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Yo sabía, yo sabía…

Walter Bulacio tenía 17 años y había concurrido a ver un recital de Patricio Rey y sus redonditos de ricota al Estadio Obras. Fue detenido por la policía y golpeado en la comisaría. Falleció el 26 de abril de 1991.

El tipo ingresó a la cárcel de Caseros en 1996, tras una escala algo traumática en el penal de Villa Devoto. Es que allí había sido víctima de una paliza feroz en manos de otros internos al trascender su pasado como oficial inspector de la Policía Federal. Lo cierto es que de su etapa en aquella fuerza arrastraba un añejo encono, el cual incidió en que no fuera alojado en un área especial para ex uniformados en conflicto con el Código Penal sino con presos comunes. O sea, una broma corporativa.  

De modo que a Fabián Sliwa (a) “El Polaquito”, lo trajeron al pabellón del sexto piso de Caseros aún con hematomas del castigo recibido. Eso hizo que el “poronga” del sector se apiadara de él, poniéndolo bajo su protección. Era nada menos que el afamado secuestrador extorsivo, Arquímedes Puccio.

Éste escuchó en boca del recién llegado una historia que le interesaría de sobremanera.   

          En este punto, es necesario retroceder al 19 de abril de 1991.

Noche de lobos

Durante la noche de ese viernes hubo un enorme dispositivo policial en torno al Estadio Obras. Tanto es así que la Avenida del Libertador, casi en la esquina con Udaondo, estaba cortada por dos patrulleros. Otros diez acechaban a unos metros, con los parachoques mordiendo el cordón de la vereda. También había carros de asalto y camiones hidrantes, además de varios colectivos requisados para trasladar detenidos hacia la comisaría 35ª.

          Desde el escenario, los altoparlantes propalaban la voz del Indio Solari, al arrancar el recital con una letra muy acorde con semejante paisaje: “Mucha tropa riendo en las calles/ Con sus muecas rotas cromadas/ Y por las carreteras valladas/ Escuchás caer tus lágrimas”.

          Dicha estrofa, que llegaba a la calle con nitidez, pareció tener un efecto pavloviano sobre los mastines humanos -unos 200, entre efectivos de aquella seccional, integrantes de la Guardia de Infantería y tipos de civil-, puesto que, súbitamente, cargaron contra la multitud de pibes que todavía pugnaban por entrar al coliseo, o que permanecían en los alrededores.

Comandaba la cacería un comisario canoso y retacón. Aquel sujeto lucía enceguecido; impartía sus órdenes a viva voz, y sin escatimar una gestualidad ampulosa, como si estuviera en la batalla de Stalingrado.

Esa vez su cosecha fue de 150 detenidos. Entre ellos, un chico de 17 años, venido desde la localidad de Aldo Bonzi. Su nombre, Walter Bulacio, fue anotado por el oficial escribiente de la 35ª en el cuaderno de servicio, A continuación, dos suboficiales se lo llevaron a donde estaban los menores.  

En tanto, lejos de tal infierno nada encantador, los Redonditos de Ricota seguían deslumbrando con su show.

Los padres de Walter recién supieron de su arresto al clarear el sábado, y corrieron a buscarlo.

–Su hijo estaba borracho y drogado –les dijeron en la comisaría.

Tal embuste prologó un dato inquietante: una ambulancia del CIPEC se lo había llevado al Hospital Pirovano.

Allí, a su vez, les informaron de su derivación al Fernández porque no funcionaba el tomógrafo.  

Walter seguía en ese hospital. Y su padre le dijo:

– Te pegaron, negrito, ¿verdad?

El chico asintió, y hasta alcanzó a decir:

– La yuta…

Al día siguiente lo trasladaron al Sanatorio Mitre. Allí cayó en el sopor eterno. El 26 de abril exhaló su último suspiro.

“Aneurisma no traumático”, fue la conclusión de algún forense ¿Qué secreto habría en realidad bajo esas tres palabras?

Blues del terror azul

Cuatro años antes del fallecimiento de Walter había ocurrido la “masacre de Budge”, tal como pasó a la historia -el 8 de mayo de 1987- los fusilamientos de Agustín Olivera, de 26 años, Roberto Argañaraz, de 24, y César Aredes, de 19, cometidos por una patota de La Bonaerense.

Al día siguiente los diarios los diarios se plegaron a la versión policial: “Tres malvivientes abatidos en un enfrentamiento”. Una frase, por cierto, ya institucionalizada en sus manuales de estilo. Y que ningún lector atinaba a cuestionar.

