interpuso y Rico y sus secuaces se rindieron sin presentar batalla. Unos 430 oficiales y soldados fueron llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos. Desde su celda, Rico se convirtió en la principal figura del Movimiento por la Dignidad Nacional y líder del autodenominado “Ejército Nacional en Operaciones”, que perpetró varios atentados entre 1988 y 1989.

El último de los alzamientos carapintadas contra el gobierno de Alfonsín se produjo el 1 de diciembre de 1988. Esta vez no comenzó en el Ejército sino en una fuerza de seguridad civil, los Albatros de Prefectura, quienes saquearon las instalaciones de Zárate y se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que coparon el cuartel. Esta vez el liderazgo quedó en manos del ex coronel Mohamed Alí Seineldín, un veterano de la guerra de Malvinas, que le exigía a Alfonsín la amnistía general. Tras un intenso combate con morteros, Seineldín huyó a Villa Martelli, en el conurbano bonaerense. Se sumaron otros grupos carapintadas en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Salta. Pedían la cabeza de Caridi, la extensión de la Ley de Obediencia Debida a todo el personal militar excepto a los miembros de la Junta, la amnistía para los procesados por los alzamientos anteriores y la garantía de impunidad para todos los participantes del actual, menos para Seineldín. Tras el fracaso de la acción armada, luego de que los militares leales al gobierno rompieran el cerco, se detuvo a Seineldín, a los prefectos y al resto de los sublevados. Seineldín permaneció detenido y procesado hasta que el ex presidente Carlos Menem lo indultó. Hubo que esperar hasta el proceso de memoria, verdad y justicia que se abrió en 2003 para volver a encadenar al dragón.

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