El 30 de noviembre de 1985 es una de esas fechas que parecen estar marcadas en el calendario como una más en la agitada agenda de los presidentes, en este caso de la Argentina y Brasil –Raúl Alfonsín y José Sarney–, pero que terminan resignificadas y valoradas al cabo de los años.

Ese día ambos mandatarios firmaron en Foz do Iguaçu, Brasil, la Declaración de Iguazú, un documento que sentó las bases de la integración bilateral entre las dos principales economías de la región, pero que a la postre fue mucho más que eso.

Allí los dos países dieron pasos concretos en materia de integración energética y tratamiento de la deuda externa, que por entonces hacía estragos en las economías en desarrollo, al tiempo que establecieron mecanismos de acción conjunta a nivel político entre los países.

Esta fue la piedra basal del Mercosur, incluyendo además de la Argentina y Brasil a Uruguay y Paraguay, a partir del Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991, que entre otras cuestiones clave adoptó el nombre de Mercosur para el bloque y estableció un área de libre comercio en el Cono Sur.

EL CONTEXTO

Hacía solo ocho meses que Brasil había recuperado la democracia después de 21 años de duros gobiernos militares. En unas elecciones legislati- vas históricas en enero de 1985, el entonces gobernador de Minas Gerais, Tancredo Neves, se impuso como candidato de consenso de la oposición al oficialista Paulo Maluf, que representaba el continuismo del gobierno de facto.

Tancredo Neves debía asumir la presidencia el 15 de marzo, pero pocos días antes fue hospitalizado por una grave infección que, tras siete operaciones en solo cuarenta días, acabó con su vida. Neves no llegó a asumir la primera magistratura y solo fue declarado presidente (post mortem) en abril de 1986.

Ante la convalecencia de Neves, el 15 de marzo de 1985 había asumido como presidente interino el vicepresidente electo José Sarney, que quedó oficialmente ratificado en el cargo más alto del Estado brasileño el 21 de abril de aquel año.

En la Argentina, en tanto, gobernaba el radical Raúl Ricardo Alfonsín. El Plan Austral, lanzado en junio de 1985 pero en vigencia real desde febrero de ese año, aún estaba en etapa de estabilizar una economía que venía de un proceso inflacionario complejo –700 por ciento anual– tras los siete años de dictadura.

El equipo económico comandado por Juan Vital Sourrouille, secundado por Adolfo Canitrot y Mario Brodersohn como secretarios de Planificación Económica y de Hacienda, había implementado el austral como moneda de curso legal, en reemplazo del peso argentino que habían lanzado los militares en junio de 1983, pero que a esta altura tenía su valor carcomido por la inflación.

Además, con la idea de desindexar los contratos nominados en pesos argentinos y “empalmar” ambos signos monetarios, el Gobierno aplicó un desagio a los contratos en curso a través de una tabla que deflactaba los precios, al quitarles la inflación calculada en forma implícita.

SEÑAL DE LARGADA

En este contexto, el 29 de noviembre de 1985 los presidentes de la Argentina y Brasil decidieron avanzar en la integración bilateral, con un acto que tuvo mucho de simbolismo, la inauguración del Puente Internacional Tancredo Neves –bautizado así en honor al fallecido político brasileño– que une la ciudad de Puerto Meira, en Brasil, con Puerto Iguazú, en la Argentina.

El Puente Tancredo Neves fue la primera obra de integración física entre la Argentina y Brasil inaugurada desde que en 1947 se abrió el puente que une Paso de los Libres con Uruguayana.

Al día siguiente, ambos mandatarios pasaron a la acción al poner su rúbrica al pie de la Declaración de Iguazú, que en su punto 6 dice: “Los jefes de Estado coincidieron en destacar el elevado grado de diversificación, profundización y fluidez alcanzado en las relaciones argentino-brasileñas, que fortalece la permanente disposición de los dos pueblos a estrechar en forma creciente sus lazos de amistad y solidaridad”.

No era un dato menor, ya que hasta los gobiernos militares la Argentina y Brasil diseñaban su política exterior en base a hipótesis de conflictos con el país vecino. A fines de 1985 la situación era muy distinta y los nuevos gobiernos democráticos tuvieron mucho que ver.

El momentum de la declaración no podía ser más difícil. Los presidentes coincidieron en las dificultades que atravesaba la economía de la región, por los “complejos problemas derivados de la deuda externa, del incremento de las políticas proteccionistas en el comercio internacional, del permanente deterioro de los términos del intercambio y del drenaje de divisas que sufren las economías de los países en desarrollo”, señala el documento.

EL PESO DE LA DEUDA

En cuanto a la deuda externa, Alfonsín y Sarney valoraron el enfoque conceptual planteado en el Consenso de Cartagena en junio de 1984. Allí participaron once países latinoamericanos, que en conjunto representaban el 80 por ciento de la deuda externa regional.

Ese enfoque ponía de relieve ante la comunidad financiera internacional la gravedad de la deuda de América latina, en especial a partir de la crisis de la deuda desatada en 1982 tras el default de México.

Expresaron su satisfacción “por el hecho de que las ideas centrales de Cartagena –exigencia de crecimiento de la economía de los países deudores, necesidad de disminución del peso del servicio de la deuda y corresponsabilidad de deudores y acreedores– están comenzando a ser comprendidas” por la comunidad financiera, señala el punto 9 de la Declaración de Iguazú.

En materia política, destacaron la necesidad de preservar a América latina y África de conflictos armados, y avalaron las gestiones del Grupo Contadora (México, Colombia, Panamá, Venezuela) y el Grupo de Apoyo a Contadora (Argentina, Brasil, Uruguay y Perú) de continuar las gestiones para la paz en Centroamérica.

También se puso el foco en la integración de los sectores de energía, transporte y comunicaciones, y fijaron como prioridades el aprovechamiento hidroeléctrico binacional de Garabí, la complementación en áreas de exploración y explotación petrolífera y en el comercio bilateral de combustibles líquidos y gaseosos, así como la integración física y de los sistemas de transporte y comunicaciones.

Tras enfatizar el apoyo de Brasil a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas (punto 14), el aspecto de mayor trascendencia quedó plasmado en los puntos 18 y 19, donde Alfonsín y Sarney expresaron su “firme voluntad política de acelerar el proceso de integración bilateral”.

Y dieron un paso más al crear una comisión mixta de alto nivel de cooperación e integración económica bilateral, presidida por los cancilleres e integrada por representantes gubernamentales y de los sectores empresariales de los dos países “para examinar y proponer programas, proyectos y modalidades de integración económica”. La semilla del Mercosur ya había sido sembrada.