El tercer gobierno peronista, que tuvo lugar entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976, representó uno de los períodos más complejos y controvertidos de la historia argentina reciente. El peronismo volvía al poder luego de dieciocho años de proscripción, en un contexto de significativa movilización social y de gran expectativa por parte de vastos sectores de la población. En un escenario regional notablemente influenciado por la Revolución cubana y marcado por la proliferación de luchas populares, su llegada se daba en una etapa de auge del nacionalismo revolucionario, proceso vinculado a la “peronización” de los sectores medios que tuvo lugar en los últimos años de la dictadura de Juan Carlos Onganía, que incluía tanto a organizaciones guerrilleras como a los grupos que formaban su periferia política. En los años previos a su asunción, se multiplicaron las acciones armadas llevadas a cabo por estas organizaciones, que involucraron, por ejemplo, el asesinato de Augusto Timoteo Vandor en 1969 y el secuestro y posterior asesinato de Pedro Eugenio Aramburu el año siguiente. Asimismo, se agudizó la represión por parte de las Fuerzas Armadas, lo cual se encuentra ejemplificado en la masacre de Trelew de 1972.

La economía del país a inicios de los años 70 se caracterizaba por el predominio del capital extranjero, en el marco del funcionamiento de la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones. Este controlaba los núcleos técnicos y económicos de las cadenas productivas centrales, afianzándose una estructura industrial oligopólica en la cual las grandes firmas detentaban la capacidad de definir la estructura de precios relativos.

En este escenario, el tercer gobierno peronista aunaba una diversidad de sectores con orientaciones y expectativas sumamente disímiles e incluso contrapuestas, cuya unidad se asentaba, básicamente, en la indiscutible figura de Juan Perón. El núcleo central de la alianza que representaba el regreso del peronismo al poder y de la política económica que se pondría en marcha se encontraba en el movimiento sindical organizado en la CGT y en la agrupación empresarial que reunía a los pequeños y medianos empresarios nacionales, la CGE. La propuesta de dicha alianza tenía como uno de sus estandartes principales la defensa del mercado interno y de un capitalismo “nacional”, con pleno empleo y con una distribución del ingreso favorable a los asalariados.

EN LA LÍNEA DE FORJA

Apenas asumido al gobierno, la llegada de José Ber Gelbard, líder histórico de la CGE, al frente del Ministerio de Economía conllevó la puesta en marcha del Pacto Social, una política de ingresos de clara orientación nacional popular, concertada entre el Estado, la CGE y la CGT. Esta política se encuentra inscripta dentro de la tradición económica nacionalista, en la línea del forjismo que surgió a mediados de los años 30 y que tuvo como destacados exponentes a figuras como Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche.

El Pacto Social consistió en un aumento salarial inicial de suma fija de modo tal que impactara en mayor medida en los sectores de menores ingresos, seguido por el congelamiento de precios y salarios. La medida se complementaba con la reducción de los precios de una serie de productos de la canasta familiar y de otros que afectaban el poder de compra de los asalariados. De esta manera, buscaba estabilizar la economía en el corto plazo y redistribuir ingresos a los sectores más desfavorecidos.

Junto con el Pacto Social, el tercer gobierno peronista implementó el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, programa que establecía una planificación de la economía que abarcaba múltiples aspectos de la vida económica. En sintonía con su orientación nacional y popular, el plan apuntaba a la plena vigencia de la justicia social, a contribuir a la integración latinoamericana, a lograr el autoabastecimiento energético y a redimensionar las relaciones de fuerza en el agro y en la industria, poniendo al sistema financiero al servicio de este proyecto. Se trataba de una planificación integral vinculada con las ideas estructuralistas de la Cepal, organismo que brindó asistencia técnica para la elaboración de este plan en diversas áreas vinculadas a la planificación del desarrollo.

Sus resultados fueron sumamente positivos en el corto plazo. El Pacto Social logró contener los incrementos de precios hasta lograr una inflación cercana a cero en los primeros meses de su implementación, junto con una mejora del salario real, prácticamente pleno empleo y una distribución del ingreso cercana al deseado fifty/fifty. Junto con ello, se alcanzó un importante dinamismo de las exportaciones industriales que resultaba clave para superar definitivamente el estrangulamiento externo y otorgarle sustentabilidad a la industrialización.

ASÍ ROMPIERON TODO

No obstante, esta política económica tuvo corta vida. Con la muerte de Perón, el 1° de julio de 1974, este programa quedó sin apoyo político, proceso que terminó con la renuncia de Gelbard en octubre, y luego de unos meses de enfoque gradualista, con una política de shock llevada a cabo por Celestino Rodrigo en junio de 1975 que significó una fuerte ruptura respecto de la política inicial y el abandono definitivo de las políticas de concertación. Luego de algunos meses de deriva bajo la presidencia de Isabel Martínez, y en el marco de una fuerte ofensiva por parte de los sectores dominantes, el modelo de desarrollo del tercer gobierno peronista terminó trágicamente el 24 de marzo de 1976, cuando el golpe de Estado dio a inicio a una dictadura cívico-militar caracterizada por el terrorismo de Estado y la instauración de un patrón de acumulación basado en la valorización financiera del capital que implicó un proceso de desindustrialización y de deterioro de la economía, conjuntamente con una fuerte desvalorización del salario real y una reducción de la participación de los asalariados en el ingreso.

El programa de Gelbard fue uno de los más exhaustivos intentos, en el marco de la tradición del nacionalismo económico y mediante una planificación integral del desarrollo, de afianzar un modelo de acumulación basado en la alianza entre trabajadores y pequeños y medianos empresarios del país, para modificar estructuralmente el capitalismo argentino en pos de lograr una distribución más igualitaria del ingreso, conjuntamente con el desarrollo de la industria local. Rescatar sus múltiples aportes resulta crucial a la hora de pensar un programa integral de desarrollo para nuestro país.