Desde la segunda mitad del siglo XX, el Fondo Monetario Internacional jugó un rol fundamental en la provisión de financiamiento para la Argentina, ya sea directamente o con el propósito de garantizar inversiones privadas. El FMI es una institución creada hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, principalmente por Estados Unidos y Gran Bretaña, con el supuesto objetivo de ayudar mediante préstamos y financiaciones a los países que habían sufrido económicamente las consecuencias de la guerra. Pronto sus actividades se dirigieron principalmente a países en desarrollo que sufrían crisis en sus balanzas de pagos, estableciendo condicionalidades y formas onerosas para la devolución de los préstamos. Esto implicaba la aplicación de políticas económicas de ajuste que los países prestatarios debían obedecer dañando aún más sus economías, en tanto la suma de altos intereses espiralizaba la deuda externa. La crisis de 2001, que significó el fin de las políticas neoliberales de Menem y De la Rúa, llevó a la cesación del pago de la deuda. Se habían vendido activos fundamentales para el país y el sistema bancario estaba quebrado. La pobreza había alcanzado límites inconcebibles y el dólar no tenía precio.

DESENDEUDAMIENTO Y CANJES

En 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, la posición externa mejoró paulatinamente, con un régimen cambiario de flotación administrada, acompañado por un incremento del precio de los productos exportables, un nuevo proceso de industrialización y de crecimiento y mejores condiciones en el comercio exterior. El gobierno inició una difícil negociación con los acreedores, que condujo a la reestructuración de la deuda externa en 2005; así se logró reducir la deuda pública total nominal en un 43 por ciento, con la aceptación del 76 por ciento de los acreedores.

Los organismos internacionales recibieron un tratamiento preferencial, sin quitas ni períodos de gracia. Sin embargo, su intransigencia ante las medidas sociales y presupuestarias del gobierno, diferentes de los ajustes propuestos, tensó las relaciones. Finalmente, en septiembre de 2004 se suspendió el programa con el FMI. Por esa razón, en enero de 2006, la Argentina canceló anticipadamente la deuda con esa institución por 9.350 millones de dólares. Esta medida tuvo como principal objetivo desarticular la dependencia del organismo internacional para obtener mayor soberanía en la política económica.

El desendeudamiento con el sector privado iniciado durante el gobierno de Néstor Kirchner y continuado luego disminuyó notablemente el monto de la deuda externa con esos acreedores. La cancelación de capital e intereses desde 2003 fue cubierta con las divisas obtenidas del superávit comercial alcanzado en esos primeros años y, a partir de 2010, sumó la utilización de un fondo de desendeudamiento creado con las reservas excedentes del Banco Central. Se tomó muy poco financiamiento externo y solo se realizaron emisiones bajo la legislación nacional. Gracias a la eliminación de las AFJP y la recompra de deudas por medio de distintas agencias gubernamentales, el propio Estado se convirtió en el principal acreedor de deuda pública en moneda doméstica.

En mayo de 2010 se reabrió el canje, la aceptación acumulada aumentó al 92,4 por ciento de los acreedores, con una nueva reducción de la deuda externa de 4.379 millones de dólares. El 7,6 por ciento restante representaba un total de 26.500 millones, y una parte de esos tenedores, los llamados fondos buitre, inició una demanda judicial en Nueva York en reclamo del cobro por su valor nominal de títulos de la deuda que habían comprado a valores depreciados en los mercados financieros para hacer una jugosa diferencia.

La política de desendeudamiento continuó y las altas tasas de crecimiento económico permitieron a la Argentina pagar otras porciones de la deuda. Por esa razón, la deuda total sobre el PIB, que era de 166 por ciento en 2002, se redujo al 53 por ciento a fines de 2015, y la deuda externa pública bajó al 16 por ciento. A su vez, el ratio entre la deuda externa y las reservas internacionales disminuyó de 8,4 veces en 2002 a 2,5 en 2015, según datos de la Secretaría de Finanzas.

En 2013 y 2014 se regularizaron más deudas: se concretó el arreglo con los 16 países acreedores del Club de París, por 9.700 millones de dólares, y se pagaron 5 mil millones de compensación por la expropiación del 51 por ciento de YPF.

En 2015 la deuda externa ya no era un problema central en la economía argentina, como lo había sido desde la última dictadura. Solo quedaba por resolver la cuestión de los fondos buitre.

EL RETORNO DE LO REPRIMIDO

El gobierno de Mauricio Macri, a contrapelo de las políticas de desendeudamiento del kirchnerismo, empezó con el pago a los fondos buitre, aceptando el fallo a su favor de los tribunales estadounidenses. Esto originó un nuevo y masivo endeudamiento para lo cual, según el Financial Times, se emitió la mayor suma de deuda para cualquier nación en desarrollo desde 1996. La deuda externa pública aumentó en una magnitud inusitada, 83 por ciento, en los cuatro años del gobierno de Cambiemos y volvió al primer plano de los problemas de la Argentina. Como el PIB cayó 4 por ciento en ese lapso, la capacidad de pago del país se deterioró gravemente. Ya a principios de 2018 se perdió el acceso a los mercados de capitales. Pero como Macri había iniciado políticas de ajuste y pagado a los fondos buitre, el FMI salió a su rescate con el mayor stand by de su historia, con el objetivo evidente de favorecer a su gobierno para su reelección demostrando un apoyo interesado de la Casa Blanca a través de ese organismo.

La deuda se tornó impagable, los intereses ya representaban un quinto del gasto público, como en 2001. En 2019, el tipo de cambio pasó de 38 a 63 pesos por dólar entre enero y octubre; el PIB cayó un 2,2 por ciento ese último año, y la tasa de interés de referencia alcanzó 83 por ciento en septiembre. A pesar de su ideología libremercadista, la rápida caída de las reservas obligó a limitar la compra de divisas. La gran deuda externa hubiera justificado profundizar el modelo de capitalismo salvaje en caso de ganar las elecciones, pero también condicionaría al próximo gobierno si las perdía, como efectivamente ocurrió.

En diciembre, la deuda del gobierno nacional representaba el 89,4 por ciento del PIB, muy encima del umbral crítico para países emergentes. Como es habitual, la deuda no robusteció la capacidad productiva ni de pagos del país, sino que, como en los ciclos anteriores, proveyó dólares para fines especulativos, para atender los servicios crecientes de la propia deuda y para sostener el déficit comercial causado por la sobrevaluación del peso, que abarató las importaciones y solo cedió ante las devaluaciones y la fuerte caída de la demanda.

El endeudamiento permitió reimplantar un modelo basado en la valorización financiera y la fuga de capitales, lo que acentuó la redistribución regresiva de los ingresos. El ajuste fiscal en toda la gestión macrista junto a las tasas de interés estratosféricas, las tarifas altísimas de la energía, el atraso salarial y el desempleo, desplomaron la inversión, el consumo y la producción, sobre todo la industrial, que cayó 14 por ciento en esos años. En el mismo período, a contrapelo de la teoría ortodoxa, con política monetaria ultraconservadora, la inflación promedió dos dígitos altos (40%), y en 2019 llegó a 53 por ciento. El endeudamiento del macrismo profundizó la crisis argentina.