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Córdoba: el aborto legal se abre paso en medio de la pandemia

A pesar de que la provincia convive con asociaciones civiles de influencia clerical, política y judicial que impidieron la aplicación del protocolo de abortos no punibles entre 2012 y 2019, la potencia del movimiento feminista fue clave en la ampliación de derechos de las cordobesas desde la vigencia de la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde el 24 de enero último, fecha a partir de la cual los abortos son legales hasta la semana 14 y después de ese plazo de acuerdo a las causas establecidas por la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), cada día son más las y los profesionales de la salud de la provincia de Córdoba que se suman a la realización de estas prácticas habilitadas por la norma. Son aún más las mujeres que se presentan con escasas semanas de gestación para solicitar la interrupción de un embarazo y que, además, llegan más informadas a los centros de salud. Y el sistema de salud, en particular el de la ciudad de Córdoba y el de las grandes ciudades mediterráneas, incluso en medio de la pandemia, ha logrado articular desde una atención integral que supera la estrictamente médica hasta líneas telefónicas gratuitas para solicitar turnos. Y aunque aún hay obstáculos, desde aquellos profesionales que sin razones de orden moral o religioso se niegan a realizar esta práctica, hasta el hecho que la mayoría de las obras sociales todavía no se hacen cargo de los costos de la totalidad del proceso, la evaluación general de las fuentes consultadas es que los derechos de las cordobesas en esta materia están en expansión. Aunque sigue habiendo inequidades, y el gobierno provincial todavía no abrió las campañas masivas de difusión de la ley.

En el Hospital Nacional de Clínicas de la capital cordobesa, un hospital escuela creado hace más de cien años por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, desde hace muchos años se acompaña a las mujeres en las interrupciones legales de embarazos por causales (riesgo de la salud y violación). En diálogo con Caras y Caretas, la médica especialista en medicina general y de familia Agustina Conti, quien trabaja en el Servicio de Medicina Familiar del Clínicas, admite que la promulgación de la ley “sirvió mucho para que en el hospital se sumaran más servicios: el servicio de ginecología, el de diagnóstico por imágenes y el de ecografía”. Cuenta también que “el servicio de ginecología acompaña igual que el de Medicina General y de Familia con el tratamiento con Misoprostol (tratamiento medicamentoso)”. Agrega que el área de Ginecología “también garantiza la aspiración manual endouterina, otro método mínimamente invasivo de interrupción de embarazos no deseados”, y concluye con satisfacción: “Un cambio muy beneficioso es la presencia actual de los profesionales de ginecología en la guardia para garantizar que se resuelvan dentro de la misma institución las complicaciones”. Cuenta también que la ley ayudó mucho a garantizar “el suministro ininterrumpido de medicación” y destaca que “algunas barreras administrativas” fueron “sorteadas una vez que apareció la ley porque pudimos garantizar que las pacientes pudieran llegar a sacar los turnos tanto con el servicio de Ginecología como con el Servicio de Medicina Familiar a través de líneas directas. Eso es muy importante porque la ley especifica que no se pueden demorar más de diez días entre que la paciente hace la consulta y que se resuelve o da respuesta a la situación”.

OBJECIONES Y ESTIGMAS

Con todo, aún no son pocos los objetores de conciencia tanto del ámbito privado como del ámbito público; ni aquellos que en la jerga de la salud son llamados “objetores de práctica”; ni los que en los pueblos del interior siguen estigmatizando a las mujeres que quieren realizarse un aborto. Muchas de ellas deben trasladarse a un centro de salud vecino para evitar las miradas moralizadoras sobre ellas o sobre los profesionales que desean acompañarlas.

“En la ciudad de Córdoba la mayoría de los profesionales de la salud formamos parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, por lo que estamos más entrenados para realizar un abordaje integral que supone mucho más que una práctica médica”, asegura la trabajadora social Ana Morillo, también integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y coordinadora del área de salud de Católicas por el Derecho a Decidir. Morillo afirma que “en el interior de la provincia hay lugares en donde no se practican abortos y las mujeres se tienen que trasladar a otra ciudad, a otro pueblo. Eso sucede. No obstante la provincia ha hecho capacitaciones y entonces hay servicios que han podido organizarse para atender las IVE en un contexto de muchos ‘objetores de práctica’, ni siquiera son objetores de conciencia”.

