Ni el más osado analista hubiera imaginado hace varios meses algunos de los hitos que marcaron a fuego la economía de este 2025, un año que, a solo un par de jornadas hábiles de finalizar, deja unas pocas certezas, numerosas dudas a futuro y un vínculo muy estrecho, demasiado estrecho, podría decirse, con Estados Unidos. 

2025 será recordado como el año en que la Argentina le sacó dólares contantes y sonantes a Washington y a cambio le dio sus devaluados pesos. Casi la contracara de lo que ocurre en el país, donde todos quieren dólares y huyen de la moneda local. 

Solo dos semanas antes de las elecciones del 26 de octubre, “vendidas” exageradamente por el gobierno argentino en los Estamos Unidos como cruciales para la continuidad del programa económico y hasta del gobierno de Javier Milei, las gestiones por una nueva asistencia derivaron en un almuerzo de apuro en la Casa Blanca el 14 de octubre, en el que el presidente Donald Trump se despachó con su ya célebre apretada a los votantes argentinos. 

La frase completa es intimidante: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con la Argentina”, disparó el magnate. 

Fue solo minutos después de acordarse un swap (intercambio) de monedas entre ambos países por 20.000 millones de dólares y el comienzo de las operaciones de compra de pesos en el mercado local por parte de la administración Trump, operación que condujo personalmente el secretario del Tesoro, Scott Bessent.  

Según fuentes del mercado, Washington aportó en la previa de las elecciones unos 2.500 millones de dólares. Con esos pesos obtenidos, el Tesoro de EE.UU. compró bonos soberanos argentinos que, poco después de las elecciones en las que los votantes ratificaron el apoyo al gobierno de Milei, vendió para hacerse de nuevo de los dólares, pero no sin antes embolsar un 8 por ciento de ganancia en moneda dura en ese pasamanos de solo unos días, algo así como 200 millones de dólares. 

El dato a tener en cuenta, sin embargo, es que la Argentina necesitó apelar a la intervención de Estados Unidos solo unos meses después de que el Fondo Monetario Internacional aprobara –también en tiempo récord– un nuevo desembolso para el país, esta vez de 20.000 millones de dólares. De arranque nomás, y como parte de la apertura parcial del cepo cambiario el 14 de abril, hubo un desembolso de 12.000 millones, más otros 2.000 millones de dólares que llegaron en septiembre. El resto será en 2026. 

Luces amarillas 

Este fin de 2025 deja un dólar quieto, pero más o menos; más bien es un tipo de cambio con tendencia alcista. Esto es así porque el Gobierno ya anunció que en enero las bandas de flotación cambiaria, que rigen desde abril y continúan vigentes pese a las críticas recibidas, se ajustarán según la inflación de dos meses atrás. Esto llevó a los inversores a pensar que el dólar estará más alto a partir de 2026, debido a la necesidad del Banco Central de acumular reservas, la principal demanda del Fondo Monetario Internacional desde hace meses. 

Otra captura de la foto de la economía hoy permite advertir una inflación congelada en una banda que en los últimos siete meses osciló entre 1,5 y 2,5 por ciento mensual, pero sin poder perforar ese piso, en un contexto de actividad económica en caída, casi “coqueteando” con la recesión. Esta fue la verdadera razón por la que hubo un bajo pass through (traslado de la inflación a precios). 

Es simple, en momentos en que comercios e industrias no venden o venden menos de lo que esperan al momento de surtirse de mercadería, la variable de ajuste termina siendo la rentabilidad de las empresas. Todo sea por vender algo, hacer caja y poder enfrentar los compromisos, pagar sueldos, cumplir con los impuestos, por cierto, tan elevados que ahogan, y cubrir los cheques emitidos. 

Todo esto se da en un escenario en que el desempleo marcó 6,6 por ciento en el tercer trimestre, el menor nivel del año. A simple vista, una tasa semejante podría considerarse razonable, en un país que a la salida de la convertibilidad en 2002 supo tener 21,5 por ciento de desempleo. Pero acá hay una pequeña trampita, o más bien dos. 

La primera es que desde hace años el empleo formal, asalariado y registrado se mantiene sin cambios en torno a los seis millones de trabajadores cuando, solo por crecimiento vegetativo de la población, ese número debería tender a crecer. Solo crece el empleo informal, por cuenta propia o como monotributista. 

La segunda es la propia definición que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos para determinar cuántas personas y, por ende, qué porcentaje de la población económicamente activa (PEA) está ocupada, de modo que por diferencia salen los desocupados. 

Según el organismo estadístico, la población ocupada es el “conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia han trabajado como mínimo una hora”. O sea que una persona que trabajó solo una hora haciendo una changa en la semana para el Gobierno está ocupada. 

El Indec agrega que “el criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales o de baja intensidad que realiza la población”. 

Al margen de esta explicación, lo cierto es que un desempleo de 6,6 por ciento debería ser consistente con una actividad económica que crece en forma sostenida, cosa que no se confirma en la realidad. 

Según el propio Indec, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de octubre registró una suba de 3,2 por ciento respecto del mismo mes de 2024, pero un retroceso de -0,4 por ciento en relación con el mes anterior en términos desestacionalizados, es decir, contrastado contra septiembre de 2025. 

Superávit en duda 

Otro punto a tener en cuenta es que el Gobierno dice tener superávit fiscal primario (antes del pago de servicios de la deuda) y financiero (considerando el pago de estos compromisos) desde el primer mes de gestión, esto es, nada menos que 23 meses en forma consecutiva. Esto lo logró sobre la base de motosierra y ajuste de partidas presupuestarias, especialmente en las transferencias a las provincias y en la obra pública nacional. 

Pero desde dos ámbitos totalmente distintos cuestionan la validez de estos números. “Si les pagaran a la jubilados y pensionados lo que tendrían que pagarles, no la miseria que cobran, no habría superávit. El superávit que dice tener el Gobierno es equivalente a la plata que no reciben los jubilados”, le dijo a este cronista Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad. 

El otro cuestionamiento llegó desde un ámbito totalmente distinto. Durante la presentación de la Estrategia Nacional Exportadora ante la prensa la semana pasada, Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), indicó que hay un fuerte atraso en los reintegros a los exportadores (devolución de impuestos), una demora que llega hasta los seis meses. 

En ninguna parte del mundo está permitido exportar tributos, los impuestos se pagan en destino, y por eso existe el mecanismo de devolución (IVA, impuestos internos y otros), para evitar que en la práctica ese costo se traslade al precio y se “exporten impuestos”. Algunas fuentes estiman que ese monto asciende hoy a los 1.500 millones de dólares. 

“El atraso acumulado con los exportadores equivale al superávit fiscal de todo un año”, anticipó Landa, dejando en claro que el saldo positivo de las cuentas públicas se logra a razón de no devolverle los impuestos al sector exportador en tiempo y forma.  

Y agregó: “Si la contribución por no pagarles reintegros a los exportadores formó parte del superávit fiscal, hay algo que rever”. Todo esto al margen del peso que tienen los derechos de exportación (retenciones) en la competitividad de muchas actividades. Si bien el Gobierno fue bajando alícuotas, los principales cultivos y derivados así como la carne vacuna continúan tributando por este concepto.