Darregueira es un pueblito del sudoeste bonaerense, casi pegado a La Pampa. Puro horizonte, cielo y sequía. Allí nació Gabriela Merlinsky, lectora precoz, interesada en historia, geografía, economía. Hoy es doctora en Ciencias Sociales por la UBA y en Geografía por la Université París 8. Dirige el Grupo de Estudios Ambientales del Instituto Gino Germani. Experta en sociología ambiental y también en política del agua y gestión de cuencas hídricas en la Argentina, es autora de varios libros. Toda ecología es política: las luchas por el derecho al ambiente en busca de alternativas de mundos es el más reciente.

–Usted subraya que el uso del agua, ancestralmente, estuvo relacionado con los intereses comunitarios. ¿Cuándo dejó de ser así?

–Hay que ir un poco a la historia del capitalismo, que siempre se describe como un proceso en el cual, para “crear” a la clase trabajadora, hubo que expropiarla de sus medios colectivos. Hay mucha historia sobre esto que se llama “el cercamiento de los comunes”. Antes de la Revolución Industrial, las formas de vida de las clases bajas no dependían del mercado. Tenían que ver con la reproducción de la vida, a una escala que garantizaba bastante bien las necesidades, en una conexión más directa con la tierra. Podía haber uso individual de las parcelas, pero siempre había parcelas colectivas. Esta idea del común, de los comunes, está muy acentuada en esas formas precapitalistas y en los pueblos de América Latina antes de la conquista. Y es un concepto que en los temas ambientales se usa mucho. Cuando decimos “común”, nos referimos a bienes y conocimientos cuyo acervo y conservación dependen de un uso común. Si se privatizan, si se mercantilizan, empiezan serios problemas. No por una cuestión ideológica sobre la propiedad, sino por lo que permite en sí misma la conservación de un bien natural o de un ecosistema. Se extrae mucho más que lo que los ecosistemas pueden reponer. Tenemos muchas crisis del agua a partir de una mercantilización que no mira al largo plazo.

–¿Montevideo es un ejemplo?

–Montevideo extrae el agua potable de la cuenca del río Santa Lucía y una cuenca no es solo un río: es un territorio que tiene un curso principal y sus afluentes. Existe una interdependencia entre lo que se hace en la tierra, lo que se cultiva, el agua que va por precipitación al río y sus afluentes. La cuenca del Santa Lucía tiene una crisis hídrica producto de la sequía, que está generada en parte por la crisis climática pero también por la sobreexplotación de ese río para la agricultura. Si no se protegen las cuencas, a corto y mediano plazo se quedan sin agua. En ningún caso se debió dejar que los actores económicos regularan el uso. Construir una planta potabilizadora en el Río de la Plata es pensar que la naturaleza es abundante y que si una fuente se contamina, se puede buscar otra. Pero, como la crisis avanza, el Río de la Plata también tiene problemas de caudal, de salinización y de contaminación.

–¿Era ineludible que el desarrollo chocara con la naturaleza?

–Los autores de la llamada “ecología política latinoamericana” –Héctor Alimonda, Arturo Escobar, Maristella Svampa, Enrique Leff– discuten el modo en que nuestro continente se reconfiguró a partir de la conquista y la colonia con un patrón de modernidad que no es otra cosa que una división del mundo en partes: hay regiones del planeta que cumplen el rol de ser proveedoras de materias primas. En esa división, ni el desarrollo gotea para todos ni se permite preservar los recursos para generaciones futuras.

–¿Qué sucede en la Argentina?

–El modelo de desarrollo en los últimos años se basa en la exportación de commodities como la soja. Que tengamos más de la mitad de la superficie cultivada con soja tiene costos ambientales y en salud muy importantes. Se discute qué significa vivir bien más allá de este modelo de crecer a cualquier precio, en el cual siempre los beneficios son a futuro y hay que sacrificarse para lograrlos. Esa lógica sacrificial pasa por alto que estamos destruyendo de forma irreversible ecosistemas esenciales para la vida. Sin agua no se puede vivir.

–¿Las cuencas hídricas están amenazadas?

–Algunas sí, otras no. Nuestro país tiene una gran diversidad geográfica y regional. El gran problema de las cuencas hídricas son los niveles de contaminación; ecosistemas como el de la cuenca Matanza-Riachuelo tienen daño terminal: el agua es equivalente a líquido cloacal, no tiene vida. Hubo una visión centrada en la idea del progreso basado en la explotación de los recursos y la cuenca se entiende como el colector que sirve para llevarse rápido los efluentes industriales y cloacales. Hace quince años, cuando los vecinos hicieron una demanda, algo empezó a cambiar, pero los niveles de contaminación no se movieron mucho. En las otras cuencas, el nivel de protección varía de acuerdo con los actores que participan, según el interés por su conservación e incluso el interés por un uso productivo que requiere que el recurso no se agote. Por ejemplo, los mendocinos han dicho que no quieren minería en su provincia, donde hay escasez de agua y un modelo a partir del riego. Como la minería utiliza sustancias tóxicas, podría afectar los cursos de agua para el cultivo. Cada caso se relaciona con la legislación, las formas de intervención del Estado y los modos sociales de valorar el agua.

–¿Quién define cómo se utiliza el agua?

–La Nación, pero también las provincias. La Constitución de 1994 dio un giro copernicano cuando sancionó el derecho constitucional al ambiente sano y lo tipificó como derecho colectivo: el que daña el ambiente daña al conjunto. Pero el dominio de los recursos naturales lo tienen las provincias y hay muchas disparidades en su regulación. Las provincias más promineras tienen menor protección. El litio, por ejemplo, involucra el uso del agua porque los salares son humedales.

–¿La escasez de agua no es un efecto del cambio climático?

–La crisis climática empuja una crisis hídrica. Y los acuíferos son sistemas muy complejos que no reconocen límites nacionales: el famoso acuífero Guaraní arranca en Brasil y sigue hasta la Argentina y Uruguay. Cuando digo “acuífero”, estoy hablando del agua subterránea, tan importante como el agua superficial. Toda esa riqueza hídrica, extraordinaria, cubre Brasil, Paraguay, la Argentina y Uruguay.

–¿Cuál es la situación en la Argentina?

–Habría que mirar cada provincia. Pero es importante llamar la atención sobre un posible proceso de salinización del Río de la Plata, con cianobacterias. En la región metropolitana de Buenos Aires sacamos del río el agua para consumo humano. Por otro lado, tenemos una megaplanta de disposición final, el Emisario de Berazategui, que permitirá la salida de efluentes cloacales. Todo sistema es un metabolismo: en un lugar se toma agua para consumo humano, en otro se excretan residuos y cloacas. En unas décadas puede producirse una convivencia conflictiva entre el sitio de donde tomamos agua y el sitio donde expulsamos los efluentes cloacales. El Río de la Plata es un recurso ecológico extraordinario por el enorme volumen de agua dulce disponible. Pero no es inagotable y, por todas las bajantes, avanza el agua del océano, se saliniza.