Desde hace ya muchos años la figura de Raúl Alfonsín cohesiona a gran parte de la política argentina. Con excepción del actual presidente, quien confesó que su terapia era boxear un muñeco con una careta del ex mandatario, tanto peronistas como radicales parecen coincidir en resaltar su figura por encima incluso de grandes diferencias.

Y es que si en el derrotero de Alfonsín es posible incluir no solo su rol como garante de la democracia y los derechos humanos, sino también aspectos negativos, estos parecen haber disminuido con el tiempo, frente a la orientación, eficiencia y niveles de corrupción posiblemente no de todos pero sí de la mayor parte de los gobiernos que le siguieron.

Una figura clave de su época pero menos reconocida popularmente parece correr una suerte similar, es decir, la del respeto tanto por sus aciertos como por el contraste que imprimen sus aspectos críticos, al compararlos con aquellos que le sucedieron en su rol, incluso hasta el presente.

Es el caso del ex presidente de la Corte Suprema Justicia Genaro Carrió, cuya trayectoria como uno de los más relevantes juristas del siglo pasado tuvo punto histórico en el haber sido uno de los artífices del diseño del Juicio a las Juntas Militares, y haber firmado en 1984, como presidente de la Corte Suprema, la confirmación de la sentencia de la Cámara de Apelaciones para asumir el juzgamiento a las Juntas.

Nacido en 1922 en Concordia, Entre Ríos, Carrió se graduó en 1944 como abogado en la Universidad Nacional de La Plata, tras lo cual obtuvo el Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Discípulo de los juristas Carlos Cossio, Ambrosio L. Gioja y Herbert Hart, traductor de juristas extranjeros como el propio Hart, Alf Ross, Wesley Newcomb Hohfeld y J. L. Austin, recibió también la Beca Guggenheim para cursar estudios en Oxford, fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA entre 1972 y 1976 y fundó la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. También fue autor de una frondosa bibliografía, entre la que se destacan títulos como El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, Cómo estudiar y argumentar un caso, Cómo fundar un recurso y Notas sobre derecho y lenguaje, su obra más importante, que reúne diversos trabajos propios.

Lo cierto es que a poco de doctorarse en Derecho, en 1956, Carrió fungió como subsecretario del Interior del gobierno de facto de la Revolución Libertadora, que derrocó al peronismo; y ese mismo año inició su carrera docente en una UBA dirigida por funcionarios del gobierno militar. Entre las referencias que hizo justamente al peronismo, citó en una charla de la UBA a uno de los juristas de los que se consideraba discípulo, el mencionado Gioja, al dar cuenta de “su crítica encendida, pero articulada, a un movimiento populista en la política argentina, con ribetes inequívocamente autoritarios”, que “no había nacido plenamente cuando lo conocí pero que ya se insinuaba de manera inequívoca”, aunque sin hacer referencia, jurídicamente, a su ilegal proscripción durante 18 años.

Con todo, su hija Alicia señala que “su aversión al peronismo fue en el contexto del fin de la guerra en Europa, como parte de una generación de intelectuales progresistas a los que este movimiento les horrorizaba. Pero con los años maduró esa visión, pues entre nosotros fue crítico de su proscripción y sus consecuencias, y trabajó fuertemente con Alfonsín para el regreso de una democracia plena para todos los partidos”.

De hecho, Carrió no fue indiferente ante la dictadura que sucedió a la de la Revolución Libertadora, pues al referirse a la Noche de los Bastones Largos de Juan Carlos Onganía, cuando renunció a su cátedra, explicaría que el esplendor académico de la década en la que transitó la universidad fue “destruido literalmente en una sola noche aciaga de fines de julio de 1966, en un desborde de increíble salvajismo desatado con miopía, torpeza y crueldad por los agentes brutales de un irresponsable e ignorante gobierno autoritario”. Incluso, llegó a responsabilizar a Onganía, en lo que afirmaba era su lucha contra el activismo de izquierda, de “solo fomentar con su acción la subversión y la guerrilla”, pues muchos estudiantes “de espíritu progresista creyeron cerrados los canales del debate democrático en pro de sus generosos ideales juveniles, y con una falta de mesura y visión propia de sus pocos años buscaron el camino de la acción directa”. La reacción del llamado Proceso de 1976 a este cuadro, agregó, fue “tan censurable que nos avergonzó ante los países civilizados de la Tierra”.

Durante una conferencia en la UBA, el propio Carrió reconocería que fue el tercer gobierno peronista el que le ofreció retornar a sus cátedras, junto a todos aquellos echados en 1966, al señalar que “en 1973 o 1974 nuevas autoridades dejaron sin efecto la aceptación de mi renuncia”. Sin embargo, aclarando que agradeció el gesto, afirmó que no quería volver a enseñar, pues pensó que no se sentiría cómodo en un ambiente “que tenía un aspecto francamente caótico, y no quería regresar del brazo de la anarquía”. Después, añadió, se hizo el propósito de no regresar a los claustros mientras perduraran gobiernos militares.

