Desde hace quince meses la pandemia de covid-19 capturó todas las miradas y las preocupaciones de los argentinos y las argentinas, pero hay algo que el coronavirus sólo pudo detener por un corto período y es la obra pública. Ya hace varios meses retomó un buen ritmo de ejecución y hoy es uno de los motores de la recuperación económica.

Algunos casos emblemáticos son el programa de construcción de viviendas a través de créditos a tasa blanda y los proyectos destinados a mejorar el acceso al agua potable y las redes de saneamiento urbano.

También, claro, se están movilizando las obras viales e incluso obras de infraestructura como proyectos logísticos de transporte y la mega obra del Sistema Riachuelo, que empezó en 2016 pero continuó en el tiempo y en estos días ya tiene muy avanzadas o terminadas dos de las tres etapas del proyecto.

Es el reflejo de la política del Gobierno nacional de impulsar muy fuerte la obra pública, al punto que para el Presupuesto 2021 se duplicó el porcentaje destinado a ese destino, pasando de 1,1 por ciento del presupuesto anterior al 2,2 este año.

En realidad, el 1,1 por ciento era el porcentaje fijado en 2019, dado que el año pasado la administración de Alberto Fernández decidió no tomar el último presupuesto presentado al Congreso por la gestión Cambiemos, por considerar que se había diseñado sobre pautas “irreales” de inflación, tipo de cambio y crecimiento. Así, para 2020 se prorrogó la pauta de ingresos y gastos de 2019.

LADRILLO Y CEMENTO

Lo cierto es que ahora las obras fluyen, incluso en pandemia. Según el Presupuesto vigente, a comienzos de junio el rubro Gastos de Capital –nombre técnico bajo el que se engloba la inversión en obra pública– alcanza en la Administración Pública Nacional los 656.846 millones de pesos.

Esto incluye tanto transferencias de capital a las provincias y municipios a cargo de la ejecución, como en Inversión Real Directa (IRD), que ejecutan directamente cada una de las dependencias, caso Vialidad Nacional o AySA.

En cuanto al nivel de ejecución en los primeros cinco meses del año, llegó al 31,7 por ciento, un avance importante respecto del año anterior, cuando se ubicó en 22,9 por ciento entre enero y mayo.

Pero un análisis más preciso por dependencias revela, por ejemplo, que la Dirección Nacional de Vialidad lleva ejecutado el 40,2 por ciento del presupuesto, y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), un 55,8. Ambos organismos integran la estructura del Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriel Katopodis, considerado por muchos referentes del sector de la construcción como un funcionario con perfil “muy ejecutivo”.

En cuanto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, empezó a tomar ritmo a fin de año con la asunción del ex intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, al punto que hasta mayo llevaba ejecutado el 40,1 por ciento del presupuesto anual, en concepto de Programas de Vivienda.

Al respecto, se observa un nivel muy elevado de ejecución del plan Pro.Cre.Ar II creado por el decreto 902/2012, que a la fecha lleva devengado un 76,4 por ciento del Fondo Fiduciario programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar.

También se está ejecutando bien el programa de vivienda apalancado en el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, fijado por la ley 27.241/20 16, que ya tiene un 41,7 por ciento devengado del presupuesto total.

Hay que destacar que los primeros meses del año, en especial enero y febrero, suelen ser períodos de escasa ejecución por razones administrativas y operativas, dado que la aprobación del Presupuesto en general se realiza en las últimas jornadas de diciembre, en período de sesiones extraordinarias.

También el Ministerio de Educación exhibe un nivel de ejecución de 22,5 por ciento en gastos de capital entre enero y mayo, mientras que el Ministerio de Economía invirtió a través de la Secretaría de Energía el 26,7 por ciento de su presupuesto anual destinado a inversión física.

VIENTO DE COLA

Las primeras señales positivas en relación con la obra pública en tiempos de pandemia se vieron ya en abril de 2020, cuando el Gobierno convocó a representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que en la Quinta de Olivos consensuaron el primer protocolo para volver a activar las obras.

El mayor interés de constructores y trabajadores, y también del Gobierno, era volver a activar las obras que ya estaban en construcción. Pero también dinamizar la obra pública, considerando que estaba incluida entre las 22 actividades esenciales definidas en el decreto 297/2020, que el 19 de marzo del año pasado estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país.

De esta manera, desde abril de 2020 y mucho más a partir del tercer trimestre del año pasado, comenzó a tomar buen ritmo la ejecución de obras a cargo del Estado nacional, con menor ritmo en provincias y municipios. De ese modo, hoy la obra pública es uno de los motores de la actividad de la construcción.

Entre los programas más activos, sin duda están las licitaciones y adjudicaciones en el marco del Procrear II. Sólo en la última semana, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció cinco llamados a licitación para construir 1.616 viviendas por un monto total de 8.333 millones de pesos.

Se trata de unidades nuevas en cuatro municipios bonaerenses, desarrollos urbanísticos en Berazategui, General Rodríguez, Avellaneda (predios Avellaneda I y II) y Florencio Varela.

Una particularidad es que en los créditos Procrear la cuota ajusta por la nueva fórmula Hog.Ar, que actualiza el valor en base al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), es decir que aumenta en la medida en que suben los salarios.

Otra de las obras emblemáticas que está encarando el Gobierno nacional es el saneamiento del Sistema Riachuelo. Ejecutada a través de AySA, se trata de la obra más grande de agua y saneamiento que se haya encarado en el país en los últimos setenta años.

El Sistema Riachuelo es un gran proyecto de infraestructura, con un presupuesto estimado en 1.200 millones de dólares, integrado en parte por recursos públicos y también por fondos provenientes de organismos financieros internacionales.

El Directorio del Banco Mundial acaba de aprobar un crédito de 265 millones de dólares para avanzar en el saneamiento de la cuenca y reducir hasta un 80 por ciento la contaminación orgánica del río.

El trazado de las obras atraviesa once municipios del conurbano bonaerense, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y beneficiará a 4,3 millones de habitantes, algo así como el 10 por ciento de la población total del país.

El proyecto tiene tres etapas, un megacolector de 30,4 kilómetros de longitud, que corre paralelo al río del lado de la Capital Federal, incluyendo diez obras complementarias. Ya están construidos 29 kilómetros del total proyectado.

La segunda fase es una planta de pretratamiento de los efluentes cloacales, que está en pleno proceso de construcción en Dock Sud, partido de Avellaneda. La obra lleva un estado de avance del 28 por ciento.

La tercera etapa es un túnel de 12 kilómetros, denominado El Emisario, que corre por el lecho del Río de la Plata y deposita los líquidos, a través de un sistema de 34 difusores, a más de 10 kilómetros de la costa para evitar contaminación en la ciudad. Esta etapa ya está construida en su totalidad.