¿Acaso en la época de aquellos crímenes transcurría la etapa civil de la última dictadura? De hecho, por entonces –en medio de los levantamientos carapintadas y la debacle del Plan Austral– “desaparecían” fábricas y puestos laborales. En términos punitivos, la “Doctrina de la Seguridad Nacional” fue suplantada por lo que se podría llamar el “Evangelio de la Seguridad Urbana”, una suerte de terrorismo de Estado arrabalero, aplicado sin distinción ni freno por todas las agencias policiales del país. Y por extenderse hasta la actualidad de manera cada vez más dramática, plantea la democratización de las fuerzas de seguridad como la gran deuda del Estado con su propia Historia.

En términos numéricos, desde el retorno del estado de Derecho hasta fines de 2015 hubo 4737 asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad; es decir, un promedio de 152 víctimas anuales. Del total, 2653 murieron en casos de “gatillo fácil” y 2084, en situaciones de cautiverio en comisarías, en tanto que otros 73 fueron matados durante movilizaciones y protestas.

Pero bajo el régimen macrista tal conteo creció de manera exponencial: 1087 víctimas entre comienzos de 2016 y fines de 2018. O sea, 362 víctimas por año, lo cual establece una muerte cada 23 horas, según cifras coincidentes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

Volviendo al otoño de 1991, cabe decir que el asesinato de Bulacio supo visibilizar semejante escenario, el cual hasta entonces era percibido de manera difusa, tanto por los organismos de derechos humanos –muy focalizados en los crímenes de la última dictadura– como por la opinión pública.

De ese proceso no fue ajena la Correpi, cuyos abogados, Daniel Stragá y María del Carmen Verdú, representaron a la querella del caso. Una epopeya contra la burocracia y la complicidad de los poderes fácticos.

Anatomía de un crimen

Cuatro años después de la muerte de Walter, el presidiario Sliwa tomaba mate con Puccio en una celda de Caseros, cuando, de pronto, le soltó:

          –Esa noche, fui yo el oficial escribiente que registró el arresto del pibe.

          Puccio enarcó las cejas.

          Entonces, con palabras precisas, el otro reconstruyó la cadena de hechos ocurridos entre final de aquel viernes y las tres de la mañana del día siguiente.

          Sliwa, tras anotar los datos de Bulacio en el cuaderno de servicio, puso “Ley 10.903”, como motivo de la detención.

          Luego –según su relato– los chicos eran clasificados por edad y sexo; a los mayores se los encerraba en calabozos;  a los otros, en la Sala de Menores. Allí terminó Bulacio.

          En total, fueron registrados 73 pibes; los otros 87 fueron liberados para así evitar el papeleo.

          Ya en plena madrugada, el hombre canoso y retacón que había dirigido los arrestos emergió de su oficina. Era el comisario Miguel Ángel Espósito.

–Estaba harto por el despelote que había en la seccional –explicó Sliwa. Puccio lo escuchaba sin interrumpirlo.

Sliwa prosiguió con el relato:

–En ese momento, le sacó la cachiporra a un agente, entró a la Sala de

Menores, y para descargar su bronca le pegó un bastonazo bestial a Bulacio en la nuca. El pibe perdió el equilibrio y fue a dar con la cabeza contra el borde de la puerta.

Fue entonces cuando empezó a morir. Espósito fue su asesino material.

          Sliwa se mostró remiso a formar parte del pacto encubridor, consistente en unificar a tal efecto las declaraciones testimoniales de los policías ante la Justicia, entre otras maniobras. Por lo tanto, dejó de ser confiable tanto para la superioridad como para sus camaradas. La exoneración le llegó un año más tarde “faltas disciplinarias” y “abandono de servicio”.

 A partir de aquel momento, se volcó al delito.

          Hacía apenas unas semanas había caído preso luego de una entradera en en departamento del barrio de Flores.

          Persuadido por Puccio, declaró ante la jueza María Cecilia Maiza, quien instruía el expediente por el homicidio de Bulacio.

          Pero su testimonio terminó impugnado por pedido de la defensa.

          Sliwa, condenado a 11 años de prisión, recuperó la libertad a comienzos del nuevo siglo. Nunca más se supo de él.

          En aquella misma época, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad en el caso Bulacio.

          Espósito, cuya situación procesal fue estirada como un chicle, al final llegó al banquillo de los acusados en 2013, para ser condenado a tres años y medio –en suspenso– por “privación ilegal de la libertad” (la causa por el homicidio ya había prescripto). Ahora vive en la Costa Atlántica.

En azarosa coincidencia con el trigésimo aniversario del fallecimiento de Walter, el indio Solari, ya convertido en ícono de la cultura popular, ofreció –junto a la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado– un recital por streaming que muchos interpretaron como su despedida. Allí estrenó un bellísimo tema, que quizás sea el último de su carrera: Encuentro con un ángel amateur. Sus primeras palabras son: “Empiezo por el final/ Terminaré en el principio”.          

Escrito por
Ricardo Ragendorfer
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