Justamente durante el gobierno dictatorial de Jorge Rafael Videla, tuvo uno de sus roles más destacados con la asunción de la defesa de Jacobo Timerman, luego de que este fuera secuestrado en 1977 por un grupo de tareas dirigido por el jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps. Según recordaría Timerman, aquel año Carrió “fue el único abogado que se atrevió a asumir la defensa del más notorio prisionero de los militares, siendo entonces uno de los abogados más importantes en la Argentina”, y añadió que “cuando se ofreció a representarme, inmediatamente después de mi desaparición, mi mujer le dijo que para nosotros sería imposible pagarle sus honorarios acostumbrados, pero no solo rehusó el pago, sino que él mismo costeó los procedimientos de habeas corpus”. Timerman agregó, además, que “durante dos años y medio dio apoyo moral a mi familia. Si alguna vez fue amenazado por los militares, jamás lo mencionó”.

El regreso de la democracia

Pero fue con la vuelta de la democracia que, al igual que Alfonsín, la figura de Carrió adquirió su gran papel en la historia argentina, tanto por su propio desempeño como, nuevamente, en comparación con quienes lo sucedieron en su cargo de titulares de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el propio Carrió señaló a mediados de la década de 1990 la enorme relevancia que tenía para el país una magistratura compuesta por jueces no solo bien remunerados, sino también “independientes”, “probos”, “idóneos” y “consustanciados con los valores de la democracia y del liberalismo político que inspiran a la Constitución Nacional”.

En septiembre de 1983, un mes antes de las elecciones presidenciales que marcarían el retorno de la democracia, Carrió fue convocado por Alfonsín junto a un grupo de juristas y filósofos –entre los que se encontraban Carlos Nino, Jaime Malamud Goti, Martín Farrell, Ricardo Gil Lavedra, Eugenio Bulygin, Osvaldo Guariglia, Eduardo Rabossi, Andrés D’Alessio, Dante Caputo, Enrique Paixao y Juan Octavio Gauna– para evaluar la modificación de la ley 22.924 de Autoamnistía sancionada por los militares por aquel entonces y que prohibía investigar o efectuar juicios sobre cualquier delito político y violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1982. Tras aquellas reuniones, surgió la idea de hallar un camino legal que no fuese objetado jurídicamente, para lograr que la Justicia ordinaria pudiera intervenir en el juicio a la Juntas. Así, en diciembre de 1983 el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para tratar un grupo de leyes entre las que se encontraba la reforma del Código de Justicia Militar, manteniendo la jurisdicción castrense como instancia de juzgamiento de los hechos cometidos en el pasado, pero atribuyendo a las cámaras federales de apelaciones civiles amplios poderes de revisión de las decisiones de esa jurisdicción, donde en caso de demora injustificada o negligencia en la tramitación del juicio, la Cámara podía también asumir el proceso.

Pero el rol de Carrió no se circunscribió a ser uno de los ideólogos de ese proceso, sino que luego de ser nombrado juez de la Corte Suprema por Alfonsín y elegido presidente del cuerpo por sus pares –José Severo Caballero, Augusto César Belluscio, Carlos Fayt y Enrique Petracchi–, debió avalar las sentencias judiciales contra los militares.

Así, en el contexto de una enorme fragilidad institucional y amenaza militar, rubricó el 27 de diciembre de 1984 la sentencia confirmatoria que avaló la decisión de la Cámara de Apelaciones Federal en lo Criminal de la ciudad de Buenos Aires de juzgar a las Juntas Militares.

De acuerdo con un trabajo del abogado y fiscal Leonardo Filippini, en la “causa Videla”, avaló por caso la decisión del Congreso de asignar a las cámaras federales la potestad de abocarse a esa causa luego de la tramitación negligente del tribunal castrense, lo cual, agrega, se sostuvo en una línea interpretativa de la propia Corte a la constitucionalidad de las restricciones impuestas al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Todo ello, añade, bajo decisiones originales en la lógica del experimento de condenar el pasado, pero sin poner en cuestión el futuro, y romper con el pasado inmediato, pero sobre la base de referencias tangibles a principios anclados en la memoria colectiva de libertades constitucionales.

Problemas de salud, posiblemente derivados de aquellos duros meses, lo forzaron a dejar el cargo meses más tarde, para asumir como coordinador del Consejo para la Consolidación de la Democracia (Cocode) y profesor titular del Instituto Gioja en la UBA. Al jubilarse de esa universidad, pocos años más tarde, afirmó imaginar que una importante etapa de su vida, “llena de ilusiones iniciales y posteriores desencantos, entraba para siempre en el olvido con bastante poca gloria”.

Sin embargo, cuando en noviembre de 1987 la propia UBA lo convocó para otorgarle el título de profesor honorario de la Facultad de Derecho por sus “valores morales e intelectuales, y la realización de sus ideales éticos y políticos entre los que la libertad, el respeto al prójimo y la efectiva vigencia de los derechos humanos ocupan un lugar preponderante”, afirmó que aquella idea de abandonar la facultad de forma sombría había sido una idea sobre la que “estaba felizmente equivocado”.

Ya jubilado, sus últimos años le permitieron mayor tiempo para sus pasiones, la lectura y la música clásica, hasta su fallecimiento, el 17 de octubre de 1997, a los 75 años.