El negocio minero, desarrollado en el país principalmente por grupos norteamericanos, australianos y socios menores locales, fue uno de los ganadores de las últimas elecciones legislativas. Un conjunto de los megaproyectos que gestionan en tierras argentinas se aseguró su rentabilidad tras el respaldo electoral que fortaleció al gobierno libertario, promotor de reglas de juego ampliamente beneficiosas para las compañías del área. 

Junto a las mejores condiciones de gobernanza para el segundo bienio de su mandato, el presidente Javier Milei cuenta con un conjunto de iniciativas financiadas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, de apoyo técnico a la extracción minera. 

Las expectativas favorables, por consiguiente, se esparcen entre empresarios nacionales y extranjeros. También se esperanzan un conjunto de gobernadores, que en cada una de sus provincias actúan como acompañantes de los distintos emprendimientos.  

Desde luego, los resultados más jugosos llevarán un tiempo para hacerse realidad, a medida que van madurando las inversiones programadas. Y habrá que ver si se verifica la ansiada baja del “riesgo país” y  se logra un acceso viable a capitales externos que aceleren las operaciones en curso y las venideras.  

Los beneficios, de todos modos, ya hoy se dejan ver: 2025 será el quinto año consecutivo de crecimiento exportador de la minería, tras un salto de 14 por ciento frente a 2024, pese a las caídas en las producciones de dos productos centrales, el oro y la plata. 

La proyección de un récord de envíos al exterior este mismo año, al sobrepasar el registro de 2012, corresponde a un análisis conjunto de la Cámara de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). 

Los recursos disponibles de metalíferos, litio, uranio, cobre, etcétera despiertan la ilusión de un creciente aprovechamiento. A ese potencial se sumará la mayor demanda global de minerales críticos vinculados con industrias tradicionales, como también con la transición energética.  

Esto es, la previsión de reemplazo gradual del uso de hidrocarburos por alternativas renovables respaldadas por el litio, el cobre, las tierras raras, la bauxita o el mineral de hierro.  

Mientras se busca intensificar los procesos de extracción –por ejemplo, mediante el desarrollo de proveedores locales– menos clara luce la posibilidad de un agregado de valor creciente dentro de las fronteras.  

El procesamiento de la materia prima es una hipótesis que la política libertaria prefiere dejar al arbitrio del “mercado”, es decir, de los agentes privados. 

Perspectivas 

La Argentina es el quinto productor mundial de litio, cuya cartera de proyectos se incrementó en más de 250 por ciento en los últimos cinco años. 

“Y si se ponen en marcha los proyectos de cobre, se podría pasar prácticamente de la producción nula en la actualidad a ser uno de los diez productores mundiales en muy corto tiempo”, vaticinó la directora ejecutiva de CAEM, Alejandra Cardona, en un reciente encuentro en Lima, Perú.

Cardona sostuvo además que la minería que se produce en la Argentina ya tiene mucha tecnología aplicada. “Pasar de la salmuera a un carbonato de litio o un cloruro o hidróxido con el grado de pureza que se necesita es de un valor agregado muy grande”, afirmó. 

En el mismo caso del litio, considerando los proyectos en producción avanzada, se espera para 2027 una producción de 230 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (t LCE). Es decir, cinco veces más que en 2023.  

A partir de entonces, hacia comienzos de la siguiente década el volumen prácticamente se duplicaría: 415 mil toneladas. Y ese no sería el tope, dada la existencia de un conjunto de nuevos proyectos. 

De hecho, los presupuestos de exploración del metal destinado principalmente a la fabricación de baterías recargables para dispositivos electrónicos y autos eléctricos se multiplicaron por cuatro veces y media entre 2020 y 2023 (pasaron de algo más de 31 millones de dólares a 140 millones). 

De allí que el banco español BBVA proyecte un horizonte (hacia 2033) en el que la Argentina abastecería hasta 20 por ciento de la oferta mundial de litio, con envíos desde las minas de Salta, Jujuy y Catamarca. 

La evidencia internacional, de todos modos, muestra que los países que logran insertarse de manera más competitiva y resiliente en la economía global son aquellos que, tanto en la minería como en otros rubros, generan sólidas capacidades productivas y tecnológicas a lo largo de las cadenas de valor.  

