El propósito declarado de “destruir al Estado desde adentro”, formulado por el líder libertario y hoy presidente de la Nación, se refleja en las políticas de ajuste del gasto público, las desregulaciones (o el descontrol) de actividades empresariales y la venta de gran parte del patrimonio acumulado por compañías estatales. 

El diagnóstico ultraliberal que sustenta las políticas en curso desconoce asi una tendencia bien distinta, que se verifica en cada vez mayor número de países.  

Esto es, la adopción de dispositivos de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los gobiernos en distintas áreas de la administración pública, para beneficio de sus respectivas ciudadanías.   

El uso de la IA podría impulsar la productividad, la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas del sector público. 

La innovación ofrece además un gran potencial para automatizar y personalizar servicios estatales, mejorar decisiones, detectar fraudes y enriquecer el trabajo público.  

En el sentido opuesto, a inacción en este terreno puede significar la pérdida de oportunidades, mientras la falta de orientación o de datos posterga o ralentiza progresos operativos. 

En el mundo, por cierto, la incorporación de la IA en la administración estatal es de menor intensidad que en el ámbito privado. No obstante, estudios recientes constatan el uso creciente de la herramienta, tanto en países de Europa como de América latina. Especialmente, en la prestación de servicios esenciales, el aliento a la participación ciudadana y la gestión de áreas judiciales. 

Los dispositivos ligados a la inteligencia artificial también se aplican cada vez más en los procesos de contratación pública, en la gestión financiera y en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública, así como en el diseño y la ejecución de las normativas en distintas áreas.  

El uso de la IA es relativamente menor en la evaluación de políticas, la administración tributaria y la reforma de la función pública, debido a los límites relacionados con sistemas obsoletos y las normas más estrictas sobre la utilización de datos. 

Aprendizajes 

Si bien la inteligencia artificial se está convirtiendo en un componente importante del gobierno digital, los niveles de madurez varían por países y sectores. 

Según un reciente informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la IA ofrece a los gobiernos una amplia gama de beneficios en las operaciones públicas, incluidas la toma de decisiones y la prestación de servicios.  

Cuando se desarrolla y utiliza de forma fiable, sostiene ese análisis, la inteligencia artificial puede contribuir a que los gobiernos sean más eficientes, eficaces y receptivos a las necesidades de las personas a las que sirven. 

Se refuerzan asimismo las capacidades nacionales para generar empleos de calidad, al promocionar empresas de alta productividad, o favorecer el surgimiento de nuevas compañías que ofrezcan productos y servicios innovadores y competitivos. 

Los terrenos fértiles para el uso de la nueva herramienta en las administraciones estatales son, según la OCDE: 

• Procesos y servicios automatizados, optimizados y personalizados. La IA ayuda a mejorar las tareas rutinarias y el trabajo analítico, elevando la eficiencia y la calidad; facilita servicios personalizados y promueve una mejor contratación, formación e intercambio de conocimientos en la función pública. 

• Optimización de las decisiones, análisis lógico y previsión. La IA proporciona información basada en datos a lo largo del ciclo de políticas, detecta problemas, analiza grandes conjuntos de datos y reduce errores para tomar decisiones más rápidas y consistentes en materia de previsión, gestión de riesgos y regulación. 

• Rendición de cuentas y detección de anomalías. La IA puede ayudar a descubrir fraudes, señalar funcionamientos irregulares y evaluar riesgos de integridad. Al reforzar la supervisión en materia fiscal, de adquisiciones y de cumplimiento normativo. promueve la transparencia y el control ciudadano. 

• Oportunidades para actores externos como un bien común. Al abrir las herramientas, la infraestructura y los datos inteligentes a actores no gubernamentales, los gobiernos pueden impulsar la innovación, fomentar el desarrollo económico en el ámbito privado, satisfacer las necesidades desatendidas y distribuir ampliamente los beneficios. 

Desde luego, hay gobernantes que, a contramano de la orientación general, prefieren posponer la adopción de la IA o aplicarla marginalmente en sus administraciones. Les cabe a esos dirigentes la advertencia reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su informe “La gran divergencia”: “Tras décadas en las que los países de ingresos bajos fueron cerrando gradualmente la brecha con los más ricos, gracias a los avances en tecnología, comercio y desarrollo, la IA (utilizada por las naciones más desarroladas) podría revertir la tendencia, lo cual aumentaría la disparidad nuevamente”. 

