Aunque no existe una relación automática o mecánica entre la muerte de oprimidos y la crisis o caída de un gobierno, es verificable que en determinadas combinaciones se produce una interacción explosiva entre ambos fenómenos. Suficientes actos sociales mostraron durante el siglo XX que el dolor de muerte puede volverse colectivo y adoptar formas que desemboquen en la opción de un cambio gubernamental.

El colapso del gobierno de Nixon en Estados Unidos en 1975 fue el resultado inexorable de una crisis política devenida del dolor muerte. Comenzó cuando la población miraba espantada en la TV el regreso de cadáveres yanquis desde los campos de Vietnam.

El escándalo Watergate solo fue su costado televisivo. Estados Unidos padeció más de 57 mil muertos en esa guerra. La sensación de rechazo se multiplicó en las familias hasta convertirse en una detonación política en 1975.

Se activó un poderoso movimiento social en las calles, universidades, que movilizó a jóvenes, mujeres y afrodescendientes. Produjo varias expresiones políticas. Una dirección política nacional con Martin Luther King y Malcolm X al frente, la animación de la agrupación estudiantil y barrial los Panteras Negras, la elevación a líder del migrante mexicano César Chávez, creador de la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (NFWA), incluso la rutilante candidatura presidencial del trotskista venezolano Peter Camejo, del Socialist Workers Party. Joan Baez, Cassius Clay y Susan Sontag fueron sus símbolos culturales.

Algo similar se vivió de otro modo en Argentina, con menos espectáculo, cuando el genocidio de 1976-1983 y los muertos de Malvinas se volvieron insoportables en la conciencia social. La diferencia en nuestro país fue que aquí produjo expresiones políticas y organizativas monumentales.

Un siglo trágico y creativo

La historiografía consagró que la Primera Guerra Mundial se desencadenó a partir de un asesinato que se transformó en polvorín entre imperios eslavos y Alemania. Esa crisis se conoció como la “Crisis de julio”.

Desde el mismísimo día en que un militante serbio mató al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa, el 28 de junio de 1914, bastaron unos treinta días para que el episodio se transformara en la Primera Guerra Mundial de la historia.

Durante el siglo XX, esa relación inmediata y explosiva entre muerte y crisis política se repitió tantas veces que impuso su estudio académico y en la teoría política marxista. Aunque no exista una sistematización y aún no sea un conocimiento común, varios autores comenzaron a tratarlo.

Hace poco dos autores de la Argentina trataron este tema complejo desde una perspectiva académica. Sandra Gayol y Gabriel Kessler estudiaron una serie de casos bajo el concepto dinámico de la muerte convertida en hecho social y político. El libro Muerte, política y sociedad en la Argentina instaló el trabajo de este complejo asunto. Otros autores lo habían tratado en los años 80 en los reducidos marcos del periodismo político.

En su conocida obra La decadencia de Occidente, Oswald Spengler usa el asesinato de Julio César para filosofar sobre su relación con la vida social y su conexión histórico-política.

Desde la devastación europea de la Guerra de los 30 Años (1618-1648) hasta los horrores masivos de las dos guerras mundiales, decenas de autores y políticos trataron el tema desde distintos ángulos buscando explicación a la relación entre muerte e impacto político. Uno de ellos fue Eric Hobsbawm en su Historia del siglo XX: “El asesinato masivo se volvió un factor de la política, como lo demostró el Juicio de Nuremberg”.

Ya no hay forma de evadir las conexiones en este asunto. Su importancia se manifestó en las últimas tres agresiones imperiales del siglo XXI. Afganistán, Irak e Irán.

El cambio en la tecnología de la guerra modificó la relación entre muerte y política. Clausewitz y León Trotsky no tuvieron relación alguna, pero ambos concluyeron que la guerra es “la matriz de grandes cambios sociales y militares”, como sostiene Trotsky en sus Escritos militares.

Lenin, por ejemplo, tomó prestado de la vida militar el vocablo “militante” y desde 1903 es identidad para millones.

Vietnam constató el impacto de la muerte en el gobierno del imperio norteamericano, mientras Irak y sobre todo hoy Irán verifican que la guerra con misiles teledirigidos y drones en vez de caballos, infantería, tanques o aviones de bajo vuelo, reduce sensiblemente la cuantía de la muerte y su impacto en la sensibilidad política.

Cuando en abril de este año el general Randy George, jefe de Estado Mayor del Ejército de EE.UU., fue despedido por Trump y Hegseth, todos supieron que bajo la declaración oficial latía la negativa militar a llevar soldados a morir en Irán en nombre de un psicópata y del sionismo cristiano.

Uno de los secretos de la derrota de Estados Unidos e Israel en su guerra actual contra Irán es que el terror a la muerte masiva les impidió desembarcar tropas. Más bien debieron alejar sus buques de la costa iraní. Esta paradoja desarmó tanto el proyecto imperial de Estados Unidos en ese corredor geopolítico hacia China y a Tel Aviv en su idea expansionista de un Gran Israel entre el Nilo y el Éufrates.

Algunos autores (Mearsheimer, Sachs, Wolf) sostienen que desde su reciente derrota en Irán EE.UU. estaría ingresando en una zona de riesgo político similar a la de 1975 por Vietnam.

Tres casos olvidados

En 1978, en Nicaragua, un asesinato resonante bastó para demoler una dictadura de casi medio siglo. El del director del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, acribillado por agentes somocistas; despertó un rechazo popular de tal magnitud y furia que le facilitó al FSLN la organización de la insurrección guerrillera que en julio de 1979 depuso a Somoza.

