En razón de la grave situación económica y de un endeudamiento que había alcanzado niveles nunca vistos, no destinado a inversiones productivas sino a pura especulación, el 4 de abril de 1982, Alejandro Olmos formuló una denuncia penal contra José Martínez de Hoz y el gabinete económico ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal No 2, por delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fundó su presentación en el hecho de que el plan económico concebido y ejecutado por el ministro de Economía, en el período 1976-1981, se realizó con miras a producir un desmesurado e irregular endeudamiento; que el ingreso de divisas se produjo con el objeto de negociar con las tasas de interés, produciendo quiebras y cierres de empresas y enormes dificultades en la capacidad exportadora, de producción y crecimiento del país.

En la causa se pudo contar con una importante cantidad de testimonios de funcionarios públicos de la dictadura, la declaración indagatoria de Martínez de Hoz, único procesado en ella, y la incorporación de miles de documentos. A la denuncia se le agregó un informe pericial suscripto por los doctores Sabatino Forino y Alberto Tandurella, catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en el que se había determinado:

1. Que, con fondos del Tesoro Nacional, se cancelaron obligaciones externas de varias empresas privadas en distintas monedas.

2. Que ni el Banco de la Nación Argentina ni el Banco Nacional de Desarrollo iniciaron actuaciones para el recupero de las sumas pagadas por el Estado ni se acogieron al beneficio de la excusión.

3. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Banco de la Nación no inició las acciones judiciales correspondientes para obtener el recupero de las sumas que afrontara el Estado, respecto a empresas como Acindar S.A., Autopistas Urbanas S.A., Covimet S.A., Parques Interama S.A., Aluar S.A., Papel Prensa S.A., Induclor S.A., entre otras.

4. Que existieron avales otorgados en contratos en los que se debían establecer garantías reales sin haberse efectuado los correspondientes estudios técnicos y financieros, y sin haberse extremado los debidos recaudos antes del otorgamiento del aval.

Además de esa pericia parcial respecto a algunos aspectos del endeudamiento, hubo un 

informe suscripto por peritos oficiales y otros designados por el Juzgado, donde quedó definitivamente establecido que:

1. El acrecentamiento de la deuda externa del país pública y privada, entre los años 1976 y

1982, fue excesivo y perjudicial.

2. Hubo responsabilidad del ministro Martínez de Hoz y de sus sucesores de la dictadura por el endeudamiento público y por haber promovido el endeudamiento del sector privado. Fueron partícipes el expresidente del Banco Central, Adolfo Diz, y sus sucesores.

3. Las consecuencias actuales y futuras del crecimiento de la deuda externa son extremadamente perniciosas, los servicios de la deuda no podrán pagarse y las responsabilidades, aunque puedan hacerse ahora efectivas, han dañado el prestigio del país.

El 13 de julio de 2000, el juez federal Jorge Ballestero dictó un fallo donde hizo referencia

a la enorme cantidad de actos ilícitos que fueran probados en la investigación, pero decretó el sobreseimiento en la causa, debido a la prescripción de la acción penal, ya que habían transcurrido más de 18 años de la comisión de los delitos que fueran probados.

A la causa citada se acumuló otra iniciada por Olmos para que se investigara el endeudamiento hasta la década del 90 y lo ocurrido con la deuda privada, lo que determinó que fueran a declarar inspectores del Banco Central designados en enero de 1984, para investigar lo ocurrido con esta última. También se acumuló otra causa sustanciada ante la Justicia en lo penal económico por infracción a la ley penal cambiaria, con miles de implicados, que no fueron investigados por la Justicia federal. En 2006, junto con Daniel Marcos, iniciamos otra denuncia a los efectos de que se investigara la totalidad del endeudamiento hasta esa fecha.

LA DÉCADA PERDIDA

En las causas actualmente en trámite quedaron probados gran cantidad de ilícitos, relacionados con el endeudamiento de las empresas públicas y de la administración central; el sometimiento irrestricto, cuando se hizo el Plan Brady, a las decisiones del Citibank y de JP Morgan; la complicidad del FMI, el BID y el Banco Mundial para todo el plan económico de los años 90 debido al compromiso del gobierno menemista de privatizar el sistema jubilatorio, vender las empresas públicas, modificar la legislación laboral y proceder a prescindir de gran cantidad de empleados y obreros.

En la articulación del Plan Financiero instrumentado a partir de 1992, el Estado renunció a la soberanía del país. En los contratos se aceptaron una gran cantidad de cláusulas violatorias del orden legal, llegándose al extremo de que el dictamen del procurador del Tesoro fue redactado por los bancos acreedores en una evidencia más del sometimiento a las decisiones que ellos instrumentaron. En lo que hace a la investigación de la deuda privada, los peritos del Banco Central que fueron a declarar en la causa penal pusieron en evidencia la creación de deudas ficticias por parte de empresas nacionales y extranjeras (Renault Argentina; empresas del grupo Macri, como Socma, Fiat Sevel y Sideco Americana; Loma Negra; Celulosa; Cogasco; Cargill; Suchard; Ford; Bridas Austral; Pérez Companc, y muchas otras). Esa deuda estatizada en 1982 fue convalidada en 1985 por 23 mil millones de dólares.

Fueron enormes las dificultades de la investigación por la negativa del Banco Central y del Ministerio de Economía a colaborar con el tribunal, que debía reiterar permanentemente el

pedido de informes, y así se siguió aún después de la sentencia dictada en 2000, lo que llevó al fiscal de la causa, Federico Delgado, a sostener que no había intención de que se conociera la verdad sobre la deuda. Actualmente se siguen acumulando papeles e informes, sin que el tribunal actuante haya tomado alguna decisión.