Por Carlos Boyadjian. Hacía ya varios meses que la dictadura militar venía retrocediendo en pantuflas, corrida de la escena por el desastre económico, político y social que vivía el país. El paso en falso de la guerra de Malvinas en 1982 la había obligado a abrir el juego a los partidos políticos, primero a través de la Multipartidaria y más tarde convocando a elecciones libres y democráticas.

El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín juró como nuevo presidente de la Nación. En materia económica, la Argentina atravesaba una situación muy compleja. El país estaba en plena recesión, con inflación de más de 400 por ciento anual, desempleo creciente, casi sin reservas internacionales y con una deuda externa que orillaba los 45.000 millones de dólares y representaba el 70 por ciento del PBI. Cuando los militares asaltaron el poder, en marzo de 1976, la deuda externa rondaba los 7.500 millones de dólares.

Además, se observaba un profundo proceso de desindustrialización por la feroz apertura económica impulsada por el ex ministro José Alfredo Martínez de Hoz. La crisis de la deuda soberana había estallado en 1982 en América latina, tras la decisión de la Reserva Federal de EE.UU. de subir drásticamente las tasas de interés a partir de 1980, que llegaron al 15 por ciento anual en dólares.

Producto del alza de tasas y el fortalecimiento del dólar, por entonces también fue claro el deterioro de los términos de intercambio comercial, con precios a la baja de los productos exportables argentinos y dificultades para competir con los bajos salarios pagados en países de Extremo Oriente y Brasil.

Así, la presidencia de Alfonsín comenzó con una agenda económica urgente y, por cierto, muy compleja. Tres temas atravesaron toda la gestión: deuda externa, inflación y conflictividad social y laboral. Y en cada uno de ellos, Alfonsín intentó marcar su impronta pero quedó herido en el proceso.

EL COMIENZO

El primer ministro de Economía, Bernardo Grinspun, se planteó objetivos bastante ambiciosos. En su Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), Mario Rapoport destaca que su programa económico pivoteaba en torno a “lograr un crecimiento del producto del 5 por ciento anual, alcanzar un acuerdo sobre la deuda externa con los acreedores, aumentar salarios reales en un 8 por ciento, bajar considerablemente la inflación e incrementar los ingresos tributarios, evitando la evasión y fijando mayores impuestos sobre la riqueza y los ingresos”.

Además, se decidió no hacer pagos financieros al exterior hasta el segundo semestre de 1984 y negociar con la banca acreedora, con la idea de que los pagos por servicios de la deuda no superaran el 10-15 por ciento de las exportaciones. Procuró también avanzar en un Club de Deudores con otros países de América latina, pero no se consiguió el objetivo. Al final del mandato, la deuda externa trepaba a 63.300 millones de dólares.

En verdad, casi nada de esto se cumplió. El proceso inflacionario siguió su curso, hubo “presiones monopólicas” de los nuevos grupos económicos que habían tomado fuerza durante la dictadura, constituyendo lo que luego se llamó “Capitanes de la Industria” y planteos sindicales a raíz de la situación social y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, en un marco de elevada inflación.

Esta compleja situación y la fuerte pulseada con el FMI precipitaron la salida de Grinspun y el nombramiento de Juan Vital Sorrouille el 19 de febrero de 1985. Tras anunciar en Plaza de Mayo, en abril de ese año, que el país estaba en una “economía de guerra”, en junio de 1985 el gobierno presentó el Plan Austral, un programa antiinflacionario que, además, creaba una nueva moneda. Los primeros resultados fueron auspiciosos, la inflación bajó de 688 por ciento en 1984 a 81 por ciento en 1986.

LA BATALLA SINDICAL

En aquella primera etapa del gobierno alfonsinista se produjo también uno de los mayores embates que se recuerden contra el modelo de organización sindical vigente en el país. La Ley de Reordenamiento Sindical, más conocida como Ley Mucci, por el ministro de Trabajo Antonio Mucci, apuntaba a democratizar los sindicatos, incorporando, entre otros cambios, la participación de las minorías en la conducción de los gremios.

A 35 años de los hechos, el ex diputado nacional Héctor Recalde, por entonces miembro del cuerpo de abogados de la CGT y hombre muy cercano al secretario general Saúl Ubaldini, lo recuerda así: “El gobierno de Alfonsín empezó muy mal, con el proyecto de Ley Mucci, que era un ataque al modelo sindical”. Y agrega que “el proyecto atacaba todo el sistema de personería gremial, un sistema que consolida la unidad del movimiento obrero y consagra mejores derechos para la organización sindical, con mayor cantidad de afiliados Consultado sobre las implicancias que tuvo esa iniciativa, Recalde asegura que “la Ley Mucci no pasó en el Senado por el voto de [el neuquino] Sapag, pero que fue un mal comienzo. Nos puso en alerta de lo que podía venir”.

La persistente inflación, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la suba del desempleo llevaron a una creciente conflictividad social y sindical. Durante la presidencia de Alfonsín, la CGT realizó nueve paros generales y cuatro grandes manifestaciones, recuerda Recalde, para quien por aquellos años “el movimiento obrero se convirtió en una virtual oposición al gobierno, pero siempre defendiendo la institucionalidad, como en Semana Santa de 1987”. La economía iba a ser una piedra en el zapato del presidente. Los logros iniciales del Plan Austral se fueron diluyendo por la rigidez del programa, así que hacia fines de 1986 era evidente que se requería un service, por precios que habían empezado una lenta aceleración. El nuevo presidente del Banco Central, José Luis Machinea, intentó una política monetaria más restrictiva y las tasas de interés volvieron a subir.

En 1987, el gobierno lanzó un congelamiento de precios y salarios, combinado con una nueva devaluación, pero la puja distributiva seguía caliente. A mediados de 1988, la economía crujía, con recesión, inflación de 440 por ciento acumulada en un semestre, desocupación del 6,5 por ciento y subocupación en torno a 8,9.

El lanzamiento del Plan Primavera, en agosto de 1988, que preveía el desdoblamiento cambiario y buscaba la estabilidad de precios a través de un acuerdo consensuado desindexatorio con formadores de precios, fracasó en el intento. En febrero de 1989 se desató un proceso hiperinflacionario, que abrió las puertas a la entrega anticipada del poder a Carlos Menem en julio de ese año. Así, en 1989 se registró el récord de inflación en la Argentina, con 4.982 por ciento anual.