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El American Way de deshacer derechos

Foto: 123RF

El fallo de la Corte Suprema estadounidense que anuló el aborto legal y lo dejó al arbitrio de la legislación de cada estado conmocionó al gobierno de Biden, al tiempo que recuerda al movimiento de mujeres que ningún derecho es intocable.

Junio va a ser un mes inolvidable para las mujeres estadounidenses. Y para las otras también. La mayoría conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos (6 a 3) anuló el célebre fallo Roe vs. Wade, que hace medio siglo prohibió que los Estados obstaculizaran la interrupción del embarazo hasta la semana 23. De ese modo, quedó garantizado en todo el país el aborto legal, aunque en ningún caso gratuito.

La Corte dictaminó, con el argumento de que Roe vs. Wade es anticonstitucional, en favor de una ley de Misisipi que prohíbe los abortos después de la semana 15. Roe vs. Wade –arguyeron– usurpó la potestad legislativa de las Cámaras aprobando una ley que no entronca con las tradiciones morales del país. En lo sucesivo, cada Estado decidirá a su criterio qué hace con el derecho al aborto.

Las consecuencias abarcan al país todo. El mazazo contra los derechos de las mujeres no sorprendió: semanas antes se había filtrado el borrador de la resolución, una reversión de derechos sin precedentes en la Justicia estadounidense.

Cientos de movilizaciones –muchas con las banderas y los pañuelos verdes que estrenaron las mujeres argentinas– respondieron a la Corte Suprema. Sin embargo, desde el punto de vista legal, el fallo tiene carácter definitivo, es inapelable. Por supuesto, alguna nueva Jane Roe podría plantear una causa en contrario que llegara hasta el máximo tribunal. Pero hasta que se modifique su composición –los puestos son vitalicios–, parece altamente improbable un cambio por vía judicial.

Pero este golpe es un eslabón más de un rumbo que no empezó ni terminará acá. La derecha ha celebrado con desenfreno y promete ir por más. Su estrategia fue clara: mientras se conformaba una Corte a su imagen y semejanza, fueron cercando año tras año con leyes locales el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo. Donald Trump había prometido en su campaña nombrar jueces que se atrevieran a tirar a la basura cincuenta años de derechos democráticos de las mujeres. Lo hizo.

La situación evidencia la impotencia de demócratas y liberales para impedir que los republicanos consolidaran una Corte de jueces ultraconservadores, mascarón de proa de un andamiaje legal fascistizante que tenía como presa codiciada el aborto, pero no oculta que piensa ir más lejos, con una “guerra cultural” que pretende arrasar con los derechos de las mujeres, los inmigrantes, el antirracismo, la diversidad sexual y la educación sexual y científica, entre otros.

También muestra medio siglo de vacilaciones del Partido Demócrata en las cámaras donde, ni cuando tenía una mayoría más cómoda, pudo asegurar el derecho al aborto convirtiéndolo en ley. En la actualidad, el Senado está dividido en cincuenta senadores demócratas y otros cincuenta republicanos, un empate únicamente roto por el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. En mayo, un senador demócrata presentó un proyecto de legalización que fracasó porque no alcanzó el 60 por ciento de los votos exigidos.

El New Yorker ironiza sobre el absurdo de una sociedad dividida respecto
de un derecho básico de las mujeres.

El presidente Joe Biden, que condenó a la Corte por “desestabilizante”, se ha comprometido con la defensa del aborto llamando al voto a su partido en las elecciones legislativas. O sea, depositando la responsabilidad en la ciudadanía. “Este otoño, Roe está en la boleta. Las libertades personales están en la papeleta. El derecho a la intimidad, la libertad, la igualdad, todo está en la boleta”, advirtió el día del fallo. Es cierto que la Corte obró el milagro de cambiar el eje del debate electoral, hasta entonces monopolizado por el alza de la inflación y la guerra.

Las presiones políticas en su propio partido, atento al tsunami social que generó la Corte, han llevado a reflexionar a Biden. En la reunión del G7, el presidente estadounidense deslizó que está dispuesto a hacer una excepción a las normas parlamentarias –cambiar el 60 por ciento por mayoría simple– para aprobar una nueva ley del aborto.

Custodios armados del Cinturón Bíblico

A partir del dictamen de la Corte, cada Estado recuperó la monstruosa potestad de legislar sobre algo que ocurre dentro del útero de las mujeres, el único órgano del cuerpo humano que puede ser intervenido por el poder político y la Justicia.

La derogación de Roe vs. Wade plantea un insólito doble estándar que fue ilustrado por la tapa del New Yorker: un país partido, donde las mujeres de medio Estados Unidos tendrán derecho a decidir sobre su cuerpo y las otras han retrocedido 50 años.

El derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo es considerado asesinato por los gobiernos republicanos de por lo menos 26 estados: los que conforman el llamado Cinturón Bíblico, el sur histórico donde reinan “el fusil y la Biblia”. Allí vive el 42 por ciento de las estadounidenses en edad fértil.

En doce de esos estados ya rigen leyes locales que bloquean la interrupción del embarazo aun en casos de violación incestuosa. En la mayoría está totalmente vedado después de la semana 15, y en ese plazo se permite solo en condiciones excepcionales. En algunos es ilegal comprar píldoras abortivas como el misoprostol, así que muchas mujeres las consiguen por internet o en México. En otros, los médicos objetores pueden negarse a recetar anticonceptivos. Un programa completo de control social y persecución.

Sin el amparo del fallo Roe, las poquísimas clínicas que practican abortos en los Estados republicanos –solo dos en todo Texas, por ejemplo, donde viven 30 millones de personas– cerrarán en un plazo de dos semanas. Y empiezan a regir las leyes locales “vinculadas”, que penalizan no solo a las mujeres y a los médicos sino a todos los trabajadores de las clínicas e incluso a los taxistas que trasladen a la paciente. En varios estados, se exhorta a los ciudadanos a la delación.