Un foco concentrado en la mera extracción de minerales, advierten operadores y analistas, limita tanto el desarrollo sustentable a nivel nacional o local, como la captación de utilidades (vía impuestos, salarios, etcétera) más allá de la rentabilidad que puedan obtener las compañías. 

La perspectiva virtuosa, según ese enfoque, se abriría solo si se fomentan encadenamientos hacia atrás o upstream (proveedores, servicios locales, insumos) y hacia adelante o downstream (procesamiento, innovación, exportación de derivados). 

De momento, el panorama argentino actual, como el de otros países de la región, muestra que la mayoría de los proveedores locales realizan aportes marginales en actividades básicas o de bajo valor agregado (logística, alquiler de maquinaria, servicios generales). 

Debido a esas características, solo una fracción mínima de las compras de las empresas mineras proviene de empresas locales con capacidad de innovación o producción especializada. 

El punto de confluencia entre las necesidades de las grandes mineras ya instaladas en el país y la chance de obtener beneficios extra para la economías nacional y provinciales radica precisamente en el desarrollo de nuevas cadenas de valor. 

Una traba, en ese sentido, es la aquiescencia libertaria con las sugerencias de matriz neoliberal, según las cuales el proceso debe avanzar sin “interferencias” o participación directa estatal en la explotación de los recursos existentes. 

En esa dirección, el Ministerio de Economía argentino solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) herramientas para el análisis de las cadenas en el sector minero, a fin de facilitar decisiones vinculadas con el aprovechamiento privado sostenible de los minerales críticos.  

El pedido –realizado junto a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional– apunta al diseño de políticas públicas específicas que faciliten la acción de las compañías. 

El BID destinará a esta “asistencia técnica” 200 mil dólares, sin costo para los beneficiarios, ya que se trata de aportes no reembolsables. Otros estudios iniciados por el mismo banco en años recientes van configurando el diseño de las políticas que su principal accionista, Estados Unidos, considera más adecuadas para el desarrollo minero sostenible en la Argentina.   

Cabe recordar que Estados Unidos concentra el 30 por ciento del poder de voto en el Banco Interamericano y alcanza la mayoría con el concurso de Japón, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Italia y otros países. 

Consejos 

Las intervenciones del BID en el negocio minero local vienen de lejos e incluyen variadas “cooperaciones técnicas”. Que no son otra cosa que “recomendaciones de política” cursadas a los gobiernos de los países productores y con grandes reservorios, en línea con los intereses de la Casa Blanca, las empresas norteamericanas y de países aliados. 

El asesoramiento gratuito del banco incluyó los siguientes programas: 

• Minerales críticos para el crecimiento: una región preparada para el futuro (proyecto RG-T4066, de julio de 2023, por 200mil dólares). Su objetivo es ”identificar acciones, herramientas y marcos efectivos que los gobiernos de América latina y el Caribe puedan adoptar para impulsar inversiones estratégicas en minerales críticos y sus cadenas de valor, en apoyo a los esfuerzos globales de descarbonización requeridos para enfrentar el cambio climático”. 

• La transición energética como oportunidad de desarrollo industrial verde en América latina y el Caribe (RG-T4188, de diciembre de 2022, por 550 mil dólares). Apunta a elaborar una estrategia de política industrial regional para la energía solar y eólica y el almacenamiento de energía con baterías, con el fin de contribuir a aumentar la seguridad energética y cumplir las metas de cambio climático, apalancándose en las reservas y producción de minerales críticos, cobre, litio, níquel, hierro, etcétera). 

• Minería para la Transición Energética (MET): Asegurando un suministro sostenible de minerales críticos para avanzar en el desarrollo regional (RG-T4442, de septiembre de 2024, por 6.513.000 dólares). La asistencia técnica abarca a la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador con objeto de fomentar condiciones propicias para la inversión responsable en minerales críticos y sus cadenas de valor. Para lo cual se propone fortalecer la gobernanza del sector mediante marcos normativos y de inversión sólidos y el cumplimiento de las normas socioambientales; potenciar los conocimientos geológicos mediante la innovación tecnológica; crear una cartera de soluciones tecnológicas y con bajas emisiones de carbono que favorezcan las prácticas sostenibles de extracción y producción minera, e impulsar el desarrollo local y los servicios de infraestructura en las zonas mineras. 

