El gobierno de facto que ejecutó un plan sistemático de desaparición de personas fue el mismo que, en 1982, decidió emprender una guerra improvisada, sin planificación estratégica ni conducción responsable. En nombre de una causa legítima, el reclamo soberano sobre las islas, envió a miles de jóvenes a un enfrentamiento desigual, sin equipamiento adecuado, sin información y sin garantías mínimas de protección. La utilización política de la Causa Malvinas fue el último intento desesperado por recomponer una legitimidad ya completamente erosionada.

LA DESMALVINIZACIÓN

Con la recuperación democrática en 1983 se inició un proceso complejo de reconstrucción de la memoria colectiva. Los juicios a las juntas militares, el informe del Nunca Más y el protagonismo de los organismos de derechos humanos consolidaron un consenso social amplio en torno al terrorismo de Estado como crimen imprescriptible y al reclamo de justicia. Sin embargo, la experiencia de los excombatientes de Malvinas quedó para más adelante. Nuestros reclamos permanecieron durante años sin ser escuchados. Nuestro volver fue silenciado, escondido y olvidado. Hubo ausencia de políticas públicas de contención médica y psicológica y el disciplinamiento impuesto por las propias Fuerzas Armadas que alimentaron, en esos primeros años de democracia, un proceso de desmalvinización que redujo la guerra solo a un fracaso militar, vaciado de sus dimensiones humanas, sociales y políticas.

Con el tiempo, las luchas por los derechos humanos y las demandas de los excombatientes comenzaron a confluir y ser escuchadas. Comprender que no existían memorias separadas, que los jóvenes enviados al frente de batalla formábamos parte de la misma generación atravesada por la violencia estatal, permitió tender puentes y el pueblo argentino se reconcilió con sus excombatientes. Se comenzaron a visibilizar las denuncias por maltratos infligidos por oficiales a sus soldados durante la guerra, el reconocimiento del trauma psíquico, el abandono estatal, el estrés post traumático y los numerosos suicidios de la posguerra, inscribiendo definitivamente a Malvinas en la agenda de los derechos humanos.

Desde esa articulación emergió una noción de malvinización crítica: una forma de reivindicar la causa soberana en clave democrática, de paz y de justicia social, alejada tanto del nacionalismo vacío como de la épica y la gesta militarista. Malvinizar no es glorificar la guerra, sino dignificar a quienes la atravesaron desde sus testimonios; no es propaganda, sino memoria; no es pasado congelado, sino proyecto colectivo.

Desmalvinizar, en cambio, implica banalizar la guerra, relativizar sus violencias, ocultar sus secuelas o habilitar lecturas funcionales a posiciones subordinadas en materia de soberanía. Estas tensiones continúan disputándose en el campo comunicacional, político y cultural: quién narra Malvinas, qué relatos se legitiman y qué voces se silencian son preguntas que siguen definiendo las políticas de memoria de la democracia.

La soberanía no se declama: se ejerce. Es memoria, es presencia y es decisión política. Cada concesión sin debate, cada acuerdo sin control y cada gesto de subordinación debilitan la capacidad del Estado de defender lo que le pertenece. En un mundo donde el poder global se reorganiza y los mapas vuelven a importar, renunciar a la defensa soberana es habilitar que otros los redibujen.

A medio siglo del golpe de Estado, la relación entre Malvinas y los derechos humanos continúa interpelando a la democracia argentina. La soberanía no se reduce a la posesión territorial, se vincula con la dignidad de la lucha del pueblo argentino, con la justicia social y con la capacidad de construir consensos democráticos duraderos, donde la causa Malvinas sea una verdadera política de Estado. Porque el reclamo soberano no es solo la recuperación de un territorio usurpado, sino también el reconocimiento de su historia, su memoria y la construcción de un proyecto político que debe estar por encima de cualquier gobierno de turno, más aún cuando esos territorios continúan bajo ocupación de los mismos actores con los que el actual gobierno de Javier Milei sostiene una política de alineamiento y subordinación.

Por eso, no callemos, no nos resignemos. La democracia argentina se juega, también, su coherencia ética. Porque no hay soberanía posible sin derechos humanos. Y no hay futuro democrático sin una memoria completa, incómoda y activa. Malvinas no se negocia, no se entrega y no se olvida. Defender la soberanía no es una opción ideológica: es una obligación histórica. Y esta vez, la historia nos está mirando.

Por siempre Malvinas, memoria, verdad y soberanía.