Como Presidente de la Nación busqué a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demasías de los otros poderes del Estado, y que viniendo de la oposición dieran a sus conciudadanos la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos y la garantía de una total y absoluta independencia del Poder Judicial.” Con estas palabras, el entonces presidente Bartolomé Mitre explicó la conformación de la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1863, cuando los supremos asumieron sus cargos. Desde entonces, en las escuelas argentinas se repitió como un mantra “la Corte Suprema es independiente”, lo que nunca sucedió en la realidad.

Desde que la Constitución de 1853 estableció en el artículo 91 la facultad de que el Poder Ejecutivo designara a los jueces con acuerdo del Senado, cada mandatario eligió a los magistrados que mejor pudieran acompañar sus programas de gobierno. El primer presidente que gobernó bajo esa Constitución, Justo José de Urquiza, designó a sus miembros, pero por razones políticas, geográficas y económicas esa Corte nunca pudo funcionar. Buenos Aires se había separado del resto de la Confederación Argentina quedándose con los ingresos de la Aduana, y el Ejecutivo nacional no tuvo los recursos suficientes para ponerla en funcionamiento. Además, la mayoría de los abogados estaban en la ciudad porteña y a los pocos que existían en las provincias no les interesaba trasladarse a Paraná, donde se había fijado la capital.

Tras la reforma de 1860, le tocó a Mitre conformarla. Veamos a quiénes eligió y nos daremos cuenta de que la proclamada independencia no existió desde su nacimiento. Entre los jueces elegidos no había ningún opositor.

OBEDIENCIA DEBIDA

Como la Constitución reformada no establecía la cantidad de miembros, fue necesario dictar la Ley de Organización de la Justicia Federal N° 27 de 1862, cuyo artículo 6 dispuso que la Corte estaría integrada por cinco jueces y un procurador general. Mitre designó a Valentín Alsina como presidente, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado y José Barros Pazos, y a Francisco Pico como procurador general. Alsina, que era senador nacional, no aceptó su designación, y en su lugar asumió Francisco de las Carreras.

De las Carreras, el primer presidente de la Corte, había trabajado en el estudio del jurista Dalmacio Vélez Sársfield, que integró el gobierno de Mitre en la Buenos Aires separada y enfrentada con Urquiza. Después de Caseros, Urquiza lo nombró fiscal general de la provincia de Buenos Aires, pero lo destituyó por sus ideas políticas.

Salvador María del Carril había sido gobernador de San Juan y ministro de Hacienda del gobierno de Bernardino Rivadavia. Fue uno de los mentores e instigadores del fusilamiento del gobernador Manuel Dorrego, y durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas se exilió en Brasil y en Uruguay. Fue vicepresidente de Urquiza y, luego de la batalla de Pavón, fue uno de los negociadores entre el entrerriano y Mitre, lo que le valió la confianza de este último, que lo designó en la Corte.

Francisco Delgado fue diputado por Mendoza en el Congreso de 1824. Militante del Partido Unitario, fue designado juez en Córdoba cuando el general José María Paz tomó esa provincia en 1829. Derrotado Paz, emigró a Chile, y cuando Rosas fue desalojado del poder, regresó y fue senador en dos oportunidades, hasta que pasó a la Corte.

José Barros Pazos, cordobés, fue redactor del periódico El Cometa Argentino, prohibido por Rosas en 1832. Fue defensor de varios procesados por el asesinato de Facundo Quiroga e integró el Salón Literario de 1837, que luego como Asociación de Mayo se enfrentó con el Restaurador. Participó en el movimiento liderado por Ramón Maza en contra del gobernador y estuvo preso en 1839, hasta que al año siguiente huyó hacia Montevideo. Volvió a Buenos Aires en 1857, fue electo diputado y formó parte del proceso judicial en contra de Rosas.

José Benjamín Gorostiaga fue uno de los principales redactores de la Constitución de 1853 y hombre de confianza de Urquiza. En 1868, renunció a la Corte para ser ministro de Hacienda de Domingo F. Sarmiento. En 1871 volvió a su estrado de magistrado para reemplazar a Benito Carrasco, que había muerto durante le epidemia de fiebre amarilla de ese año. Presidió la Corte entre 1877 y 1887, cuando se retiró.

Todos eran partidarios de las ideas de Mitre. No había ningún opositor. Como sostiene Julio Oyhanarte en su ensayo sobre el Poder Judicial, “los ministros de la Corte Suprema, aparte de su capacidad estrictamente profesional, deben tener sensibilidad política, mentalidad de estadistas y pensamiento afín con los que gobiernan. Afín, no sumiso”, aclara al final marcando un límite muy difícil de distinguir.

Y agrega: “La militancia política, en la medida en que sirvió para acreditar adhesión intelectual a la ‘fórmula política’ dominante en cada etapa, fue siempre tenida en cuenta y es justo y natural que haya sido, habida cuenta de las funciones de coparticipación política que incumben a la Corte Suprema”.

Los jueces de esa primera Corte compartían su admiración por Rivadavia, su liberalismo ilustrado y, aunque aceptaban la idea de la soberanía popular, para ellos el pueblo real era ignorante y por ello no estaba preparado para gobernar.

EL SELLO IDENTITARIO

Un hito en la historia de la Corte Suprema de la Nación fue la Acordada del 10 de septiembre de 1930 por la que se legitimó el golpe de Estado del general José Félix Uriburu contra el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, elegido dos años antes por el 56 por ciento de los votos. La integraban José Figueroa Alcorta, ex presidente de la Nación; Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna y el procurador general de la Nación, Carlos Rodríguez Larreta, bisabuelo del actual jefe de Gobierno porteño.

Repetto, Sagarna, Lavalle y Rodríguez Larreta habían sido designados en 1923 por Marcelo T. de Alvear, quien al momento del golpe estaba enfrentado con Yrigoyen y lideraba a los antipersonalistas, de corte liberal, que dividieron a la Unión Cívica Radical. Estos jueces vieron con simpatía el desplazamiento de Yrigoyen, al que repudiaban por su supuesto desorden administrativo, aunque la real molestia era el avance en los derechos sociales.

El 12 de septiembre de 1930 visitaron al dictador Uriburu en la Casa de Gobierno. Pocos días después, el Ejecutivo le reconocía a la Corte el derecho de elegir a su propio presidente, que hasta entonces era decidido por el presidente de la Nación. Y confirmaron la historia: en democracia o en dictadura, la Corte Suprema siempre fue dependiente del poder político.