Pero, ¿a quiénes llaman “objetores de práctica”?, preguntó este medio a Morillo. “No existen legalmente. Les decimos ‘objetores de práctica’ porque no encuadran. Objetan hacer una práctica porque no les gusta, porque no les cierra, porque no quieren hacer algo nuevo. Entonces son ‘obstaculizadores’ porque cuando uno o una indaga un poco más, no hay cuestiones morales ni religiosas. Es simplemente ‘no quiero hacer una práctica nueva’. Es con quienes más hay que trabajar para que conozcan los riesgos mínimos que tiene un tratamiento ambulatorio en el primer trimestre”, contesta.

EL CONTEXTO DE PANDEMIA

Córdoba no ha estado exenta de tropiezos como consecuencia de la pandemia. De hecho, en las últimas semanas se ha transformado en la provincia con mayor nivel de contagios por covid-19. Y este hecho particular afectó a los servicios que atienden la IVE. “La pandemia ha afectado porque ha requerido la reorganización de los servicios y el traslado de personal. O personal afectado por aislamiento o por contraer el covid-19. Ha sido un movimiento permanente de chequeo y monitoreo para ver dónde hacer las derivaciones. Muchas mujeres se comunican con nosotras por las redes o a través de las organizaciones sociales. Muchas van directamente al hospital o al centro de salud porque saben que ahí se garantiza la práctica. Pero con la sanción de la ley, el acuerdo  que se pudo garantizar es que las salitas de los barrios realicen desde ahí el acompañamiento. El tratamiento con Misoprostol es domiciliario. Se acompaña hasta la semana doce y seis días en el primer nivel de atención. Y hemos avanzado mucho en los hospitales para garantizar las interrupciones de más de trece semanas”, detalla la psicóloga Mariela Lario, quien desde 2008 trabaja en el primer nivel de atención de la salud de la Municipalidad de Córdoba.

“Lo que analizamos desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desde el Centro de Estudios Avanzados de la UNC y desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC es que hay que avanzar en las instancias de información y comunicación hacia las mujeres. No hay campañas informativas y de difusión que ofrezcan correctamente la información que las personas necesitan. Además, se han iniciado en la provincia los procesos de capacitación pero aún son insuficientes. Pero también es cierto que debemos poner este análisis en el contexto de la pandemia y en una realidad concreta: hace apenas cinco meses que la ley está en vigencia”, analiza la magister en Ciencias Sociales Alejandra Domínguez, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y docente.

De los resultados del informe regional de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito surge que “se presentan fuertes desigualdades en el acceso a la IVE”, apunta Domínguez. Coincide con Morillo en que se ha mejorado el acceso a los abortos legales en la capital provincial y en las grandes ciudades del interior, “no así en las poblaciones de menor población donde el acceso a la ley es dispar”. Y es que mientras algunos hospitales ya tenían equipos de profesionales preparados para interrumpir un embarazo, en otros hospitales hubo que contratar personas para la atención de los abortos, y otros sólo cuentan algunos días de la semana con médicos preparados y dispuestos a hacerlos. “Algunos solicitan a las mujeres estudios que no siempre son necesarios”,  detalla. Agrega que “el Ministerio de Salud de la Nación instrumentó un correo electrónico para registrar los servicios con IVE” pero “esa información no llegó a todos los municipios de Córdoba”.

Así y todo, los avances son cada día mayores. Hay mucho por ajustar pero muchas voces autorizadas en este terreno dan cuenta de que la potencia de las mujeres es imparable y que, tarde o temprano, cada mujer que decida interrumpir un embarazo por propia voluntad hasta la semana catorce, podrá hacerlo en completa libertad. Después de ese plazo, deberá explicar causas: sea una violación o aspectos que ponen la vida de la mujer en riesgo. Pero todas ellas tendrán el derecho a sus pies.

OBRAS SOCIALES DEBEN COSTEAR LA IVE

Mayca Balaguer, abogada y diplomada en Estudios de género y coordinadora de asuntos legales de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, explica que el artículo 12 de la Ley 27.610 indica que “todas las prestaciones relacionadas a la IVE están incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio con cobertura total. Junto a las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo; es decir que las obras sociales deberían cubrir todo, desde la ecografía o un análisis de sangre, hasta la consulta médica y el medicamento”. Detalla también que la Superintendencia de Servicios de Salud conformó un equipo dedicado a responder y asesorar los reclamos de beneficiarias y afiliadas relacionados con la aplicación de la ley de IVE. “Se puede hacer reclamos a través de un formulario. De hecho se puede especificar si el problema está relacionado con el acceso a la medicación”, detalla.

Escrito por
Pilar Ferreyra
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