La visita en la cárcel de un grupo de legisladores de La Libertad Avanza con represores de la última dictadura que se encuentran detenidos por asesinatos, torturas y secuestros generó rechazos de parte de organismos de derechos humanos y en todo el arco político, incluso dentro del propio bloque de LLA. La delegación estuvo encabezada por el diputado oficialista Beltrán Benedit y participaron también sus compañeros Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci. Además de Alfredo Astiz, el encuentro habría incluido a otros criminales que actuaron en el centro clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, como Adolfo Donda, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason. Por este motivo, Caras y Caretas entrevistó a Ana María Careaga: hija de Raymundo Careaga y de Esther Ballestrino de Careaga, oriundos de Paraguay, militantes del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y exiliados en la Argentina. Ana María era militante de la Juventud Guevarista. Fue secuestrada el 13 de junio de 1977, a los 16 años, cuando tenía un embarazo de menos de tres meses, y llevada al centro clandestino de detención Club Atlético, de donde fue liberada el 30 de septiembre del mismo año.

–¿Como sobreviviente de esos años del terror, cómo atravesás este momento histórico?

–En principio creo que estamos asistiendo a un momento de gran retroceso en materia de acceso a derechos que no puede ser indiferente para quienes tenemos sensibilidad social y nos preocupa el contexto en el que vivimos. Vengo de una familia comprometida con la realidad de su tiempo. Mis padres vinieron de Paraguay y se exiliaron en la Argentina a raíz de la dictadura primero de Morínigo y luego de Stroessner. Eran militantes del febrerismo en ese país, mi madre era una mujer de avanzada para su época, fue fundadora del movimiento femenino en ese partido y mi casa era una casa de puertas abiertas que recibía a quienes venían de los distintos países de la región en una época en que empezaron a multiplicarse las dictaduras y a acrecentarse la represión de la mano de la Operación Cóndor, verdadera internacional del terror para el secuestro e intercambio de prisioneros. Como sabemos, nuestro país no fue ajeno a eso y mi familia también sufrió mucha persecución. Mi casa fue allanada en varias oportunidades, y en ese marco fue secuestrado primero mi cuñado Manuel Carlos Cuevas, que permanece desaparecido, y luego me secuestraron a mí cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de tres meses. Me había casado el 12 de abril y me secuestraron el 13 de junio de 1977. Fui llevada al centro clandestino de detención conocido como Club Atlético por sus siglas CA, “Centro Antisubversivo”, y permanecí casi cuatro meses allí en condiciones infrahumanas de vida, fui brutalmente torturada, y estuve siempre con los ojos vendados y cadenas en los pies. Pensaba que el bebé había muerto por la tortura pero un día, estando acostada en la celda, a la que le decían “tubo” por lo estrecha, se empezó a mover. Para mí fue un antes y un después porque sentí que había un lugar de mi cuerpo que no habían podido vulnerar, que la vida había triunfado en un lugar de pura muerte. Y allí, tempranamente, me hice la pregunta por la condición humana frente al horror. Fui liberada el 30 de septiembre del mismo año junto a un grupo de quince o veinte personas que fuimos dejadas en distintos lugares. A raíz de mi secuestro y el de mi cuñado, mi madre, Esther Ballestrino de Careaga, se sumó a las madres que buscaban a sus hijas e hijos desaparecidos. Cuando me dejaron en libertad, ella volvió a la plaza, y sus compañeras le preguntaron: “¿Qué hacés acá si vos ya recuperaste a tu hija?”. Y respondió: “Voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos”, lo que daba cuenta ya del alcance de un movimiento que habría de adquirir una impronta colectiva indiscutible. Luego mi mamá me llevó a hacerme todos los estudios por el embarazo y la salud, y el siguiente destino fue Brasil, en donde obtuve refugio bajo la protección del Acnur, y luego fuimos a Suecia también con mis hermanas. El 11 de diciembre de ese año nació mi hija Anita en una ciudad del sur de ese país y cuando llamamos para dar la buena nueva ahí, nos enteramos de que tres días antes la habían secuestrado a mi mamá en un operativo realizado por la Marina los días 8 y 10 de diciembre, por el cual se llevaron a doce personas entre las que estaban las tres madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de De Vincenti y Esther, y dos religiosas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet. Alfredo Astiz, bajo el seudónimo de Gustavo Niño, se había infiltrado en el grupo de las Madres haciéndose pasar por hermano de un desaparecido, se ganó el afecto y confianza de las madres y participó del secuestro. El grupo fue llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada y posteriormente arrojado con vida al mar en los llamados “vuelos de la muerte”, solución final de la que se jactaban de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de las y los desaparecidos. Muchas prácticas que se están viviendo en la actualidad reactualizan lo traumático de todo esto. Y una de esas expresiones es la visita de un grupo de diputados de LLA a genocidas, entre los que estaban Astiz y otros represores de la ESMA, todos ellos condenados por este caso, y también represores del Primer Cuerpo de Ejército bajo el que estaba el conocido como “Circuito ABO” (Atlético-Banco-Olimpo), entre otros. Es sumamente inquietante para quienes hemos vivido estos hechos pero también para el conjunto de la sociedad.

