A la democracia hubo que reconstruirla para que con ella se pudiera comer, educar y curar. El largo camino de la justicia argentina comenzó con la investigación de los crímenes y culminó en un juicio civil inédito en el mundo. Aquel preciado 10 de diciembre de 1983 volvió a la Argentina el pueblo soberano, y con él, un largo camino que aún no culmina. Apenas cinco días después de asumir, Raúl Alfonsín firmó el Decreto 187/83, con el que creó la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), a fin de que esta comisión investigara y organizara las pruebas que presentaría el Estado para enjuiciar a las Juntas Militares. En su artículo 2, el decreto determina cuáles serán las funciones específicas y taxativas de la Comisión:
- a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la Justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos.
- b) Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización.
- c) Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores.
- d) Denunciar a la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer.
- e) Emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.
La Conadep debía estar integrada por 16 miembros: 10 fueron elegidos en el mismo decreto por el Presidente; 3 fueron elegidos por la Cámara de Diputados y otros 3, que debían ser elegidos por la Cámara de Senadores, nunca fueron designados. De modo que quedó conformada de la siguiente manera: Ernesto Sabato, Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú, Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Hugo Huarte.
Durante meses, esta comisión presidida por el escritor Ernesto Sabato recorrió el país escuchando testimonios y conociendo centros clandestinos de detención. Realizaron un inventario de las desapariciones denunciadas; visitaron morgues y centros clandestinos de detención; recabaron testimonios de víctimas, de familiares, de quienes tuvieran información valiosa para contar; revisaron registros carcelarios y policiales e investigaron los delitos cometidos en relación a los bienes de los desaparecidos.
Pero la justicia, para que se precie de tal, necesita cumplirse dentro de un plazo razonable de tiempo. Por eso, el 20 de septiembre de 1984, la Conadep entregó sus conclusiones reunidas en el Nunca Más, un pedazo de memoria colectiva. Sabato dio un discurso que fue televisado, que comenzó con una categoría que quedaría impresa en el esqueleto de nuestra historia reciente: “En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los desaparecidos. Palabra triste que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo”.
El impacto del informe fue muy profundo. Se trató del primer documento oficial que logró sintetizar e integrar el terrorífico andamiaje sobre el que se había montado la última dictadura militar. Registró la existencia de 340 centros clandestinos de detención y más de siete mil testimonios de sobrevivientes y familiares, que serían un insumo fundamental para, finalmente, poder enjuiciar a los responsables.
Sin embargo, luego de un siglo colmado por dictaduras militares, este sector no iba a rendirse tan fácilmente ante el avance de la democracia. El clima político era inestable y complejo, había mucha presión por la amnistía. En este escenario de fragilidad democrática, Alfonsín tomó la decisión de avanzar por la vía civil. El traspaso de los legajos de la Conadep a la Justicia ordinaria fue el movimiento que permitió transformar el dolor social en una estructura jurídica sólida, sentando las bases para lo que sería un evento inédito en la historia de las transiciones democráticas globales.
JUICIO A LAS JUNTAS
El lunes 22 de abril de 1985 comenzó un proceso judicial histórico en Argentina: el Juicio a las Juntas, en el que sentó frente a un tribunal civil a nueve militares genocidas. La Justicia civil tomó las riendas del proceso a través de la Cámara Federal de la Capital, compuesta por los magistrados Arslanián, Gil Lavedra, Torlasco, Valerga Aráoz, Ledesma y D’Alessio.
La estrategia de la fiscalía, liderada por Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, se sostuvo sobre los cimientos del Nunca Más y tuvieron apenas cuatro meses para encontrar las pruebas. “Yo no acepto la tesis de la guerra, porque si no hablaríamos también de la guerra contra los delincuentes comunes. Pero aun aceptando que esto fue una guerra, entonces se debieron haber observado las Convenciones de Ginebra, suscriptas por nuestro país, que prevén también el respeto a la vida y a los bienes de la población civil, cosa que acá no se respetó”, diría Strassera en una entrevista televisiva durante el proceso judicial.
La sentencia del 9 de diciembre de 1985 condenó a cinco de los nueve comandantes juzgados y absolvió a los otros cuatro. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera recibieron reclusión perpetua e inhabilitación absoluta. Roberto Eduardo Viola fue condenado a 17 años de prisión; Armando Lambruschini, a 8 años; y Orlando Ramón Agosti, a 4 años y 6 meses, todos también con destitución.
En cambio, Omar Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya resultaron absueltos. El tribunal sostuvo que las juntas militares habían diseñado y ejecutado un sistema represivo clandestino e ilegal, que incluyó numerosos casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios, bajo una estructura orientada a asegurar la impunidad de sus responsables.