• Cadenas de valor de minerales para un crecimiento sostenido (RG-T4675, de octubre de 2025, por 200 mil dólares). Orientado a generar análisis sobre las cadenas de valor del sector minero, con el fin de proporcionar a los gobiernos de la región conclusiones basadas en evidencia que les permitan tomar decisiones de política pública “bien diseñadas y específicas”.  

• Integración de Cadenas de Valor Mineras para la Energía (RG-T4792, de septiembre de 2025, por 615 mil dólares). La CT financia evaluaciones para identificar el potencial productivo para el desarrollo de cadenas de valor relacionadas con las industrias extractivas; identificar potenciales corredores productivos y analizar las posibles externalidades; analizar entre dos y cuatro cadenas de valor relacionadas con industrias extractivas vinculadas; fortalecer modelos económicos y econométricos existentes para estimar mejor el impacto económico de promover las cadenas de valor, y comprender el marco institucional subnacional y cómo puede ser apoyado para promover de manera efectiva y maximizar los beneficios derivados del fortalecimiento de los corredores productivos. 

Cadenas 

La hoja de ruta consensuada entre funcionarios libertarios y de los organismos financieros internacionales identifica las principales brechas que enfrentan los actores locales para integrarse de manera efectiva y sostenible en las cadenas de valor mineras, tanto de manera local como regional. 

Se propone entonces evaluar dimensiones clave y elaborar un cronograma destinado a allanar el camino en materia de capacidades técnicas y tecnológicas, brechas de infraestructura habilitante, acceso a financiamiento, personal, estándares ambientales, procesos de innovación utilizados, condiciones logísticas, etcétera.  

Del mismo modo, se evaluarán las posibles externalidades (costos indirectos, financieros, ambientales, sociales) de los corredores productivos en relación con los sectores identificados. 

En la misma dirección se promueve la adhesión a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un estándar internacional vinculado con la rendición de cuentas en los sectores petrolero, gasífero y minero. 

Hasta el momento se encuentra adheridas siete provincias: Catamarca, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Cruz y San Juan. 

Surgirán además de los análisis del BID las vías para “fortalecer modelos económicos y econométricos existentes, a fin de estimar mejor el impacto económico de promover las cadenas de valor”. 

Otro resultado esperado es el de “comprender el marco institucional subnacional (provincial) y cómo puede ser apoyado para promover de manera efectiva y maximizar los beneficios derivados del fortalecimiento de los corredores productivos”. 

Esas acciones permitirán elaborar un mapeo funcional y un análisis preliminar de las dinámicas entre actores locales: proveedores, prestadores de servicios, gobiernos provinciales, comunidades, etcétera 

Un objetivo que podría resumir el aporte supuestamente desinteresado del Banco Interamericano es el que alude a la “revisión de estrategias nacionales y subnacionales relacionadas con el desarrollo productivo minero en esas zonas”. 

En ese contexto, el 30 de septiembre pasado se conformó la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras, integrada por las estatales de la región Norte y Cuyo: CAMYEN S.E. (Catamarca), REMSa S.A. (Salta), EMSE S.E. (La Rioja), Impulsa (Mendoza), JEMSE S.E. (Jujuy) y el IPEM (San Juan), como espacio de cooperación, con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales, operativas y estratégicas. 

Entre fines de 2026 y comienzos de 2027 las autoridades provinciales y nacionales contarán con un nuevo conjunto de recomendaciones para mejorar capacidades institucionales, que darán lugar a acciones piloto de bajo costo, como programas de formación técnica, refuerzo de capacidades empresariales, etcétera. 

El diseño de las políticas públicas para el sector minero argentino, como se ve, se realiza hasta en sus menores detalles en oficinas bien alejadas de las provincias productoras, con la callada o explícita aprobación de los funcionarios locales. 

Quien quiera conocer más sobre los planes en este y otros rubros puede acortar camino: la ruta a seguir lleva directamente a Washington. Una vez en la capital de EE.UU., y como el tiempo es oro, la opción más rápida es tomar un taxi que cubrirá en pocos minutos la distancia de unos tres kilómetros que separan a la sede del BID de la Casa Blanca.  

Otras opciones son ir en autobús (en las líneas D20 o la D32) o en metro (desde Capitol South hasta McPherson Square). 

Ahora, para ser coherente y evitar el dispendio de recursos públicos, lo cual engrosaría el déficit fiscal, se puede ir a pie. Es un paseo de quince/veinte minutos que se disfruta apreciando las bellezas arquitectónicas de la capital estadounidense.