“La inteligencia artificial, si no se gestiona adecuadamente –continúa el informe del PNUD– podría aumentar la desigualdad entre países al ampliar las brechas en el rendimiento económico, las capacidades de las personas y los sistemas de gobernanza, ya que el punto de partida es enormemente desigual.” 

El informe destaca que la IA abre nuevas vías cruciales para el desarrollo, pero advierte que muchos países inician esta transición desde posiciones extremadamente dispares para captar sus beneficios y gestionar sus riesgos.  

“Sin una acción política contundente, estas brechas podrían crecer, revirtiendo la tendencia de largo plazo hacia la reducción de las desigualdades en el desarrollo”, sostiene el PNUD.  

Vértigo 

Si bien es vertiginoso el ritmo al que empresas, gobiernos y particulares están adoptando las herramientas gratuitas o de bajo coste, los desafíos para ampliar iniciativas exitosas hacen que muchas operaciones permanezcan en fase piloto.  

Un factor clave es la falta de marcos para medir el impacto diferenciado en las actividades empresariales y en la administración estatal y demostrar el retorno de la inversión. 

En el caso particular de la Argentina, la no introducción de la IA en áreas públicas parece ser consecuencia de la falta de empatía gubernamental con objetivos tales como mejorar las funciones del Estado, amparar a sectores vulnerables de la población, optimizar la atención ciudadana o reforzar el apoyo a las empresas pequeñas y medianas.  

Al contrario, la preocupación básica de la Casa Rosada consiste en reducir partidas presupuestarias, recortar la nómina de empleados estatales y suprimir estructuras definidas como escollos que obstaculizan la iniciativa privada. 

Es cierto que los beneficios de la IA son a veces difíciles de demostrar, así como suele resultar engorroso medir el retorno de la inversión. En ese contexto, pocos proyectos se someten a una evaluación rigurosa o a una comparación con alternativas, lo que debilita la justificación para su escalamiento. 

Por ahora, para justificar las demoras en la adopción y difusión de la IA se mencionan los costos elevados o inciertos de las licencias o la limitada dotación de personal capacitado. 

Se hace referencia además a los escasos puntos de referencia o modelos de financiación que respalden una inversión sostenida. 

Junto con los costos financieros, la incorporación plena de la IA en el sector público se ve limitada por otros factores, como los déficits de habilidades, las leyes obsoletas, los sistemas heredados y los problemas para acceder y compartir datos de calidad.  

En ese sentido, la falta de orientación concreta desde los más altos niveles de autoridad dificulta su implementación, aumenta la aversión al riesgo y levanta barreras adicionales a la innovación. 

Futuro 

Quienes siguen de cerca el tema dicen que para “viajar al futuro” hay que ver lo que pasa hoy en el epicentro mundial de la transición, la región de Asia y el Pacífico, donde se concentra más del 55 por ciento de la población planetaria y la mitad de los usuarios globales de la IA. 

La expansión allí es acelerada, gracias a que China es responsable de casi el 70 por ciento de las patentes mundiales de inteligencia artificial y a que ya operan más de 3.100 nuevas empresas del rubro en seis economías, incluidas las dinámicas Singapur y Corea del Sur. 

Se estima que la IA podría aumentar el crecimiento anual del PIB regional en aproximadamente 2 puntos porcentuales y elevar la productividad hasta en un 5 por ciento en sectores como la salud y las finanzas.  

De todas maneras, cada promesa es acompañada de grandes riesgos. Millones de empleos, especialmente aquellos ocupados por mujeres y jóvenes, enfrentan una exposición significativa a la automatización, si no se incorporan principios básicos de gobernanza ética e inclusiva de la IA. 

Otro peligro visible: unos pocos países cuentan ya con regulaciones integrales sobre inteligencia artificial y se prevé que para 2027 más del 40 por ciento de las violaciones de datos a nivel global podrían originarse en el mal uso de la IA generativa, lo que subraya la necesidad urgente de marcos de gobernanza robustos. 

“Los países que inviertan en habilidades, capacidad de cómputo y sistemas de gobernanza sólidos se beneficiarán; otros corren el riesgo de quedarse muy atrás”, alertó Philip Schellekens, economista jefe del PNUD.  

