En la Argentina libertaria, forjada según el libreto que escriben casi a ocho manos el presidente Javier Milei y su hermana Karina, “El Jefe”, así en masculino, según la califica el propio mandatario, a los que se suman en el ala económica los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, conviven en tensión permanente dos países, bajo un mismo cielo celeste y blanco.

Por un lado, está la Argentina de los números macro. Algunas cifras oficiales le sonríen al Gobierno en los últimos meses y llevan a creer a varios analistas en el centro del espectro ideológico que estos son los primeros pasos de un sendero venturoso que traerá estabilidad, crecimiento y desarrollo, haciendo nada más ni nada menos que lo que hacen aquellos países a los que les va bien desde hace décadas, si no siglos.

Aunque con matices, los datos de inflación, empleo, actividad, tipo de cambio y tasas de interés, que conforman el quinteto de hierro que puede abonarle el camino de la reelección a un gobierno o gatillar un cambio de signo político en la Casa Rosada moviendo el eterno péndulo argentino al otro extremo, inducen al Gobierno a poner estas variables entre sus activos.

La paradoja argentina es que aun con una relativa estabilidad de algunos indicadores, hay una amplia porción de la población que no percibe una mejora y queda al margen de los supuestos beneficios del sistema. Solo basta caminar por algunos barrios del conurbano bonaerense para advertir que los comercios están vacíos, el salario no alcanza y el mercado de trabajo empieza a mostrar su peor cara, la del desempleo.

Bolsillos quebrados

Se supone que un escenario de desaceleración de la inflación desde los niveles muy elevados de fines de 2023 –aunque ya lleva diez meses consecutivos de suba– y el dólar “planchado” desde las elecciones de octubre pasado deberían impactar en el poder adquisitivo de la gente, pero no es así.

El Gobierno decidió ir a fondo con el apretón monetario para combatir el rebrote inflacionario que llevó el índice de precios al consumidor de 1,5 por ciento mensual en mayo de 2025 a 3,4 en marzo pasado, una inflación que se duplicó holgadamente en menos de un año.

Pero más allá de la foto, lo más alarmante es la película. Y lejos de ser una comedia, todo indica que va a camino a ser un drama. Durante su discurso de cierre en la AmCham Summit 2026, el encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, el presidente Javier Milei destacó en más de un pasaje de su alocución que el rumbo no se cambia, que sin importar si la inflación no cede o cae la actividad económica en numerosos sectores industriales, el comercio y la construcción, el programa económico no se toca, al contrario.

En una muestra de que cuando empieza a derrapar, lejos de levantar el pie del pedal acelera en la curva, el mandatario sentenció: “La motosierra no se detiene. En la última reunión de Gabinete di la orden expresa de que la motosierra no para. Vamos a seguir recortando el gasto público para poder seguir bajando impuestos, porque los impuestos son un robo”.

Así, mientras los sectores ligados a la extracción y exportación de recursos naturales, a lo sumo con alguna primera transformación o industrialización, como es el caso del sector Oil & Gas por Vaca Muerta y el energético en general, la minería, el agro que siempre lidera la generación de divisas y últimamente la economía del conocimiento, el resto de las actividades productivas deberán esperar más de lo mismo.

Los desamparados de siempre

Sorprende que mientras el Gobierno hace gala de haber hilvanado ya 27 meses consecutivos de superávit fiscal primario y financiero (luego del pago de servicios de la deuda pública), con importante superávit comercial acumulado en los primeros dos meses del año (5.508 millones de dólares), inflación anualizada de 32,6 por ciento –versus 211,4 por ciento a fines de 2023– y caída del desempleo al 7,5 por ciento en el último trimestre de 2025, el subsuelo de la patria cruje y hace malabares para llegar a fin de mes.

Justamente, el dato de desempleo es uno de los que genera incertidumbre, sobre la representatividad del dato. Según el Indec, la población ocupada es el “conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia han trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica)”. O sea, una persona que trabajó una o dos horas en toda la semana no integra el pelotón de desocupados. Como mínimo, suena raro.

El organismo aclara que este criterio de una hora trabajada, “además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales o de baja intensidad que realiza la población”. O sea, para el Gobierno alguien que hace una changa ocasional por dos monedas tiene trabajo o está ocupado.

Otro dato llamativo es el que surge de los indicadores de salarios. Una simple observación del consumo permite ver que la gente no tiene plata más que para gastos esenciales, como alimentos, transporte o el pago de las tarifas de servicios públicos.

Los propios datos oficiales marcan que en febrero (último dato relevado) en promedio los salarios crecieron 2,4 por ciento, es decir, 0,5 puntos menos que la inflación minorista del mes, y acumularon 5 por ciento en el primer bimestre, contra 5,9 por ciento de variación del IPC en el período enero-febrero de 2026. Es decir, solo en los primeros dos meses del año los salarios perdieron un punto de poder adquisitivo.

Sin embargo, lo más llamativo es que esto se da gracias a un salto desmesurado de 9,2 por ciento del salario en negro, no registrado en la jerga oficial, en el primer bimestre, contra 3,7 por ciento del empleo privado registrado y 4,2 del sector público. Es algo que no se ve en la calle ni tiene antecedentes en ese sentido en el país, donde por lógica el salario en negro, que no se rige por paritarias y depende más de la buena voluntad de los empleadores, suele correr de atrás a los salarios formales, tanto sean del sector público o privado.

Jubilados pobres

Y otro aspecto controversial es el de la pobreza. El presidente Milei y el ministro Caputo insisten ante cuanto micrófono tengan delante que desde que asumieron el Gobierno sacó a 13 millones de argentinos de la pobreza.

Esto surge de una metodología que calcula la línea de pobreza sobre la base de una canasta de consumo de alimentos y servicios básicos como transporte, comunicaciones, salud, etcétera, definida como Canasta Básica Total (CBT), mientras que la indigencia está determinada por la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contabiliza el monto mínimo necesario para comprar un conjunto de alimentos requeridos que aporten las calorías para realizar una actividad física moderada.

Entonces, medida por ingresos, los números dan que la pobreza alcanzó en el segundo semestre de 2025 al 28,2 por ciento de la población del país y la indigencia, que son los más pobres entre los pobres, al 6,3 por ciento. Es una baja respecto de la medición previa y en porcentaje no dice mucho. Distinto es saber que estamos hablando de casi 13.100.000 de personas viviendo en la pobreza, y 2.923.000 de indigentes, es decir, gente que apenas llega a comprar algo para comer.

Entre la “Argentina potencia” que imagina Javier Milei y los 13 millones de pobres hay un abismo. Incluso podría ser más profundo, si se recuerda que el país tiene un 43 por ciento de su actividad en negro y, por lo tanto, es muy difícil de medir los ingresos de la población en esa parcela de la economía.

Y un dato más. Se estima que el 75 por ciento de los jubilados y pensionados cobra el haber mínimo, que en este momento está en torno a 420 mil pesos incluyendo el bono de 70 mil pesos, que se mantiene sin cambios desde enero de 2024. Con el ajuste dispuesto para mayo llegarán a 463.174,10 pesos, de modo que la gran mayoría de los jubilados son pobres en la Argentina, dado que la Canasta Básica Alimentaria para un adulto está valuada en 464.228 pesos.