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UNA HERRAMIENTA DISCIPLINADORA

Se trata de una estrategia de amplio espectro, pero de uso selectivo: golpea a quienes participaron de gobiernos populares para disuadir a todo aquel que luche contra la desigualdad. Cómo se articulan la Justicia y los grandes medios.

En el libro Lawfare, que escribimos con Rafael Bielsa, definimos la práctica como “una distorsión en la aplicación de la ley ejecutada por los jueces al servicio del poder político-económico-mediático, que persigue a los opositores al modelo de apropiación inequitativa”.

Y aquí hacemos un alto: para que exista lawfare debe darse necesariamente y con carácter previo un proceso de ruptura respecto del orden económico dominante. Sin ruptura (esto es, con manso acatamiento al statu quo) no hay persecución y sin persecución a los que luchan contra el “modelo de apropiación inequitativa” no hay lawfare posible.

La lucha por un modelo justo de distribución de la riqueza es un requisito tan básico como indispensable para que se ejecute la acción persecutoria. El lawfare lleva incorporada con carácter constitutivo una cláusula “gatillo”, que se activa cuando el líder, el gobernante, el militante, el dirigente social o gremial se pone demasiado molesto para con los intereses del poder económico concentrado.

Veamos algunos ejemplos prácticos: el peronismo, sólo por serlo, no es necesariamente presa de esta práctica. Nadie piensa en lawfare a la hora de evaluar la conducta de Menem, Duhalde o Camaño.

Se lo aplican a Cristina Fernández de Kirchner, en especial, por todo lo que hizo bien, como la estatización de las AFJP, de YPF, el Arsat o las más de 40 leyes de ampliación de los derechos obreros (y un largo etcétera).

Se lo suministran a Lula por los 40 millones de brasileños que sacó de la pobreza; a Dilma no (porque el impeachment no equivale a lawfare, aunque sea inmerecido), en tanto su política económica no tuvo aristas demasiado progresistas.

No se lo aplican al socialismo por el solo hecho de llamarse como se llama. ¿Qué poder económico iría a molestarse en perseguir al ex presidente socialista chileno Ricardo Lagos, quien acaba de declarar que en la rebelión popular trasandina “no hubo violación sistemática de los DD.HH.”? ¿O a los “socialistas de mercado” santafesinos, que gobernaron doce años la provincia y se “olvidaron” de gravar a las cerealeras, que pululan a la vera del Paraná? Como, por ejemplo, a Vicentin o a Cargill (por citar sólo a dos), que facturan más de 100 mil millones de pesos al año y pagan un módico 0,5 por ciento de ingresos brutos, mientras que un kiosquero rosarino paga el 2,7 por ciento.

¿Para qué irían a perseguirlos? En todo caso, para agradecerles, pero nadie se defiende de la reverencia ajena.

DÓCILES PROTECTORES

La “grieta” es idéntica en el caso de los dirigentes gremiales o sociales: ¿quién va a perseguir a un Barrionuevo, a un Ernesto Ayala (que reprime a trabajadoras rurales) o a un Cavalieri? ¿Para qué hacerlo si son dóciles protectores de que la renta patronal no se vea afectada?

Es valioso observar cómo hay lawfare (o no) en el caso de dos personas que operan con instrumentos similares sobre la realidad social, aunque con distintos objetivos y antagónica mirada ideológica. Margarita Barrientos, activista social, fue señalada repetidas veces por presuntos hechos reñidos con la buena y sana administración de recursos provenientes del Estado. Y, sin embargo, anda por la vida como si nada. En cambio, Milagro Sala hace ¡cuatro años! que está privada de su libertad, en un caso manifiesto de exceso de las necesidades procesales. Doble vara explícita.

Quien no quiera ver esa grosera diferencia en el maltrato mediático y judicial tampoco verá a los miles de compatriotas comiendo de la basura y durmiendo a la intemperie.

La práctica del lawfare es el punto más alto de quiebre del sistema democrático, preservando la fachada institucional. Encarcelar al que ganó y ganará, Lula; meter preso a Jorge Glas; exiliar a Correa; erosionar e intentar encerrar a CFK. A “eso” sólo lo supera el golpe tradicional, tipo Bolivia.

El lawfare va siempre precedido de una infantería táctica, cuyo colofón es el intento de disciplinamiento del objetivo “populista”. La práctica nunca viene sola: es un producto compuesto y complejo, no tiene un solo ingrediente, es un menjunje misceláneo, que funciona con aditivos más que potentes. Sólo se lubrica bien con dosis elevadas de calumnias, injurias, difamación, fake news, posverdad y otras yerbas malas, que convidan en la bandeja mediática sirvientes ideológicos camuflados de periodistas.

El lawfare es el método; el objetivo es que ningún político progresista se atreva jamás de los jamases a pensar siquiera en el pobrerío y la autonomía política de nuestra América. Es el intento de un “nunca más” inverso y siniestro, donde los grupos concentrados aspiran a sepultar en vida al político, gremialista o gobernante que ose ampliar derechos, cobrar impuestos a los ricos para mejorar la calidad de vida de los pobres, en distribuir tierras y rentas.

A ese emancipador le esperan, juntas, las diez plagas de Egipto en su vida cotidiana, y recibirá una catilinaria pública para que se avergüence y lo abandonen sus seguidores por haberle perdido la confianza que da el ejemplo. El lawfare es el látigo, el establishment económico-mediático y judicial es el brazo que lo solivianta, en busca del disciplinamiento del rebelde populista.

Escrito por
Pedro Peretti
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