En algunos países el fenómeno funcionó de otro modo. En la hastiada España franquista de 1973, la muerte violenta del presidente del gobierno Luis Carrero Blanco, a manos de ETA, desestabilizó aquella dictadura de cuarenta años y aceleró su retirada inexorable en orden.

En la Venezuela de 1989, la masacre de más de trescientas personas desesperadas durante un solo día, a causa de la rebelión del Caracazo, condujo a dos impactos decisivos. La caída de un gobierno muy odiado y la emergencia del movimiento militar y social nacionalista del chavismo, el hecho revolucionario más importante del país desde 1928.

Esto no ocurre con frecuencia ni aparece en todos los países. Se requiere de una combinación de circunstancias especiales para transformar el dolor de la muerte en hecho político.

A veces no ocurre nada.

Por ejemplo, en México en 1968. Un asesinato masivo de estudiantes, superior al de Venezuela años después, no removió al gobierno del PRI ni produjo nada similar al chavismo.

La poderosa narradora y periodista mexicana Elena Poniatowska lo patentó con una frase lapidaria en La noche de Tlatelolco: “Los muertos fueron absorbidos institucionalmente”. El novelista Juan Rulfo tradujo aquel drama al más puro realismo mágico en la novela Pedro Páramo.

La ecuación de muerte con impacto político exige la combinación del drama con una conmoción específica en capas de la población, una crisis política en el sistema de poder y la forja de algún movimiento militante que sirva de organizador colectivo. A esto último podría llamarse el “factor leninista”.

Temor por Pablo Grillo

Cualquier persona medianamente informada en la Argentina recuerda los meses de incertidumbre política en 2025 cuando Pablo Grillo, el foto reportero herido en una marcha de jubilados, se debatía entre la vida y la muerte.

Pero poca gente se enteró del trascendido sigiloso de esos días. El gobierno de Javier Milei había preparado un plan de contingencia política en caso de que Grillo muriera. Esperaban, en ese caso, la detonación de una crisis social, según contaron los informantes.

Una crisis social por un muerto. Ese fenómeno lo resumió el dirigente de la CTA Víctor De Gennaro con la frase “el límite es la muerte”, el día de 1996 en que declararon una huelga nacional por el asesinato de dos militantes en Corrientes.

Cuando la muerte pasa de tragedia individual a dolor y rabia colectivos los gobiernos entran en pánico, incluso pueden caer.

En la Argentina este asunto hay que rastrearlo desde la Plaza de Mayo en 1977 y en los encuentros de las primeras madres en las comisarías, donde preguntaban por sus hijos e hijas.

Su desarrollo transitó los años inciertos hasta 1983 y el impacto nacional de la derrota militar en la guerra de Malvinas, otro acto de muerte con efecto social trepidante en la conciencia popular.

El secreto de su conversión en detonante con capacidad transformadora estuvo en la aparición y mantenimiento del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Esta fuerza social fue reforzada con Abuelas, H.I.J.O.S. y una red de organizaciones militantes y entidades, que mantuvieron la memoria del drama originado en el genocidio.

Este fenómeno preocupa a los gobiernos de varias sociedades contemporáneas. Su anomalía se confirma en los países que padecieron tragedias humanas mayores, donde la muerte no se convirtió en detonante político.

Por ejemplo, Guatemala y Colombia hace poco, dos países del Istmo recostados al Caribe, donde el horror del genocidio fue superior al argentino en magnitud y en drama. O Japón en 1945, donde dos bombas nucleares borraron dos ciudades completas y tampoco pasó mucho.

En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró en 1991 un total de asesinatos políticos superior a las 60 mil víctimas y unos 45 mil desaparecidos y desaparecidas, el 83 por ciento pertenecientes a pueblos indígenas Maya.

En Colombia fue más horroroso. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición consignó en su informe final de 2018 que más de 56 mil civiles, entre ellos militantes políticos, sindicalistas, guerrilleros y guerrilleras, educadores y artistas, fueron eliminados por fuerzas estatales y del paramilitarismo. Esa cifra superaba las 200 mil víctimas si el registro mortal se ampliaba hasta los años 60. Fue como el genocidio argentino pero ampliado y perfeccionado.

En Colombia se inventó la categoría de “falso positivo” para matar adolescentes que se “disfrazaban” de guerrilleros. Se contabilizó un total oficial de 6.042 víctimas menores de 20 años con esta modalidad. Por muchos años, medios del tipo La Nación, elogiaron el sistema jurídico colombiano como “la democracia parlamentaria más ejemplar” del continente.

La magnitud terrorista no produjo un movimiento de víctimas o familiares de víctimas que sirviera como testamentarios y organizadores colectivos del dolor.

En Chile, solo produjo el movimiento de las Madres de Atacama, valientes mujeres que rescatan restos de sus seres queridos en el desierto, donde las estrellas atestiguan el dolor de la memoria.

En Colombia, varias entidades desplegaron inteligencia y actividad durante los años del uribismo, pero no lograron convertirse en movimiento transformador. Una carambola social decidió que su expresión fuera electoral: tanto Gustavo Petro como Iván Cepeda, el actual candidato presidencial favorito, son expresiones políticas indirectas de esa resistencia contra el genocidio.

En otras sociedades que atravesaron dolores parecidos, como El Salvador, Brasil, Perú, Bolivia o Paraguay, no surgieron fenómenos similares al de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El secreto no es un brumoso “espíritu nacional” exclusivo o una presunta superioridad cultural, sino tradiciones políticas, sindicales y asociativas de una sociedad más cohesionada por un desarrollo capitalista mayor con la presencia de una clase social oprimida más orgánica que en el resto del continente.

El relieve histórico ganado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se confirma en el reconocimiento internacional ganado. Son figuras apreciadas como egregias, heroicas, con la autoridad moral de personalidades del tipo Mahatma Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta.