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Ramos Padilla: “El Poder Judicial hace operaciones para confundir al electorado”

Foto NA

El juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la ciudad de Buenos Aires sostiene la necesidad de reformar la Justicia para evitar el lawfare y la judicialización de la política, que instrumentó el macrismo.

El inicio de los alegatos en el juicio oral de la llamada Causa Vialidad abrió una nueva fase del lawfare que se instaló con toda su fuerza a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos. Y que no se modificó por el cambio político que se produjo a fines de 2019. El fiscal Diego Luciani es el protagonista principal del nuevo acto, que cumple las características básicas del esquema: acciones de alto impacto mediático aunque las pruebas no tengan solidez. De esa forma se encarceló en Brasil al ex presidente Lula da Silva. El juez Sergio Moro, al igual que algunos tramos del alegato de Luciani, sostenía que Lula “no podía no saber”. Los cañones de la operación están apuntados una vez más a la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Los que conocemos hace décadas Tribunales sabemos que se viene un fallo contra Cristina desde el año pasado”, le dijo el juez Juan Ramos Padilla a Caras y Caretas. Padilla es actualmente juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la ciudad de Buenos Aires. En su largo recorrido por el sistema judicial argentino hubo un hito particular. Declaró inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuando las impulsó el gobierno de Raúl Alfonsín, a quien Ramos Padilla reconoce como amigo personal. En ese momento, el magistrado era titular del Juzgado Federal de Morón.

“La Corte Suprema precisó explícitamente hasta qué tribunal de Casación va a intervenir cuando la vicepresidenta haga su apelación. Será la de (Gustavo) Hornos, (Juan Carlos) Gemignani y Mariano Borinsky (señalado por sus visitas a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri). Son los que van a resolver, luego de la operación del tribunal oral.”

–¿Qué le parece el alegato de Luciani?

–El fiscal se la pasó llorando por los pasillos durante todos estos meses porque no tenía pruebas. Esa es la verdad.

–¿Cómo ve, más allá de este juicio, la situación del Poder Judicial?

–La Constitución no podía prever que las mafias iban a cooptar el Poder Judicial de la Nación. Estos cuatro cortesanos (Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda) responden a intereses que van más allá de la oposición. Cuando salió el comunicado, el año pasado, de las Cámaras de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) reclamando que la Corte se hiciera cargo del Consejo de la Magistratura, fue claro lo que se venía.

–¿Qué opina de las respuestas del gobierno nacional ante el problema global de la Justicia?

–El gobierno suele decir que no le alcanzan los votos para impulsar una reforma. No quiero pensar qué hubiera ocurrido si las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo hubieran dicho lo mismo. Se hubieran quedado en su casa. Es histórico que el Poder Judicial argentino responda a los conservadores. Hay muchas decisiones que podría tomar Alberto Fernández. El gobierno nacional puede recibir sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las barbaridades, por ejemplo, que se hacen con Milagro Sala. Eso habilita al Presidente a indultarla para evitar que la Nación sea sancionada. (Carlos) Menem, cuando indultó a los militares, no se puso a analizar la situación. Se puede invocar la razón de Estado.

–¿Por qué sostiene que este es el peor momento del Poder Judicial, incluso peor que la Corte menemista?

–La Corte de Menem era para acompañarlo a él. En este caso nos están saqueando. Responden a los grandes capitales. Los cautelares para que las empresas puedan comprar dólares al tipo de cambio oficial son golpismo puro, y la Corte se hace la distraída. El año que viene, que es electoral, va a ser muy duro. Lo van a revivir al fiscal (Alberto) Nisman, entre otras cosas.

La Corte ha ingresado en el terreno del debate político, además…

–Lo anunció el propio Rosenkrantz diciendo que no se puede plantear que detrás de cada necesidad hay un derecho. El preámbulo de la Constitución dice otra cosa. El artículo 21 señala que debemos levantarnos en defensa de la patria y la Constitución. Estos jueces de la Corte están violando la Carta Magna desde que dos de ellos (Rosatti y Rosenkrantz) aceptaron ser nombrados por decreto durante el macrismo. Solo con una reacción social como la que hubo cuando hicieron el fallo con el 2×1 a favor de los genocidas se pueden cambiar las cosas.

–Otra decisión reciente que despertó polémica fue el fallo a favor de Macri en la causa que investiga el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan.

–Ese fallo habilita nuevamente el espionaje sobre los ciudadanos. Estos tipos no pueden estar en el Poder Judicial. La Corte no dijo nada. Permitieron las detenciones arbitrarias durante el gobierno de Macri, la barbaridad que se hizo con Héctor Timerman. Fallos en los que hablan de cuentapropismo por el espionaje. Es increíble lo que escriben.

–¿La continuidad del fiscal Carlos Stornelli y del procurador general Eduardo Casal es parte del mismo problema?

–Todos los fiscales nacionales, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires responden a la misma terminal. Casal, en Nación, Julio Conte Grand, en la provincia, y Juan Bautista Mahiques en CABA. El Poder Judicial es un partido de la embajada para hacer golpismo. Y para crear operaciones para confundir al electorado.

–¿El camino para modificarlo de un modo más profundo es hacer una reforma constitucional?

–Hace falta. Para poder redefinir la coparticipación, el funcionamiento de la Corte, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura. Pero estamos muy lejos de eso, y menos si no concientizamos. Ahora lo posible es movilizarse mucho para que esta gente entienda que existe la posibilidad de que los juzguemos en cualquier momento. Esta Corte la organizó Pepín Rodríguez Simón, que está prófugo.

Escrito por
Demián Verduga
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