En ese marco se insertan los interrogantes sobre las chances de prever para la Argentina de los próximos años –con o sin gobierno libertario– un progreso compartido, donde los frutos de la inteligencia artificial sean distribuidos de manera justa y equitativa. 

Riesgos 

Además de sus posibles beneficios, el uso de la IA en el gobierno presenta riesgos, y los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que estas tecnologías se utilicen de forma segura, justa y transparente. Esquemáticamente, esos peligros son: 

• Eticos. Los datos de baja calidad o distorsionados pueden generar resultados adversos; la vigilancia, las violaciones de la privacidad y el uso indebido de datos amenazan el libre ejercicio de los derechos. Si no se desarrolla y utiliza de forma fiable, el uso de la IA puede erosionar la confianza, la autonomía y la rendición de cuentas. 

• Operativos. Los fallos y el sesgo de automatización (es decir, la dependencia excesiva de la IA) pueden causar errores a gran escala. La opacidad y las amenazas a la ciberseguridad pueden socavar la eficacia y la confianza pública. 

• De exclusión. La IA puede excluir a grupos digitalmente desatendidos. La personalización y otros beneficios pueden favorecer a los usuarios con abundantes datos; los puestos del sector público corren el riesgo de ser desplazados si no se realiza una adecuada capacitación. 

• De resistencia pública. La comprensión limitada, el uso indebido en el pasado y las decisiones opacas pueden alimentar el escepticismo y la desconfianza; sin transparencia ni compromiso, puede haber una reacción pública negativa al uso de la IA por parte del gobierno. 

• De inacción. Centrarse excesivamente en los daños puede disuadir usos seguros y de alto beneficio, lo que resulta en la pérdida de oportunidades. La inacción también puede contribuir a una brecha cada vez mayor entre las capacidades del sector público y del privado. 

Otros análisis ponen el foco en la necesidad de gestionar algunos riesgos que se presentan al usar la IA. Los datos sesgados, por ejemplo, podrían generar decisiones dañinas; la falta de transparencia erosionaría la rendición de cuentas; y la dependencia excesiva ampliaría brechas digitales y errores, reduciendo la confianza.  

Estos retos se agravarían por una menor adopción que en el sector privado, carencias de habilidades, sistemas obsoletos, datos de baja calidad, presupuestos ajustados y mayores exigencias de privacidad y transparencia. 

Comprender y gestionar estos riesgos es esencial para construir una IA del sector público confiable, inclusiva y eficaz. 

La resolución de los desafíos que deberán afrontar los gobiernos en cuanto a la aplicación de la IA a corto y mediano plazo requerirá respuestas coordinadas en las dimensiones políticas, técnicas y organizativas. Lo cual, en la Argentina, plantea dudas sobre la capacidad de intervención de un “Estado mínimo” que cede cada vez más espacio a las corporaciones empresariales. 

Uno de esos retos se relaciona con el pasaje de la experimentación a la implementación. Sin vías claras de escalamiento, aprendizaje estructurado, datos de calidad, documentación y una propiedad definida, los ensayos exitosos no suelen escalarse ni replicarse. 

Luego están las brechas de habilidades: la limitada experiencia interna y la ausencia de personal capacitado ralentiza el progreso, aumenta la dependencia de los proveedores y limita la capacidad de diseñar, operar y evaluar la IA. 

Los estudios señalan además los problemas de calidad de los datos, formatos inconsistentes y barreras legales o institucionales, sumados a una gobernanza e interoperabilidad deficientes, que dificultan la capacitación, la implementación y el escalamiento. 

Se menciona también como uno de los desafíos a resolver la falta de marcos de trabajo y orientación viables sobre el uso de la IA. De hecho, la limitada claridad en las normas y los ejemplos genera incertidumbre, ralentiza la adopción y produce prácticas desiguales. 

En síntesis, como se observa en centenares de experiencias en todo el mundo, y así lo demuestra el estudio de la OCDE “Gobernar con IA”, en el que no aparece la Argentina, la inteligencia artificial ofrece un gran potencial para aprovechar las tecnologías digitales, satisfacer mejor las necesidades de la ciudadanía, crear eficiencias que aporten más valor a los contribuyentes, prestar servicios públicos adaptados, accesibles e inclusivos, así como mejorar la participación ciudadana.