Pocos días después de asumir su mandato en diciembre de 2023, el presidente Javier Milei avanzó con una dura medida contra un sector de la actividad productiva al que caracteriza como símbolo de la casta empresarial prebendaria, y decidió frenar de cuajo la obra pública nacional. De esta manera, junto a su equipo económico apuntó directo a una de las “vacas sagradas” del Estado presente. 

Muchos pensaron que era una exageración declamativa y que finalmente se buscaría alguna forma para avanzar en obras de infraestructura que el país, sin duda, necesita de manera urgente. 

Pero eso no sucedió y ni siquiera se ejecutaron aquellos proyectos de infraestructura que venían apalancados con financiamiento internacional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina. 

El resultado fue que cientos de empresas constructoras, en especial grandes y medianas, pero también pequeñas empresas y proveedoras de servicios para esas obras que se paralizaron, debieron achicar sus estructuras y asumir una fuerte caída de la actividad o incluso quebrantos. 

Empleo en picada 

En este escenario, como no podía ser de otro modo, la caída del empleo en el sector fue muy notoria. Según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), integrado por representantes de empresas constructoras y el gremio de la actividad, entre diciembre de 2023, cuando se dispuso el parate total de la obra pública nacional, y abril de 2025 (último dato disponible) se perdieron 68.474 puestos de trabajo registrados y formales. 

En rigor, en los primeros diez meses de la gestión Milei ya se habían perdido casi 100 mil empleos registrados en el sector, más del 25 por ciento del total. Pero en los últimos meses, parte de eso se “recuperó” gracias a las obras públicas de algunas provincias grandes, que terminaron siendo la tabla de salvación de la industria. 

No es un dato menor. Según fuentes del sector en tiempos normales –estos claramente no lo son–, el 70 por ciento de la actividad de la construcción se explica por las obras públicas en los niveles nacional y subnacionales, y solo 30 por ciento son obras privadas, empujadas por los sectores residencial, energético, minero y algo de industria manufacturera. 

Del total de la obra pública, la mayor parte se hace con recursos del Estado nacional, por lo que el golpe del gobierno libertario pegó a la línea de flotación de la actividad y, por tanto, en la viabilidad económica de la mayoría de las empresas. 

Giro inesperado 

La estrategia del Gobierno es clara y se repite en cada sector que toca con la motosierra en la mano. Cortar todo, profundamente y de golpe, y dejar a los que se quejan “reclamando en el desierto”.  

Después de un tiempo, el Gobierno evalúa si repone alguna partida para empezar a trabajar de nuevo. Pero el golpe ya está dado y actúa como disciplinamiento. En el medio, algunas empresas no pueden aguantar y terminan cerrando. 

Sorpresivamente, a comienzos de junio, coincidiendo con la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Obras Públicas, dejó trascender que retomaría la ejecución de 63 obras viales, que hacía más de un año había definido como prioritarias y con intención de reanudar, más 170 obras hídricas. 

La novedad fue anticipada por Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, al periodista Nicolás Gallardo, del diario digital MDZ Online, durante la convención anual: “Apareció la plata”. Weiss aclaró que la reanudación “no será de un día para otro, porque hay obras que requieren cierto tratamiento, contractual, antes de ser recomenzada, pero la intención es esa”. En el Gobierno apuntaron que se trabajará en aquellas obras que tienen un estado de avance cercano al 80 por ciento. 

La noticia fue bien recibida por los constructores que, sin embargo, mantienen la cautela a la espera de definiciones. Ya se sabe, el que se quemó con leche ve una vaca y llora, y las empresas de la construcción vienen hace 18 meses soportando sin agua en el desierto. 

¿Qué pasó en el medio para que cambiara la postura del Gobierno? Lo de siempre, una lógica de hierro que les cabe por igual a todos los espacios políticos, incluidos los libertarios, con su receta de políticas “anticasta”. El año electoral ya está en curso para los comicios de medio término y finalmente todos apelan a las obras públicas para hacer cosas que se vean y contribuyan a reactivar la economía. Y Javier Milei no es la excepción. 

Panorama complejo 

“Hoy la obra pública a nivel país está en el orden de un 30 por ciento de lo que era hasta fines de 2023”, advierten referentes del sector de la construcción y recuerdan que lo que se mantiene es más que nada por obras públicas provinciales en las jurisdicciones más grandes como Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y, en menor medida, en Mendoza y Neuquén. 

Mientras tanto, la obra pública nacional está virtualmente parada y “los municipios no están haciendo nada porque no tienen recursos”, afirma un empresario del sector. 

El listado de 63 obras viales prioritarias que licitará Vialidad Nacional es parte de las 175 obras viales planificadas oportunamente, que a su vez formaban parte de unas quinientas obras públicas que había en diversas instancias del proceso de licitación o ejecución al producirse el cambio de gobierno en 2023. 

El titular de una constructora vial, que pidió reserva de su nombre, asiduo oferente en licitaciones públicas y adjudicatario en una joint venture de un corredor de los recordados contratos PPP (Participación Público Privada), señaló que “hoy las obras viales en ejecución en la Argentina son contadas con los dedos de una mano”. 

En contraste, el empresario sostiene que “las provincias son un ‘relojito’ para cumplir con los plazos de los contratos”. Fuentes del sector informan que mientras Córdoba paga en plazos que van de veinte a treinta días, Santa Fe lo hace a los sesenta días y la provincia de Buenos Aires, de treinta a 45 días, todos plazos considerados razonables en esta industria. 

El Gobierno busca que las obras planificadas las haga el sector privado, con repago de obras vía cobro de peajes u otras formas. Pero el tema es que hay muchos lugares donde eso no es posible. “Una cosa es en el Gran Buenos Aires o en provincias importantes, donde el volumen de tránsito justifica las obras y garantiza el repago a vía peajes, y otra es la realidad de otras provincias”, apuntan desde otra constructora. 

Otro tema en agenda de las empresas es la deuda pendiente por obras ya realizadas o con certificados de avance de obra para habilitar el cobro. Consultado sobre el monto total de esa deuda, un constructor destaca que “es difícil de estimar porque hay deuda que quedó en Vivienda, otras en convenios del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento), de Ferrocarriles o Vialidad Nacional, pero en algún momento se había estimado una deuda del orden de los 500 millones de dólares”, afirma.  

Y agrega que “había más de 4 mil obras en ejecución, van a quedar 250 o trescientas obras. Hoy las empresas están con problemas de financiamiento por la deuda pendiente”. 

Hace unos años un estudio de la Cámara de la Construcción calculaba en 1,6 puntos del PBI la inversión necesaria para el mantenimiento solo de las obras existentes. En 2024 la inversión total en el sector fue de 0,6 puntos del PBI. Dato mata relato.