La académica Jessica Waters afirma que “Estados Unidos está entrando en un período en el que la disponibilidad de servicios de aborto dependerá de dónde se viva o cuánto dinero se tenga, para viajar a un estado donde el aborto sea legal”. Según estadísticas oficiales, alrededor del 75 por ciento de los abortos se realizan a pacientes de bajos ingresos, de las cuales el 64 por ciento son negras o latinas. Por eso, muchos califican las restricciones al aborto legal como una política de clase impregnada de racismo. Las mujeres no dejan de abortar: solo que volverán a hacerlo clandestinamente, como lo hacían sus abuelas.

La opción de viajar a estados que mantengan el derecho a abortar no es viable para las trabajadoras de bajos ingresos, las negras, las latinas, las adolescentes y menos aún para las migrantes indocumentadas. Una dimensión clara de la conmoción social se verifica en que algunas empresas han anunciado que costearán los gastos de viaje de sus empleadas que necesiten abortar. Por ejemplo, Amazon, Apple, Microsoft, JP Morgan, Airbnb, Banco de America, Disney, H&M, Meta, Netflix, PayPal, Goldman Sachs, Starbucks, Patagonia, Tesla, Uber o Yelp. Senadores republicanos las han amenazado con llevarlas a la Justicia o penalizarlas económicamente. Hay leyes locales que permiten pedir la extradición (sic) de los profesionales que practican abortos en otros estados.

En 1973, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo fue arrancado por el poderoso movimiento de mujeres estadounidenses durante la llamada segunda ola del feminismo y al calor de las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, de los negros por los derechos civiles, de gays y lesbianas contra las leyes que penalizaban su elección sexual. Se aprobaron centenares de leyes de ampliación de derechos y discriminación positiva. En ese momento votaron a favor de Roe hasta los jueces republicanos.

Desde entonces, la derecha religiosa, aliada crecientemente al Partido Republicano, fue construyendo una maraña de trabas “laterales”. Por ejemplo, la enmienda Hyde, que prohíbe que el gobierno federal financie los abortos dentro del plan de salud pública, el Medicaid. En los Estados Unidos, como en todas partes, la raza y la pobreza están intrínsecamente ligadas: las restricciones en la salud pública “tienen un impacto dañino y desproporcionado en la salud, la seguridad económica y el bienestar general de las personas negras y latinas”, concluye un estudio.

La batalla no es solo jurídica: durante años patotas de la derecha religiosa bloquearon con total impunidad los ingresos a las clínicas y agredieron a las pacientes y a los médicos. La decisión de la Corte fue antecedida por manifestaciones cada vez más violentas, con protestas armadas y participación de grupos de extrema derecha, como los Proud Boys.

La embestida contra las mujeres y los derechos democráticos en general no se frena con la conculcación del derecho a abortar. En principio, varios senadores republicanos anunciaron que propondrán convertir esa prohibición en una ley nacional. Esa puede ser la próxima batalla si los republicanos toman el control del Congreso después de las próximas elecciones.

La Corte formateada por Trump ha impulsado sin tregua un retroceso estratégico de las grandes conquistas democráticas. Prohibió que las escuelas enseñen el peso de los intereses esclavistas en la emancipación estadounidense y los orígenes materialistas del racismo, un debate actualizado después del asesinato de George Floyd. Ha legitimado leyes estaduales que penalizan hasta con el despido a docentes o la clausura a escuelas que impartan una educación sexual científica, que no condene la disidencia sexual y respete la diversidad genérica de los alumnos. Para que sus dictámenes se cumplan, han vaciado las bibliotecas públicas y las escolares de cualquier libro que hable de la esclavitud y la disidencia sexual en una perspectiva progresista.

Gracias a un fallo de la mayoría, es legal una resolución de Trump que permite que los patrones con objeciones religiosas nieguen la cobertura de anticonceptivos a las trabajadoras. También es legal la discriminación laboral a los docentes laicos de escuelas confesionales –o sea, que puedan echar con causa a proabortistas, gays o lesbianas. A mediados de junio, los jueces declararon anticonstitucional una ley centenaria de Nueva York que limita la portación de armas en la vía pública. Su efecto dominó arrastrará a otros ocho estados que tienen leyes parecidas.

La idea de que van por más no es una hipótesis. En su voto contra Roe vs. Wade, el juez Clarence Thomas señaló que el tribunal debería revisar otros casos que garantizan derechos relacionados con el matrimonio entre personas del mismo sexo y con la anticoncepción.

El New York Times vaticina: “El escenario que abre la derogación del aborto es de un caos político y legal inimaginable, unido al borramiento de las fronteras estatales, como ocurrió en la lucha contra la esclavitud”.

Los medios no se han privado de recordar al poder político que el poderoso movimiento de mujeres, cuna de la segunda ola del feminismo, ha sido protagónico en la lucha contra la violencia policial y el racismo. Las jóvenes son parte de la llamada “generación U” (por Union, sindicato), que ha creado un reguero de nuevos sindicatos en empresas habituadas a responder las inquietudes gremiales con el despido.

Como se ve, los jueces han hecho un aporte extraordinario al tembladeral que es ya la política estadounidense, entre la inflación imparable, la ola de sindicalización y de huelgas, los gastos de la guerra de la OTAN y unas elecciones que hasta ahora aseguraban la derrota del oficialismo. Los demócratas se preparan para aprovechar su oportunidad. Más allá de los cálculos electorales, la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos brinda una moraleja válida urbe et orbi: ningún derecho está garantizado para siempre, ningún derecho es intocable.

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Olga Viglieca
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