–Uno de los objetivos del gobierno de LLA es indultar a los genocidas. ¿Cómo pensás que actuará la Justicia al respecto?

–Creo que en relación con la lucha histórica por Memora, Verdad y Justicia, este último significante tuvo el estatuto de lo no negociable. Ante cada uno de los intentos de consagrar la impunidad hubo una respuesta clara del movimiento de derechos humanos en ese sentido. Desde la pretendida “autoamnistía” de los militares antes de dejar el poder, seguida de las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida y luego el indulto, la determinación de juzgar y sancionar los crímenes se inscribió en la Argentina como una posición ética. En ese sentido, yo digo siempre que las Madres inventaron un modo de resistencia inédita, salieron al ruedo recorriendo cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, a partir de la pérdida más preciada que puede tener una madre, que es la vida de sus hijos e hijas, y fundaron un pacto civilizatorio que puso a nuestro país a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, con políticas públicas en esa materia que abonaron a la construcción del Nunca Más como contrato social. Y así como hoy es eso lo que se está cuestionando, lo que se apunta a desandar, a destruir, creo que en materia de justicia no se puede retroceder. Nos hemos dirigido a distintos juzgados y también a la Cámara de Casación pidiendo, por ejemplo, entre otras cosas, la preservación de los sitios de memoria, de las pruebas materiales del terrorismo de Estado, y nos han manifestado la voluntad de la Justicia de sostener la sanción de estos crímenes aberrantes, que son delitos que no se pueden equiparar. La visibilización a través de los testimonios de la desaparición, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la lógica del sistema concentracionario, puso de cara a la sociedad la magnitud del mal y también de su rechazo. Una de las expresiones de ese rechazo fue la multitudinaria movilización que se opuso al llamado “dos por uno” por el cual se pretendía beneficiar a los represores reduciendo las penas a la mitad. Hay un límite claro respecto de la metodología represiva implementada durante la dictadura. Por eso es tan importante denunciar el negacionsimo y la reivindicación de esos crímenes porque ofenden la condición humana y conciernen a todos y todas.

–¿Qué rol está asumiendo la Iglesia católica en este asunto cuando sabemos que fue cómplice de los genocidas y por mucho tiempo guardó silencio?

–A diferencia de otros países del Cono Sur que sufrieron la represión, como Chile o Brasil, donde la Iglesia tuvo un protagonismo en defensa de la vida, en la Argentina la jerarquía eclesiástica estuvo muy cerca de la dictadura, pero también hubo una iglesia comprometida y hubo curas y catequistas que fueron desaparecidos y desaparecidas. Hoy creo que para orientar la posición de la Iglesia es fundamental la palabra del papa Francisco. De hecho, cuando se tomó conocimiento de que en realidad la visita de los diputados a los represores no había sido solamente eso, sino que había estado precedida por otras reuniones en el marco de un proyecto para obtener beneficios para los represores en un intento de desandar las sanciones de la Justicia, esto vino liderado por un cura, hijo de un represor y un reivindicador de esas ideas. Y el mensaje que el Papa nos envió a través de Anita, convocándonos a conservar la memoria, no es solo un mensaje para nosotras, sino que lo es también para la Iglesia, que separó finalmente de la diócesis en la que estaba a este cura que tiene un discurso absolutamente contrario a derechos. El haberla recibido en su casa de Santa Marta para poder reflexionar sobre estas cuestiones tan peligrosas, como él mismo dijo, y haber antes también visitado a la sobrina de una de las religiosas francesas son mensajes muy claros respecto de cuál es la línea que debe tener la Iglesia en este sentido.

–Hace unas semanas Javier Milei decretó el vaciamiento y desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). ¿De dónde viene esa política y cuáles son sus objetivos?

–Creo que esto está en línea con la tremenda ofensiva que en contra de las políticas públicas de memoria está llevando adelante este gobierno. Mencionábamos la visita a los represores, pero está también por ejemplo el proyecto de involucrar nuevamente a las Fuerzas Armadas en el conflicto interno, los despidos de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, de diversas instancias pero también de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que deberían ser preservados, tienen protección y son prueba judicial. También se desmanteló el equipo de trabajo del Ministerio de Defensa que investigaba y aportaba información en esa materia en los procesos que juzgan delitos de lesa humanidad. Y particularmente el decreto por el cual se elimina la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado atenta contra el derecho a la identidad. El plan sistemático de apropiación de bebés es una de las mayores expresiones de la crueldad. En la Argentina de la dictadura secuestraron a exponentes de una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo, se apropiaron de sus hijos e hijas y se llevaron también a las madres que les buscaban. Los hoy adultos que buscan las Abuelas, acompañadas de la sociedad, son los desaparecidos y desaparecidas con vida, en la medida en que no sean restituidos a su familia de origen el delito se continúa, y por lo tanto se perpetúa la desaparición. Lo que estamos viviendo, que nos retrotrae a los peores métodos de aquella oscura época, también nos remite a la enseñanza más noble que nos ha dado nuestro país: la lucha de las Madres. Son tiempos de testimonio, de denuncia y de sostener ese pacto civilizatorio por Memoria, Verdad y Justicia, en defensa de los derechos humanos.